Bariloche quiere recuperar el estacionamiento del puerto, pero el contratista resiste y reclama por obras

Desde el municipio, plantearon que el contrato con la firma Powerlink SRL por la explotación de los playones “está vencido” y que su titular ya fue intimado para restituir el bien. Dijeron que hasta ahora solo se encontraron con negativas “y con un reclamo abultadísimo en dólares”.





Los enormes playones del puerto San Carlos que podrían descomprimir la falta de lugares de estacionamiento en el radio céntrico permanecen cerrados desde hace más de un año y el municipio estudia la fórmula menos costosa para recuperar ese espacio, sin entrar en litigio con el contratista.

La secretaria legal y técnica del municipio, Mercedes Lasmartres, dijo hoy que el contrato con la firma Powerlink SRL por la explotación de los playones “está vencido” y que su titular ya fue intimado más de una vez para que restituya el bien. Sostuvo que hasta ahora solo se encontraron con negativas “y con un reclamo abultadísimo en dólares por obras ejecutadas, que a juicio de la empresa deben ser compensadas por el municipio”.

El diferendo mantiene bloqueado el uso de esos espacios, cuando la ciudad tiene cada vez más problemas de estacionamiento en el microcentro por el incremento del tránsito y por obras como el colector costanero.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Martín Trebino, admitió que las barreras bajas en el estacionamiento del puerto “son un verdadero problema”. Dijo que durante la pandemia también permaneció cerrado pero no era tan grave. Hoy, en cambio, esos playones ubicados entre la avenida Rosas y el lago Nahuel Huapi resultan indispensables para ordenar el tránsito y garantizar más lugares de estacionamiento.

Trebino reconoció que todo se trabó por un conflicto con el concesionario y espera que se resuelva pronto. “Son 280 boxes y necesitamos que queden liberados”, aseguró. Esa cantidad es el equivalente a 10 cuadras con disponibilidad para colocar vehículos en ambas veredas o 20 cuadras de un solo lado.

Lasmartres dijo que Powerlink reclama que el municipio le pague 600 mil dólares por las obras de infraestructura en la playa y el entorno del puerto.

El contrato original por la playa, firmado en abril de 2017, le concedía al privado la explotación del estacionamiento a un precio por hora equivalente al estacionamiento medido municipal. En aquel momento la entonces concejal Ana Marks había señalado que se trataba de “un negocio millonario sin beneficio para el Estado”.

El acuerdo ahora en crisis fue suscripto por la empresa con el actual intendente Gustavo Gennuso. Pero desde el gobierno anterior (del Frente para la Victoria) la misma firma tiene desde la concesión del subsuelo del edificio principal del puerto, donde montó una sala de espectáculos.

La abogada del municipio dijo que “las dos concesiones están categóricamente vencidas” y Powerlink demora la restitución de los inmuebles. El municipio está urgido por darle un cierre al tema. Hoy Lasmartres evaluó el tema con Gennuso y habría un desenlace en las próximas horas.

Según la secretaría, el objetivo de máxima es llegar a un acuerdo que “evite la litigiosidad”, porque una demanda en tribunales podría extenderse por años y entorpecer la futura licitación que planea el municipio para todo el complejo portuario.

“Estamos viendo de negociar una salida”, afirmó Lasmartres. Señaló que el particular tiene que “poner ambos predios a disposición del municipio sin ninguna compensación económica y desistir del 100% de su reclamo”, pero el municipio estaría dispuesto a ceder una breve ampliación del contrato.

Cuando fueron concesionados, los playones presentaban un grave estado de abandono, Powerlink remodeló, señalizó, puso casillas de cobro y explotó los estacionamientos durante un par de años, hasta el comienzo de la pandemia. Desde entonces nunca volvió a reabrir.

Habilitación pendiente

La empresa estaba obligada a ejecutar obras de rampas, barandas, hormigonado, colocación de casillas y barreras de cobro y parquización del talud.

El eje del litigio, según indicó Lasmartres, es la falta de habilitación comercial para la explotación de la playa arancelada. Según la funcionaria, Powerlink presentó algunos papeles pero adeudaba otros y nunca logró cerrar ese trámite. Una de las trabas sería la falta de planos. A pesar de eso logró autorización para abrir y obtuvo rédito económico durante largo tiempo, lo cual es invocado por el municipio para dar por cumplido el contrato.

Según aquel texto, firmado por Gennuso en diciembre de 2016 y refrendado por el Concejo el 27 de abril de 2017, la empresa contratista accedió a un “permiso precario” para explotar los estacionamientos durante 30 meses, a contar desde que la playa estuviera “debidamente habilitada para el servicio”. Lo que nunca ocurrió.

Lasmartres insistió en que buscarán recuperar esos espacios públicos sin generar un juicio. Por eso están en la etapa de “analizar todas las aristas, para no cometer errores”.


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