Amenazas de bomba: evalúan que los estudiantes concurran a la escuela sin celulares

Ya suman 30 los llamados por falsas amenazas en colegios de Bariloche. Los operativos demandaron alrededor de 1,5 millones de pesos.



Uno de los operativos en un colegio céntrico. Foto: archivo

Uno de los operativos en un colegio céntrico. Foto: archivo

Desde mayo al día de hoy, los 30 llamados por falsas amenazas de bomba en establecimientos educativos de Bariloche demandaron alrededor de 1,5 millones de pesos.

La subsecretaria de Protección Civil Patricia Díaz y la asesora letrada del municipio Natacha Vázquez se reunieron ayer con los fiscales Guillermo Lista, César Lanfranchi y Martín Lozada por la investigación ante las reiteradas amenazas de bomba.

Uno de los puntos claves que se analizan es el protocolo de ingreso de llamadas al 911 (la línea en la que se realizaron la totalidad de los llamados de amenaza) y las posibles medidas que podrían tomarse para detectar las amenazas falsas.

También se evaluó trabajar junto al Ministerio de Educación de Río Negro para evaluar la posibilidad de que los alumnos no puedan ingresar con teléfonos celulares a las escuelas.

“Lo que buscamos es trabajar en conjunto, aportando documentación útil, y ponernos a disposición para tratar de encontrar a los responsables y mejorar los protocolos en este tipo de casos”, sintetizó Vázquez.

La última amenaza de bomba se registró ayer por la tarde y ya llegan a 30 casos registrados en lo que va del año. Desde mayo, el municipio ya formuló tres denuncias penales que se suman a las causas iniciadas tras las distintas amenazas.

El costo de cada operativo que involucra a Protección Civil, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Río Negro, la Justicia Federal, Bomberos Voluntarios, el Hospital Zonal y Camuzzi Gas del Sur está estimado en 50.000 pesos.

En la última denuncia penal presentada por el municipio por el delito de “intimidación pública” que estipula penas de entre 2 y 6 años de prisión, el municipio presentó elementos de prueba que incluyen audios de recepción de llamadas al 911, la individualización de las líneas telefónicas involucradas y sus propietarios, además de la información recibida por otras vías sobre la identidad de algunos de los responsables y las copias de los libros de guardia de Protección Civil y los comandos de emergencia detallando cada operativo.


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