Pagar el alquiler, una realidad cada vez más difícil en Río Negro
Los incumplimientos este mes llegan al 62% de los inquilinos. En Bariloche es donde más deuda acumulan. promueven la creación de un fondo nacional.
Las personas que alquilan su vivienda en Río Negro acumulan desde el inicio de la cuarentena una deuda cada vez mayor y este mes sólo el 37,4% pudo pagar completa y en término su obligación con el propietario.
El dato surge de la encuesta periódica que realiza la Unión de Inquilinos de Río Negro y revela también que la proporción de incumplimientos se profundiza mes a mes.
En octubre los que no pagaron el alquiler sumados a los que pudieron pagar solo una parte eran el 40,3%. En noviembre fueron el 44,5% y este mes esa proporción saltó a un 62,7%.
El titular de la entidad, Roberto Díaz, dijo que ese crecimiento “sólo se explica por la desaparición del IFE y otras ayudas del Estado”, que a su juicio estuvieron lejos de ser compensadas por la limitada reactivación económica.
Según detalla el informe, la deuda promedio es de 100.000 pesos (algunos llegan a los 200 mil) y para agravar el cuadro, el 80% de los inquilinos debe también facturas de luz, agua y gas.
Díaz admitió que ese volumen de incumplimientos se torna impagable y “no solo los inquilinos sino los mismos propietarios” esperan alguna salida desde las políticas públicas.
La Unión de Inquilinos alertó que la crisis podría agravarse el mes próximo, porque el 31 de enero vence el decreto nacional que suspendió los desalojos y obligó a extender los contratos de alquiler que vencieron durante la pandemia.
Díaz dijo que si el Estado no vuelve a intervenir “se produciría de inmediato una ola de juicios y desalojos”. Señaló que se trata de un problema altamente crítico porque “involucra a un millón y medio de hogares en todo el país”.
Según Díaz, una opción sería una prórroga del decreto, “aunque agravaría la situación a futuro, porque la deuda será cada vez mayor”. Mientras que desde la organización que integra promueven la creación de un “fondo nacional de alquileres”, mediante el cual el Estado subsidie el pago de las locaciones de quienes no pueden hacerlo.
“Es la forma de desendeudar a las familias que no pudieron generar ingresos”, dijeron desde la Unión de Inquilinos.
Díaz dijo que el costo fiscal sería equivalente a “un tercio del IFE” y una condición para ingresar sería que los inquilinos “presenten el contrato, junto a una declaración jurada del propietario”.
De ese modo, la aplicación del fondo de ayuda derivaría en el blanqueo inmediato de buena parte del mercado, ya que sería obligatorio el registro de los contratos ante la Afip. Según Díaz, hoy el 80% de los alquileres se pactan en negro y generan grave perjuicio al fisco.
Señaló también que el proyecto que impulsan “discrimina a los propietarios según los tamaños: los que tienen hasta cuatro departamentos recibirían el total de la deuda y los grandes, cifras menores. Porque no es lo mismo el que tiene dos o tres alquileres y vive de eso, que las mega empresas como las que hay en Buenos Aires, que tienen edificios enteros”.
Bariloche, un caso especial
Díaz aseguró que las cifras que difunden mes a mes corresponden a toda la provincia, pero la situación del endeudamiento de los inquilinos no es igual en todos lados.
“En Viedma no es tan grave, porque el empleo del Estado influye mucho -explicó-. En el Alto Valle son muchos casos, por la cantidad de población y la alta informalidad. En Bariloche la característica es que los casos no son tantos, pero los volúmenes de deuda son los más altos de todos”.
Un dato que describe la crisis (que difícilmente quede resuelta el mes próximo) es la caída en el nivel de ingresos. A pesar de la apertura económica, ante la pregunta sobre sus ingresos en diciembre respecto del mes anterior, un 41,5% de los inquilinos que respondió la encuesta dijo que son “menores”, un 53,7% “iguales” y sólo un 4,8% respondió “mayores”.
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