Abusos en el jardín: hablan acusador y acusados

Los imputados atribuyen todo a una interna política.

Redacción

Por Redacción

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SANTA ROSA (ACA).- “Tenemos elementos para pensar que son culpables”, asegura el fiscal general y procurador subrogante de 25 de Mayo, Jorge Amado, con respecto a los hechos de presunta corrupción de menores y abuso sexual agravado y gravemente ultrajante contra alumnos del Jardín 12 de esa ciudad. Él fue el encargado de formar el equipo de investigación del caso, encabezado por el fiscal Bautista Méndez, a quien acompañan el fiscal adjunto Máximo Pérez Flores y el personal de Atención a la Víctima. “El hecho en sí es de una gravedad institucional considerable, porque se da en un colegio donde los padres los llevan creyendo que los van cuidar y educar”, consideró. Y justificó la detención de los cuatro imputados en que la imputación, prevé “penas de mucha gravedad, lo que implica que podría haber peligro de fuga”.

Amado no desconoce el efecto dominó que produjo el caso. “Como habría sucedido en un colegio, primero denunciaron algunos padres y los demás –aunque no veían ningún rastro de aparente abuso– fueron agregando denuncias”, admitió, y aseguró que “está acreditado” que el docente Marcelo Tatavitto, quien trabajaba en la Coordinación de Educación, en el mismo edificio del jardín, “habría salido del lugar con los niños, sin tener autorización correspondiente”.

Por el hecho también siguen detenidas, con prisión domiciliaria, las maestras de nivel inicial María José Tello y Gabriela Bastías. Y el 10 de septiembre se sumó, con arresto domiciliario, Oscar López, el director del secundario “Armando Alfageme”, donde también trabajaba Tatavitto.

El defensor de los tres primeros, Omar Gebruers, asegura que “las cámaras Gesell están contaminadas” y que “dieron resultado negativo”, pero la abogada de la querella, Vanesa Ranoccia, sostiene que “hay pruebas contundentes que acreditan la culpabilidad de los sospechosos”. En ese contexto, Amado dijo no estar en condiciones de aseverar la culpabilidad de los imputados, pues “eso se va a determinar en un juicio”, pero recalcó que “hay elementos fuertes para pensar que ellos tienen alguna responsabilidad”.

Enumeró que en la chacra del docente se encontró “ropa de niños, elementos de connotación sexual y otros objetos que podría tener relación con los niños; e incluso hubo uno de los chicos que le indicó al padre cómo llegar”. Y señaló que aunque las pericias en las computadoras secuestradas “arrojaron datos negativos, también se encontraron otras cosas donde podría haber otras personas involucradas. Da la impresión que esto no sería sólo a nivel local”, dijo, refiriéndose a una posible “red de pedofilia”.

“La investigación avanza en una sola dirección porque es la única donde hay elementos de sospecha. (…) Hay una responsabilidad funcional de las profesoras y responsabilidad de participación de otras personas”, manifestó.

Hasta el momento se formalizaron 38 denuncias que según Ranoccia se avalan con “pruebas contundentes”. Sin embargo, Gebruers asegura que sus clientes “son víctimas de un entramado político urdido por el propio intendente David Bravo para desviar la atención de la población y arremeter contra el Estado (provincial); para eso usa la radio municipal y gente de sus filas que sale a agitar, así como pasó con el hospital, con la bebé quemada, con los cortes de ruta y demás”.

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