Analizan ampliar las concesiones de las represas

Nación estudia los contratos que se privatizaron en el menemismo y vencen entre 2023 y 2025. El Chocón, Alicurá, Pichi Picún Luefú y Piedra del Águila están en la primera lista.





Mientras se extienda la crisis macroeconómica, el gobierno nacional no tendrá buenas noticias para darle al sector energético, sumido en un cuadro de congelamientos de precios y tarifas y con incertidumbre sobre el plan para el desarrollo sectorial.


Es así que los cuadros técnicos, tanto del Estado como de los privados, analizan un esquema de compensaciones para alivianar la caída de los ingresos de las empresas.


En el sector eléctrico, el gobierno bajará las remuneraciones a las centrales termoeléctricas y las represas hidroeléctricas que operan en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) sin contrato con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

En números

21
son las concesiones que el gobierno nacional otorgó a privados.
En 1993
la presidencia de Carlos Menem inició el período de privatización de las represas.


El recorte a las centrales hidroeléctricas llegaría a un 45% retroactivo al 1 de febrero, que se suman al 15 por ciento que ya ajustó la administración de Mauricio Macri en marzo de 2019.


Las empresas afectadas, entre las que se encuentran Pampa Energía, Central Puerto, Enel y AES, ya piensan en negociar con el gobierno una extensión de las concesiones de sus complejos hidráulicos, que vencen entre 2023 y 2025.


Por el momento, las conversaciones sobre el tema no se iniciaron, ya que se trata de un potencial conflicto a mediano plazo y las urgencias ganan la agenda.


Pero tanto, las compañías privadas como los funcionarios técnicos del gobierno consultados por Energía On coinciden en que en algún momento, tarde o temprano, deberán poner el asunto sobre la mesa.
Las concesiones de las represas hidroeléctricas fueron otorgadas por un plazo de 30 años durante las privatizaciones que hizo el expresidente Carlos Menem en la década de 1990.


Es así como la negociación caerá en la actual administración, ya que las primeras vencerán al final de este mandato de Alberto Fernández.
Si el diálogo -para el que todavía falta un largo rato- no llegara a buen puerto, las represas deben volver a manos del Estado Nacional y ser relicitadas.

En números

95
represas tiene Argentina en todo su territorio. Hay 31 que son fiscalizadas por el Estado Nacional.
10
de las 31 represas que fiscaliza el Estado están en la Patagonia.


La mayor parte de esas centrales fueron construidas en la década de 1970 con dinero de la Nación.


Las centrales en cuestión son Alicurá (1000 MW de potencia instalada, de la multinacional estadounidense AES), el complejo El Chocón (1200 MW en El Chocón y 120 MW en Arroyito, ambos de la italiana Enel), el complejo Cerros Colorados (de la estadounidense Orazul Energy; Planicie Banderita tiene 450 MW), Piedra del Águila (1400 MW, de la Sociedad Argentina de Energía Sadesa Central Puerto) y Pichi Picún Leufú (261 MW, de Pampa Energía) en la Región Comahue.


Tal como reseñó ENERGÍA ON, el 1 de noviembre de 2019, la Argentina tiene 95 represas en todo su territorio. Hay 31 presas fiscalizadas por el Estado Nacional (algunas de ellas no generan energía sino que compensan caudales y alivian la actividad de las que sí producen) y 10 de ellas están en la Patagonia.

La represa de Piedra del Águila, de la Sociedad Argentina de Energía Sadesa Central Puerto.

En total, son 21 represas concesionadas por el Estado a privados. Además de las mencionadas en Comahue, en Chubut están dos centrales hidroeléctricas como Futaleufú (472 MW sobre el Río Grande o Futaleufú, que continúa su curso desde Chile) y Florentino Ameghino (60 MW sobre el Río Chubut).


La primera es propiedad en la parte mayoritaria de Aluar (firma dedicada al aluminio, pero con negocios en energía; es el mayor usuario privado de electricidad en el país) y el Estado provincial, que a su vez comparte propiedad con Hidroeléctrica del Sur en la otra planta.


En Mendoza, la privatización de la Hidroeléctrica Diamante Sociedad Anónima quedó ahora en manos de Pampa Energía, que tiene sobre el Río Diamante en Mendoza tres represas: Los Reyunos (224 MW), Agua del Toro (150 MW), El Tigre (14 MW), que suman un total de 388 MW.


En cambio, sobre el Río Atuel la empresa de Marcelo Mindlin tiene el complejo Los Nihuieles con Nihuil 2 (110 MW), Nihuil 1 (72 MW) y Nihuil 3 (42 MW), lo que acumulan 224 MW.

En números

45%
es el recorte que podrían sufrir la centrales hidroeléctricas que operan en el SADI sin contrato con Cammesa.
13%
fue el recorte que definió el expresidente Mauricio Macri en marzo de 2019.


En tanto, en el norte del país, la central Cabra Corral, en el departamento de La Viña, Salta, es de AES Argentina y tiene una potencia de 100,5 MW, mientras que El Tunal, en la misma provincia y de la misma empresa, tiene 10,6 MW.


En Tucumán y Santiago del Estero operan Hidroeléctrica Tucumán y la subsidiaria Hidroeléctrica Río Hondo, que son propiedad de Holdec Inversora, cuyo presidente es José Darío Clebañer, procesado en la causa de los “Cuadernos de las Coimas” y hermano de Raúl Héctor, que se suicidó en 2011 en Corrientes mientras estaba siendo investigado por la Justicia.


Escaba, Pueblo Viejo y Cadillal, en Tucumán, suman 51,6 MW (24, 15 y 12,6 MW, respectivamente). La semana pasada, por las intensas tormentas, se abrió el dique El Cadillal para evitar crecidas e inundaciones en la zona.
A su vez, en Santiago del Estero están Río Hondo (15 MW) y Los Quiroga (2MW). Ahí se terminan las concesiones que el Estado cedió a los privados.

Los contratos, por ahora a salvo

Pampa Energía opera la hidroeléctrica de Pichi Picún Leufú.

Desde que el Frente de Todos fue electo, creció entre los privados el temor de que se rompieran los contratos. Hasta ahora, las pocas señales que dio el gobierno van en la dirección contraria.

Al tocar las centrales eléctricas sin contrato, con remuneración prevista en Resolución 1/2019, el Estado logrará un ahorro relativamente menor, cercano a los US$ 350 millones, pero se mantendrá a salvo de enfrentar juicios por hacer trizas los papeles firmados.


La lógica de extender concesiones para compensar pérdidas en otros aspectos ya fue debatida en los equipos técnicos de la Unidad del Partido Justicialista (PJ) y ronda en la cabeza de las autoridades energéticas, pero es una batalla que no tiene sentido desatar ahora.


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