La fiscalía federal pidió perpetuas para los grupos de tarea en el juicio La Escuelita

“Ninguno de los delitos que se estén juzgando son más graves que los cometidos desde el Estado, en un Estado criminal, no había salida para estas personas”, dijo el fiscal Miguel Palazzani al momento de fundamentar las penas máximas que pidió para los acusados en el noveno juicio “La Escuelita” en Neuquén.

Con detalle, el equipo integrado por José Cendagorta, Gabriela Schumacher y David Maestre puntualizaron como cada una de los 17 casos por los que se hizo el juicio, estaban fichados o eran espiados desde hace años por su actividad estudiantil, gremial, disidencia o militancia política.

“Iban por distintos lugares del país haciendo lo mismo: localizar los blancos , formar grupos de tarea, organizar operativos, hacer funcionar La Escuelita y llevar a cabo los interrogatorios bajo tortura para liberar o hacer desaparecer” a las personas perseguidas políticamente, dijo Maestre.

La fiscalía pidió condenas perpetuas para los oficiales de inteligencia Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale y Hugo Renés. Se los responsabilizó por el homicidio de las desaparecidas Leticia Veraldi, Carmen Delard; también de José Luis Appel de la Cruz y de Juan Raúl Pichulmán.

También por las torturas de tras 14 personas. En el caso de Renés, por los tormentos que sufrió Juan Colobig un mes en junio de 1978 en el sótano de la delegación de la policía federal y los que sufrió luego más de cuatro años y medio en tres cárceles de la dictadura.

Por el caso de la víctima de Roca, Juan Molinez, que fue torturado durante varios días en centros clandestinos de Junín y San Martín de los Andes por Gendarmería porque se le encontró textos religiosos prohibidos y las mujeres y hombres perseguidos en Bariloche y San Martín de los Andes por condición de gremialistas o peronistas, la fiscalía pidió 25 años para Emilio Jorge Sachitella y 21 para Miguel Cil, de la fuerza de Gendarmería.

“Todos estos hechos no podrían haber sido posibles sin su aporte”, recodó Maestre.

Para el policía de Río Negro, Miguel Angel Ferrari y el militar Carlos Carretto (interventor también en Catriel en 1976), el equipo fiscal pidió 6 años de prisión por el interrogatorio en la comisaría de Catriel y las medidas coercitivas padecidas con posterioridad.

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El daño de generación en generación: piden medidas reparatorias para las infancias

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El equipo acusador le pidió a los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián medidas reparatorias: que se diga en la sentencia que Carlos Magariños fue asesinado tras el secuestro, aunque no haya culpables por el homicidio debido a que Oscar Reinhold falleció durante el proceso.

Y se puntualizó que se fije alguna medida por la transgeneracionalidad del daño ocasionado en las infancias por las desapariciones y tormentos que vivieron de sus padres (o presenciar las torturas y abusos a sus padres, como se escuchó en este juicio), incluido el exilio forzado.

Maestre reforzó que fue parte de lo que estaba planificado como plan sistemático, del daño que se preveía provocar.

“Esto es como una cinta, que va para atrás hasta cuando tenía diez, hoy tomé consciencia del daño en las infancias. Siempre viví el secuestro y desaparición de mi papá, como algo del mundo adulto; pero fue un espanto, sigue estando en mi retina cuando mis compañeros en la escuela me decían Mónica, se están llevando a tu papá y yo corrí hasta el paredón”, dijo la hija de Carlos Pérez quien agregó que «en casa quedó el birrete de la persona que se lo llevó».

Las medidas reparadoras las pidió para la hija del matrimonio Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz, Victoria Appel que vive en el exilio que lograron sus abuelos, tías y tíos; para Mariana Méndez y Sabino Magariños, para Carlos Pichulmán, para Paz y María Sol Colobig.

«El objetivo es que se reconozca una realidad que quedó postergada, que se visibilice que las infancias fueron victimas directas y no daño colateral del secuestro de sus padres o familiares. Que lo diga una sentencia, empieza a romper un poco esa invisibilización que sufrieron» explicó Palazzani.

Mónica Pérez, que estaba en la audiencia, explicó que su padre murió en San Martín hace 7 años, antes de que se iniciara este juicio.

«Esto es justo y valedero, esto, como honrar su vida», dijo y agregó: «cada vez que pasábamos por Zapala, íbamos al baño donde les dieron esos tiros y toda la vida lo acompañé en esa plaza de San Martín de los Andes los 24 de marzo donde le decían el loco del pueblo. El estaba feliz con este proceso, estaba feliz con lo que iba a suceder; con esto (por el juicio) en mi mundo adulto se acomoda esa niña sufriente que le llevaba comida a la Gendarmería donde estaba; en un pueblo tan chico, había desaparecido y no sabíamos dónde estaba. El dio todo su testimonio antes de fallecer, vine por él y ahora me doy cuenta que también vine por mi: ver escrito sus fechas de entradas, la hora, quién fue, las firmas en los documentos…la verdad ya lo sabía, pero estoy perdida ahora en esa niña y en esta adulta», dijo Mónica Pérez.

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Comenzó el alegato defensista

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Los defensores oficiales Pablo Repetto, Lucas Oller y Federico Ferro comenzaron con el alegato en defensa de los ocho acusados por delitos de lesa humanidad.

Continuarán el 10 y el 11 de agosto, en audiencias que se programaron a partir de las 9,30 en el salón de AMUC. En el inicio, solicitaron la absolución de los dos acusados que llegaron procesados al juicio por la privación ilegal de la libertad y el interrogatorio bajo amenaza de Luis Mendoza, en la comisaría de Catriel.

Pidieron la absolución de Miguel Ángel Ferrari y de Carlos Carretto, quien luego fue interventor municipal o intendente designado por los militares en esa localidad rionegrina en 1976. Hubo planteos de prescripción de la causa y hasta se argumentó que la víctima pudo haber confundido a Carretto con otra persona que le apuntaba un arma mientras lo interrogaban en la comisaría de la localidad.