Acusaciones irresponsables
Desde que los intelectuales oficialistas de Carta Abierta inventaron el neologismo “destituyente” han sido numerosas las acusaciones lanzadas desde el gobierno contra los “enemigos del pueblo”. Dentro de esa calificación han entrado los productores del campo; los medios de comunicación independientes; los jueces y en los últimos días, para que ningún sector relevante del capitalismo quedase afuera, los empresarios y comerciantes; los bancos y todos los exportadores e importadores. Es un clásico del populismo atribuir los errores y fracasos de la propia gestión a la acción de actores malintencionados pero, de tanto repetirlo, el argumento ha quedado totalmente deshilachado. Hace algún tiempo que el gobierno viene actuado bajo los efectos de lo que el politólogo y psiquiatra Luigi Zoja describe como “síndrome de acorralamiento”, situación que se produce cuando un gobierno paranoico tiene la convicción de ser víctima de un complot. En este estado de sospecha permanente, la presencia de enemigos y su número tienden a crecer de manera desproporcionada. Como señala Zoja, “la desconfianza no es necesariamente infundada, pero resulta excesiva y distorsionada”. Recientemente el jefe de Gabinete culpó a los “empresarios y comerciantes” por la suba de precios, acusándolos de “inescrupulosos desestabilizadores”. También denunció que hay “ataques especulativos” contra la Argentina para quedarse con el petróleo y el agua. Por su parte la presidenta Cristina Fernández denunció presiones especulativas sobe los tipos de cambio, dado que “algunos quieren hacernos comer otra vez sopa, pero, además, con tenedor”. En su opinión, “los bancos habrían participado en este movimiento con la complicidad de grupos económicos, exportadores e importadores, entre otros”. Ayer lunes Jorge Capitanich acusó a la empresa Shell de “conspirar y atentar contra los intereses del país” simplemente porque en un mercado competitivo decidió subir el precio de venta de las naftas. Resulta tentador para un gobierno que se ha quedado sin libreto –al haber fracasado estruendosamente las estrategias macroeconómicas implementadas– responsabilizar a terceros de sus errores. El problema consiste en que esta negación dificulta enormemente el cambio de estrategias y el resultado práctico es una persistencia suicida en el error. La sensación que se percibe desde afuera es la de un gobierno autista, obstinado en seguir aferrado a las mismas ideas que lo llevaron al fracaso. Dado que nuestro rígido sistema presidencial –a diferencia del parlamentario– no ofrece mayores posibilidades de forzar el cambio de un Ejecutivo que conserva la legitimidad de origen pero ha perdido la de ejercicio, la propia inercia de los acontecimientos lleva indefectiblemente a un agravamiento de la crisis. Frente a esta realidad, son pocas las alternativas que se ofrecen, salvo esperar que llegue el incendio, para que sean los propios diputados del bloque oficialista los que impulsen el juicio político que permita el reemplazo del Ejecutivo. Sería una solución extrema ante una situación extrema, pero es la única que contempla nuestro sistema institucional. Una alternativa menos traumática, que podría ensayarse como último recurso para evitar tener que esperar el estallido, sería la convocatoria por los partidos de la oposición –incluyendo todas las fracciones peronistas no kirchneristas– a una suerte de consenso alrededor de las medidas macroeconómicas necesarias para salir de la crisis. Con el aval de todos los partidos se debería conformar una mesa de trabajo integrada por los economistas más prestigiosos de la Argentina para diseñar una estrategia macroeconómica de superación de la actual situación. Se trataría de repetir la experiencia de los subsecretarios de Energía que hicieron un buen diagnóstico sobre la inminencia de la crisis energética al tiempo que ofrecieron un ramillete de medidas operativas. Imaginemos una mesa en la que se sienten economistas como Mario Blejer en representación del sciolismo; Roberto Lavagna y Martín Redrado, por Massa; Federico Sturzenegger y Rogelio Frigerio, por Mauricio Macri; José María Fanelli y Javier González Fraga por los radicales y Martín Losteau y Alfonso Prat Gay en representación del Frente Amplio de Hermes Binner. Siendo generosos, también podrían ser invitadas figuras ligadas al kirchnerismo como Aldo Ferrer, quien acaba de hacer declaraciones bastante sensatas. Naturalmente, no se trataría de forzar acuerdos amplios entre fuerzas políticamente disímiles, sino simplemente de acordar una estrategia de salida de la crisis con el objetivo de conseguir la estabilidad de las variables macroeconómicas. Esta experiencia podría servir luego de embrión para formalizar la propuesta de Luis Rappoport de conformar un consejo de asesores económicos del presidente. Siguiendo la estela de Estados Unidos, sería deseable que en el futuro, el presidente de la Argentina tuviera un equipo de expertos independientes que lo asesore y alerte sobre las consecuencias que se derivan de la aplicación de determinadas políticas. Sería también un modo de neutralizar la tradicional tentación populista a la que es tan afecta nuestra dirigencia política. No es seguro que la presidenta tome en cuenta la propuesta que podría salir de esta convergencia interpartidaria, pero sería un plan alternativo que tendría enorme peso simbólico y que podría ir horadando el “pacto del Titanic” que tiene atenazado al peronismo más oportunista que ha venido prestando sostén al gobierno. Las declaraciones del gobernador de Misiones, Maurice Closs, instando a la realización de una convocatoria multisectorial para superar la compleja situación económica actual y evitar terminar como Alfonsín o la crisis del 2001 es altamente significativa. Hasta ahora, el discurso populista que ha dominado esta década estimula la pelea permanente bajo la falsa premisa que la política es, por esencia, confrontación. Es falsa porque olvida que el nacimiento de la democracia moderna se basa en un consenso básico, el cual ha dado lugar al surgimiento del pacto constitucional. El debate, la confrontación de ideas, la existencia de partidos políticos que compiten son consustanciales a la democracia. Pero paralelamente, y sin que esto signifique una contradicción, la política debe reservar también un espacio para esos consensos transversales que definen políticas de Estado en cuestiones estratégicas, como la macroeconomía, la energía o la educación. No hace falta esperar que se desate una catástrofe para recién buscar alcanzarlos.
ALEARDO F. LARÍA (*) aleardolaria@rionegro.com.ar
