Cárceles privadas, problemas públicos
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En Estados Unidos proliferan las cárceles privadas. Tanto es así que constituyen un lucrativo negocio desde que el gobierno comenzara a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a empresas en los años 80. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata de la población carcelaria más grande del mundo, calculada en unos dos millones y medio de personas.
Como resulta habitual en los sistemas penales, el impacto de la prisión en la población más vulnerable resulta indisimulable. Prueba de ello resulta que el mayor grupo de reclusos dentro del complejo penitenciario federal son inmigrantes, principalmente latinos. Junto con los afroamericanos, componen el 80% de todas las personas detenidas.
En estos días, las plazas de las cárceles privadas se encuentran cubiertas por una mayoría de personas encarceladas por delitos migratorios. Tan así es que la Agencia de Migración y Aduanas posee contratos multimillonarios con estas empresas que manejan todo el período de encarcelamiento del detenido, incluyendo el transporte, su alimentación y cuidados médicos.
Cobran por cama, por noche, y es el dinero del contribuyente el que cubre el gasto, que puede ascender a unos u$s 60.000 al año por preso.
Los activistas de los derechos de los presos, como la Unión Americana de Libertades Civiles, se quejan de que en Estados Unidos todavía no existe un mecanismo de control del desempeño de las cárceles privadas. Lo cual conduce a que allí se verifiquen mayores abusos que en las estatales y las federales.
Vale recordar que la era contemporánea de las cárceles privadas se inició en Estados Unidos a mediados de 1980. Kentucky fue el primer Estado que le entregó el manejo completo de una prisión a una empresa. Desde entonces son más de 150 los centros penitenciarios privados del país.
Los defensores de las cárceles privadas aseguran que combinan beneficios tales como calidad de construcción, eficiencia y adecuada administración, así como una considerable merma del costo preso-día.
Los contratos de administración carcelaria celebrados entre el gobierno y las empresas privadas suelen estipular tarifas fijadas explícitamente por debajo de lo que le ha costado a la entidad pública administrar la cárcel en años anteriores, o sobre proyecciones de lo que le costaría al administrador público en el futuro inmediato.
Sus detractores sostienen que la promesa de ahorro resulta ser un hecho que no se condice con la realidad. Y que son numerosos los estudios que indican que hay poca o ninguna diferencia entre los costos de los establecimientos penitenciarios públicos y los de gestión privada.
Uno de los aspectos que mayor conflictividad han despertado se refiere a la utilización de la mano de obra de las personas privadas de su libertad. En Estados Unidos grandes empresas como Microsoft, TWA, Boeing, Konica, Jansport y Victoria’s Secret se benefician, a través de subcontratistas, de sus servicios.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), entre otros, ha denunciado abusos por parte de los gestores privados, sobre todo en relación a la total falta de remuneración de los internos trabajadores, los elevados riesgos de accidentes a los que se encuentran expuestos y su total imposibilidad de agremiación u organización como colectivo.
Tanto es así que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó en 1998 que el trabajo forzoso ha evolucionado en los últimos años, pasando de la esclavitud a la servidumbre por deudas y luego al trabajo por motivos políticos, para en nuestros días asumir la modalidad de trabajo realizado por los reclusos.
Para entonces, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas ya había recomendado la realización de un estudio a fondo sobre todas las cuestiones relativas a la privatización de las cárceles.
Y sobre todo, si su régimen incluía la obligación de respetar e instrumentar la legislación vigente en el país de que se trate, así como mecanismos para asegurar la responsabilidad civil de las empresas administradoras de cárceles privadas y sus empleados.
En todo caso, el curso de los acontecimientos le da la razón al criminólogo noruego Nils Christie, quien décadas atrás denunció la intensa voracidad con la que se despliega la industria del control del delito. Una industria que arroja diariamente a miles de seres humanos a la red de los sistemas penales.
Martín Lozada
Catedrático Unesco. Profesor Regular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
Martín Lozada
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