Amenazas de bomba en Bariloche: suman 31 y hubo un nuevo allanamiento
El delito que se investiga es por intimidación pública y tiene penas de 2 a 6 años de prisión. Hoy se secuestró un celular desde el cual habrían realizado llamadas telefónicas intimidantes.
Las amenazas de bombas en colegios de Bariloche suman 31. Foto: archivo
Las amenazas de bombas en escuelas de Bariloche sumaron ayer los 31 casos y hoy la fiscalía encabezó un nuevo allanamiento en el que se secuestró un teléfono celular con el que presuntamente efectuaron una de las últimas llamadas telefónicas.
Ayer cuando el municipio dio a conocer que se evaluaba, con el Ministerio de Educación, la posibilidad que se restrinja el ingreso de celulares a las escuelas y otras medidas a adoptar, se registró una nueva llamada telefónica que alertaba la supuesta instalación de un artefacto en el colegio Ángel Gallardo, el secundario de la costanera de la ciudad.
En total desde mayo suman 31 amenazas de bombas en establecimientos educativos de Bariloche, según contabilizó el municipio que estimó un gasto de 1,5 millones de pesos por operativo.
Las causas por intimidación pública están a cargo de la Unidad Fiscal Temática 3 que instrumentó allanamientos y la semana pasada dio a conocer que se identificó a un adolescente de 15 años como presunto responsable de algunas llamadas.
Ahora el fiscal adjunto César Lanfranchi encabezó esta mañana, a las 6:20, un nuevo allanamiento en el barrio Mutisias, en una vivienda de una persona mayor de edad que se sospecha autora de algunas llamadas. Allí se secuestró un celular que será peritado por la oficina de informática.
En esta área se trabaja en la identificación de los números telefónicos, realizan entrecruzamientos de llamadas, analizan patrones e inician consultas formales con las empresas de telefonía para poder verificar el lugar desde el cual provino la comunicación. Según el Ministerio Público, a partir de recabar esa información se procede a la identificación de la persona que realizó el llamado.
Los fiscales esta semana se reunieron con funcionarios municipales que impulsaron las denuncias, autoridades del colegio Ángel Gallardo, donde se realizaron la mayoría de las amenazas de bomba, y referentes de Unter.
El Ministerio Público Fiscal indicó que las amenazas de bomba constituyen el delito de intimidación pública que tiene previsto una pena de 2 a 6 años de prisión.
Comentarios