Avanza la denuncia de Quiroga contra Jure y sindicalistas

Luego de que se condenara al dirigente del sindicato municipal, Santiago Baudino, el municipio avanza contra la diputada electa y los gremialistas a los que acusa de amenazas y agresiones.

Este viernes se realizará la audiencia en la que la fiscal Valeria Panozzo acusará a la diputada electa del FIT, Patricia Jure, a Carlos González Parra, Marisol Vázquez e Hilda Salazar de «amenazas simples, perturbación del ejercicio de funciones públicas e impedimento de un acto funcional» por los disturbios que obligaron a suspender la sesión del Concejo Deliberante en la que se debatiría el incremento de los aportes de la caja jubilatoria municipal.

El abogado de la municipalidad, Javier Pino, explicó que realizaron la denuncia penal el 9 de octubre del año pasado, un día antes de que finalmente se sancionara la norma cuestionada por los trabajadores e impulsada por el oficialismo con el objetivo de cubrir el déficit de la caja previsonal.

El municipio cuenta con el antecedente positivo a su favor de la condena por cortar una calle contra el dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune), Santiago Baudino. Sin embargo, en ese caso la fiscalía no continuó con la acción penal, por lo que en esta oportunidad se le «pidió respetuosamente a la fiscal que decida si es delito», explicó Pino.

La denuncia que impulsó el intendente Horacio Quiroga está teñida del contexto político porque se acusó a la por entonces concejala Jure de «querer conseguir con violencia lo que no pueden obtener con los votos». Además se volverá a acusar a sindicalistas porque González Parra y Vázquez pertenecen a Sitramune mientras que Salazar es integrante de ATE.

Tanto Pino como Jure coincidieron en un punto: que el objetivo del intendente es que haya un castigo emblemático. El abogado aseguró que tratan de evitar que nuevas protestas puedan interrumpir la vida institucional de las organizaciones democráticas, como el Deliberante o la Legislatura.

Pero para la diputada electa “el accionar de la fiscalía representa un salto en la criminalización de la protesta. Es que, si esto avanza, el concepto de “impedir a un funcionario público cumplir un acto de sus funciones puede ser utilizado contra cualquier reclamo popular. Quiroga busca dar un fuerte escarmiento y diciplinamiento a los trabajadores que luchan por sus derechos o están dispuestos a defender sus conquistas”.

El mencionado conflicto ocurrió el 27 de septiembre del año pasado, cuando se votaría el proyecto del oficialismo de aumentar de los aportes de los trabajadores a la caja jubilatoria, que ya había sido rechazado por la oposición. Esa mañana el Concejo fue vallado, se impidió el ingreso de público al recinto y se montó un operativo policial.

Cuando los trabajadores llegaron al Deliberante y encontraron este escenario, comenzaron a protestar y la situación se tensó, hasta que algunos de los manifestantes lograron pasar la barrera e ingresar al recinto. En este contexto se pudo ver a Jure hablando con los manifestantes. Según la acusación del municipio, los arengó y permitió que traspasaran las vallas, luego Gonzalez Palma intentó golpear al concejal Guillermo Monzani, pero Jorgelina González se interpuso para impedirlo y en ese momento también entraron Vázquez y Salazar.

Fuera del edificio, la policía reprimió y varias personas fueron heridas, entre ellas una fotógrafa de «Río Negro» que sufrió dos perdigonazos. Finalmente los manifestantes se dirigieron hasta el municipio donde arrojaron piedras a los vidrios y quemaron contenedores.

Actualmente, la caja previsional municipal se encuentra declarada en emergencia con un déficit de 116 millones de pesos al 2018.


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