Analizan descongelar las naftas luego de las elecciones

Es ante la ampliación de la brecha entre el precio doméstico y el internacional que llevó el atraso de los surtidores hasta un 20%. Las subas serían escalonadas. Los combustibles están congelados desde hace casi cinco meses.





Cuando en mayo de este año la conducción de YPF anunció que el precio de los combustibles se mantendrían congelados hasta fin de año, el barril de Brent, el petróleo de referencia para la Argentina, cotizaba a 68 dólares. Hoy ese commodity está a 85 dólares en una carrera alcista y junto a la inflación doméstica, el aumento de los biocombustibles y la depreciación del peso, meten presión a los surtidores. Es por esto que desde el gobierno se habría dado el visto bueno para que luego de las elecciones del mes que viene se ponga fin al congelamiento de los combustibles.

Fuentes al tanto de las gestiones contaron a Energía On que la pelea por el precio del petróleo dentro del país es una papa caliente: desde las productoras puras, aquellas que solo extraen petróleo, se reclama un mejor precio acorde a la disparada del valor internacional.

Desde las refinerías privadas se comprende el pedido, pero se mira con atención la definición que desde YPF se adopte, ya que la petrolera de mayoría estatal es la que marca el rumbo del sector al tener más del 55% del mercado doméstico de combustibles.

La papa caliente de un congelamiento adoptado al calor electoral, y no en función del contexto tanto nacional como internacional, llevó al gobierno a tener que analizar en estos días la habilitación de la importación del gasoil de tipo premium sin aplicar impuestos, dado que de lo contrario las empresas deberían vender este producto que quiere la importación ante la insuficiente producción nacional, a un precio más bajo que el de importación.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, esta serie de reclamos habrían sido la clave para que se analice seriamente el descongelamiento de los precios del surtidor luego de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre.

Si bien desde el gobierno no reconocieron oficialmente la definición, se supo que habría consenso para que desde YPF se avance luego de las elecciones en la aplicación de un «sendero de recomposición», es decir una serie de subas, posiblemente mensuales y con incrementos de reducido impacto, con las que se buscará reducir la brecha generada por el congelamiento.

Si bien hay variaciones en tipo de combustibles, se estima que actualmente el precio de los combustibles tiene un atraso de hasta el 20% en referencia no solo al mercado externo o import parity, pero también a raíz de factores propios de Argentina como son la inflación y la disparada del dólar y las subas en los biocombustibles, que licúan los ingresos de las empresas que desde hace casi cinco meses venden en pesos y a un valor congelados sus productos.

Uno de los análisis que se hacen para apoyar este sendero de recomposición es el potencial daño que la extensión del congelamiento podría generar a la industria productora de petróleo del país, donde gran parte de las empresas son internacionales.

«En la práctica es difícil convencer al directorio de una empresa internacional de invertir en un país como Argentina en donde el precio de los combustibles y del petróleo está congelado, y por ende van a tener percibiendo 20 dólares menor por cada barril que produzcan», señaló una de las fuentes consultadas.

Es que desde el congelamiento de los surtidores de mayo, las empresas productoras han percibido entre 54 y 57 dólares por sus barriles -según la calidad de su petróleo- mientras que si optaran por exportar esa producción por ejemplo, podrían obtener más de 75 dólares.

En la recta final de las elecciones legislativas, en las que hay pocas esperanzas de que el oficialismo pueda revertir la tendencia de las PASO, el incremento en el precio de los combustibles aparece como un arma de doble filo, ya que una suba al valor internacional beneficiaría a las empresas pero dispararía aún más la ya alta inflación nacional.

La resolución final no está adoptada, y si bien se indicó que «no hay números cerrados», por ley la determinación del precio de los combustibles no es regulada por el gobierno, pero sí por la petrolera de mayoría estatal que desde hace tiempo utiliza su posición de fuerza para fijar los precios que hasta mayo subieron un 26%.


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