Campañas electorales y austeridad
Félix Eduardo Sosa (*)
El diario del lunes 21 del corriente da cuenta de una segunda victoria electoral del candidato Alexis Tsipras en Grecia. Cabe recordar que Tsipras ganó hace muy poco su nominación al cargo de primer ministro, con una campaña totalmente centrada en negar ajustes presupuestarios y políticas de austeridad. Gran “muñeca” política ha demostrado entonces Tsipras pues, no bien asumió por primera vez el cargo, entró en negociaciones con el resto de Europa para transar lo que no podía dejar de acordar, es decir, una política de austeridad y ajustes presupuestarios que evitase el default del país y su salida de la Eurozona. Lógicamente, suscitó la indignación de gran número de sus votantes aferrados a la anterior consigna de “0 austeridad”, por lo que tuvo que poner nuevamente en juego, pocos meses después y también con éxito, su liderazgo. Obviamente, habrá pesado en el cuerpo electoral el reconocer que Alemania, el FMI y los demás acreedores se vieron en la necesidad de moderar sus exigencias para evitar males mayores y lo propio seguramente pesó en los votantes griegos esta última vez; ambas partes optaron por lo que desde sus respectivos puntos de vista era el mal menor: no otra cosa es precisamente la política sino el arte de lo posible. Lo que llama especialmente la atención es la cantidad de movimientos de izquierda de los hoy llamados “indignados” y otros, hasta en la derecha extrema, cuya bandera electoral es precisamente la negativa de la austeridad; ¿se pretenderá acaso que el gobierno derroche, que use sin medida los dineros públicos, es decir, los que son de todos? ¿Se creerá que el dinero sobra? A esta altura de la cuestión, la prédica de “0 austeridad” o “0 ajuste presupuestario” es solamente muestra de una terrible hipocresía, irresponsabilidad y/o mala fe, ya que por las características del gremio que las enarbola (políticos) es descartable la ingenuidad que quizá pueda afectar, sí, a muchos votantes. Es que desde que los gobiernos en el mundo son y desde que son humanos los sucesivos gobernantes, es difícil asegurar que alcancen los dedos de las manos para encontrar algunos que hayan gastado menos que sus recursos normales; todos, o casi todos, se las han arreglado para gastar de más, para proyectar obras faraónicas, compras y contrataciones varias por encima de los precios normales, guerras y otras lindezas que sería ocioso enumerar. La verdadera historia de los gobiernos en el mundo no es otra que la historia de los déficits presupuestarios. Justamente fue por un rey particularmente dispendioso que vino a nacer la primera institución de lo que hoy llamamos monarquía constitucional, división republicana de poderes, “gobierno democrático” o como fuere: Juan Sin Tierra (John Lackland, hermano del famoso Ricardo Corazón de León, al que heredó, fue así llamado porque su padre, el anterior rey, no le había dejado ninguna propiedad de herencia en las Islas Británicas –le tocaron, obviamente, algunas en el Norte de Francia–). Los barones representantes de la aristocracia normanda en Inglaterra estaban acostumbrados a la voracidad fiscal y a los impuestos abusivos y excesivos (por cierto que el que más los sufría era el pueblo llano, pero ésta ya es otra cuestión). Lo que sucede es que Juan superó por mucho en voracidad y abuso a todos sus predecesores, de modo tal que los barones optaron por rebelarse, dando a corto plazo nacimiento a lo que se considera la piedra fundamental del constitucionalismo moderno: la Carta Magna Inglesa de 1215. Por la misma, el rey quedaba comprometido a no aumentar los impuestos existentes ni crear otros nuevos sin el consentimiento expreso de la reunión de notables que se designó a tal fin, origen del parlamento moderno, ese Parlamento que en la mayor parte de Occidente civilizado es la clave de la estabilidad y el equilibrio republicano (por otros dicho “democrático”) y que tal función clave ejerce precisamente con la misma finalidad de 1215: evitar los abusos del Ejecutivo, llámese rey, presidente o como cuadre. Lógicamente, sabemos que en países cuyas instituciones vienen siendo constantemente devaluadas como el nuestro, los parlamentarios (muchos, en dos cámaras) desde hace años cumplen orgullosamente la función opuesta: esto es, legitimar y validar cualquier abuso o exceso del o la presidente equiparado/a a monarca, delegarle todas las facultades impositivas y comportarse, en fin, como la versallesca corte del Rey Sol (sin los oropeles y el brillo siquiera…). Pero volviendo a nuestro tema inicial y pidiendo excusas por la digresión, hemos de decir que cuando un candidato rechaza una política de austeridad, su prédica carecería de seriedad y contenido real si no señalase precisamente el origen de los fondos que podrían permitir mantener el gasto público en un nivel de relativa elevación; de todos es conocido que la economía es la ciencia o el arte de administrar la escasez, por lo que quien se pronuncia respecto de la austeridad haría muy bien si procediese a señalar con claridad qué sectores de la cosa pública deberían restringir sus gastos y cuáles no, o aún incrementarlos, y con qué… de otro modo, no se trataría más que de otra “chantada”. (*) Exjuez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de General Roca. Exprofesor Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue
