Escenario de tensión

La política implica debate. Incluso fuerte controversia. Es el terreno en el que juegan su suerte todo plan y su antítesis. El conflicto es el germen de la acción que transforma la realidad. Quien está en la política sabe esto. No hay en esa actividad ingenuos. Es la regla. Sin embargo, el escenario local resulta singular por dos razones: • El Estado rionegrino se ha convertido en un campo de batalla política. Organismos, funcionarios, proyectos y destinos personales están sometidos a revanchas o a súbitas empatías. Hay combate –no simple controversia–, con días de enfrentamientos de bajo impacto y días de munición verbal gruesa. • El rumbo de esa batalla no parece predeterminado por posiciones ideológicas, sino que se define día a día sobre la base de disputas personales, viejos y nuevos rencores, sordas pujas de poder. ¿Podía alguien suponer, hace un tiempo, los alineamientos que hoy se consolidan? Sin duda, no. La sorpresa sobre cómo se ha llegado a este punto sólo cede ante el desconcierto por lo que vendrá. En Río Negro, la batalla política determina medidas de gobierno, orienta y define la integración de equipos y es motor esencial del esquema de alianzas. Weretilneck se abroquela y defiende, frente a una porción del oficialismo que lo enfrenta con saña. La oposición le tiende una mano y le retira otra. La batalla interna del Frente para la Victoria está en el centro de la escena política. Justo en el lugar que debieran ocupar el interés público y del Estado. Así, todos pierden. Por la batalla, se banalizó el debate para elevar a cinco el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia provincial, sin que nadie acertara en argumentar por qué, en busca de qué objetivo jurídico o ciudadano, se impulsó tal medida. La calidad del servicio de justicia depende, en gran medida, de la agilidad, capacidad humana y recursos técnicos que posean los organismos que ocupan la “vía de acceso” al sistema: juzgados, fiscalías, defensorías e incluso cámaras. Tener tres o cinco jueces en el STJ no modifica el tiempo de resolución de las causas. Y con dos jueces recién elegidos en el organismo, no es posible suponer la necesidad de renovar visiones anquilosadas. Tampoco resulta técnicamente sustentable el objetivo de que en el alto tribunal haya un magistrado de cada circunscripción. Un fallo judicial no se dicta por representación territorial. Igualmente fútil es el argumento esgrimido por el gobernador respecto de que la ampliación sumaría “independencia, porque no es lo mismo una sentencia firmada por tres que por cinco jueces”. Si hubiera prosperado su iniciativa el STJ de cinco miembros se hubiera divido en dos salas –en función de la competencia– de dos jueces cada una y que el presidente hubiera completado una y otra. Como hoy, serían posibles fallos con el voto de tres jueces, o con el de dos y la abstención o disidencia de un tercero. Pero nunca uno firmado por cinco. En realidad, lo único que explica el proyecto, el apuro de Weretilneck y su traspié en la Legislatura es la intención de ampliar su base política sellando acuerdos con la dirigencia de Cipolletti y sumando a un nuevo aliado o aliada. La incorporación de al menos una mujer en cualquier tribunal resulta sumamente importante para que sea reflejo de la natural diversidad existente en la sociedad. Pero no es necesario para eso ampliar el STJ. Basta pensar –para cubrir la vacante que dejará Víctor Sodero Nievas– en una terna de juristas destacadas y que cumplan con los requisitos de aptitud y residencia que exige la Constitución. El proceso que desembocó el viernes en el fracaso de la iniciativa de Weretilneck tiene varias raíces. Una principal es la evidente crisis presupuestaria que atraviesa el Poder Judicial que –por privilegiar el “enganche” salarial de sus magistrados con los de la Justicia nacional– descuidó en los últimos años la distribución armónica de sus recursos. En las cuatro circunscripciones hay más de 40 vacantes sin cubrir –entre jueces, camaristas, fiscales, defensores y secretarios–. Y, por acordada, el STJ postergó la implementación de varios organismos creados por ley, por carecer del dinero necesario para salarios y gastos de mobiliario y funcionamiento. Un cálculo somero del costo que implicaría cada nuevo juez del STJ –en salario, secretaria, viáticos y otras partidas adicionales– permite estimarlo en un millón de pesos al mes. Cifra nada despreciable en un Poder Judicial que recibe cada año menos dinero que el que presupuesta. Otro de los lados flacos de la iniciativa de Weretilneck es su notoria indiferencia por consultar a los jueces del STJ o al Consejo de la Magistratura. En estos momentos, la prioridad manifiesta del Poder Judicial es completar los concursos, que enfrentan plazos imprevisibles por la complejidad del sistema de selección previsto por la ley. Prueba de la falibilidad de ese procedimiento fue la situación planteada en Bariloche, cuando un concurso estuvo a punto de ser anulado. Otra prioridad expresada por los jueces del STJ con premura es la necesidad de que el Poder Ejecutivo ponga urgente remedio a la crítica situación de las cárceles de la provincia. Los establecimientos tienen tantas fallas y carencias que constituyen una gravísima violación a la dignidad y los derechos de las personas privadas de su libertad. Desde el punto de vista político, la semana deja a Weretilneck con su orgullo herido y en la necesidad de revisar estrategias. Si para consolidar su mando tomó distancia de Miguel Pichetto –quien fue su protector en los inicios de su gobierno–, se enfrenta hoy a la evidencia de que ese camino lo llevó a perder tal vez más de lo que ganó. En la Legislatura no cuenta con la mayoría especial que erró en considerar “automática”. Pero sus 18 legisladores propios no le garantizan siquiera la aprobación de leyes comunes. Si hasta ahora se tomó de la mano del radicalismo, éste mostró ahora su primera fractura expuesta: la intervención de Miguel Saiz excluyó a tres diputados de la estrategia fijada por Bautista Mendioroz. Y también el viedmense terminó la semana con un poder disminuido. En definitiva, el gobernador se verá compelido ahora a explorar otros mecanismos de acción política que superen la etapa en la que llegó a expulsar, dividir y humillar a varios de quienes lo rodeaban. El gabinete que ha resultado del recambio refresca su gestión. Es heterogéneo y podría tener ciertas dificultades de cohesión. En la Legislatura no le han quedado en su bloque dirigentes capaces de liderar procesos parlamentarios complejos. Para remediar tales falencias, tiene a la vista dos opciones: aliviar la tensión con el pichettismo o profundizar su lazo con el mendiorismo. Los costos políticos de una y otra alternativa serán menores a los que implica su posición actual, que lo muestra ejerciendo una autoridad cerrada y falta del diálogo horizontal que lo preserve de tropiezos y equivocaciones.

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar