“Cárcel federal, ¿una transformación social en proceso?”



Corrupción, impunidad, hacinamiento, presos inocentes y culpables, tráfico de drogas en los penales, complicidad de autoridades con delincuentes y una burocracia exacerbada son los principales obstáculos para la reforma del sistema penitenciario en Argentina. El tema de las cárceles es muy complejo; basta considerar que, tan sólo para delimitar el tema específico a tratar, habrían de tomarse en cuenta –de inicio– al menos los siguientes binomios: ámbito federal y provincial; menores de edad y adultos; hombres y mujeres; prisión preventiva y penitenciaria; delincuencia común y delincuencia organizada; reincidentes y primo-delincuentes y peligrosidad mínima y alta, además de las instalaciones específicas para medidas de seguridad. Nuestro sistema carcelario rionegrino no dista mucho de estos problemas tan crónicos como antagónicos. Del último informe de la Subsecretaría de Política Criminal –Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sneep 2012, Río Negro– se desprende que de una población de más de setecientas personas sólo el setenta por ciento está condenado y el resto, “procesado”. Para darse una idea de la magnitud del problema de sobrepoblación, se menciona que el 99% son varones, el 40% tiene de 25 a 34 años, un 25% entre 18 y 24 años y un 19% entre 35 y 44. Sólo con estos datos ya se puede deducir que el grueso del problema se encuentra en lo concerniente a las entidades federativas y, básicamente, respecto de los varones. No obstante, en muchos de los centros penitenciarios estatales gran parte de la población está constituida por reclusos del fuero federal. La falta de centros penitenciarios modernos, equipados y administrados debidamente propicia el incumplimiento de normas fundamentales como la debida separación de los sentenciados tras una clasificación que garantice que las características de cada interno sean determinantes en la decisión del lugar o la sección en que debe cumplir su condena, para evitar que delincuentes de poca peligrosidad o aquellos que delinquen por vez primera (primo-delincuentes) tengan contacto con los reincidentes o de mayor peligrosidad. Si al menos se lograra en el futuro separar correctamente a los diversos grupos delincuenciales se estaría dando un gran paso para evitar la contaminación que implica el actual sistema, que ha convertido las cárceles en centros de capacitación y adiestramiento de futuros miembros de la delincuencia organizada, principalmente. Paradójicamente, en el último informe nacional –realizado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y publicado en febrero de este año– se vislumbra la oscura y lamentable decadencia tanto del Sistema Penitenciario Federal como del accionar de la propia Justicia. Destacamos de este informe la oscuridad del sistema, ya que seis de cada diez personas detenidas en las cárceles federales se encuentran bajo medidas cautelares de prisión preventiva dictadas por la Justicia nacional y federal. De un total de 10.043 personas distribuidas en las 28 cárceles y diez alcaidías que dependen del Servicio Penitenciario Federal, el 57% son procesadas sin condena; es decir, están privadas de la libertad sin haber sido formalmente declaradas culpables. Dentro de esta conclusión, y como actores políticos de esta ciudad, nos preguntamos: ¿no sería conveniente que se dé paso a un referéndum popular que esté acompañado por el Legislativo y el Ejecutivo, de priorizar otras obras de infraestructura de que carece la ciudad? ¿El pueblo barilochense puede decidir su planeamiento con estas obras impuestas? ¿Qué impacto sociocultural y económico arrojaría esta cárcel federal? ¿No se debería cumplir con mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios más marginados? ¿No asentaríamos más la estigmatización social entre la población? ¿Bariloche está culturalmente preparado para aceptar una cárcel federal? Debemos, entre todos, construir nuestra propia defensa y seguir manteniendo la focalización del desarrollo turístico sobre la base del cuidado y la convivencia con nuestra madre naturaleza. Bariloche debe seguir sosteniendo el espíritu de nuestros primeros pobladores, una ciudad con autonomía gubernamental sobre la base de la convivencia sociocultural. Queda más que claro que desde nuestra agrupación y con el acompañamiento de la sociedad nos opondremos a la construcción de esta cárcel federal, ya que dista de toda racionabilidad. Sergio Daniel Marcozzi DNI 17.513.850 Bariloche

Sergio Daniel Marcozzi DNI 17.513.850 Bariloche


Comentarios


“Cárcel federal, ¿una transformación social en proceso?”