Caso Aigo: denuncian hostigamiento a un juez

JUNÍN DE LOS ANDES (ASM).- La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén alertó sobre la posible comisión de un “hostigamiento personal” contra el primer y desplazado juez de la causa por el asesinato del policía José Aigo, al insistirse “sin ninguna finalidad útil para la investigación” en denuncias sobre su desempeño; primero con un pedido de juicio político de la querella y luego con una presentación penal de la viuda una vez descartado el jury. En un comunicado que firman Patricia Clerici como presidenta, y María Finochietti como vicepresidenta, la entidad recuerda que “las impugnaciones o cuestionamientos de las decisiones judiciales debe hacerse por las vías procesales previstas en la ley, sin desnaturalizar mecanismos constitucionales y legales”. En ese sentido, apunta que “tal como lo señaló la Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento, son las partes del proceso –en este caso, Ministerio Público Fiscal y querella– las que tienen las herramientas necesarias para plantear, dentro del marco del trámite, todas las cuestiones vinculadas con él. Entre ellas –continúa– proponer hipótesis de investigación distintas a la sostenida por el juzgado, la realización de medidas probatorias, e impugnar las decisiones adoptadas por el juez”. “Hostigamiento personal” En consecuencia, añade, “pretender cuestionar por fuera de la causa judicial las decisiones del magistrado, cuando no se instaron los carriles recursivos pertinentes, denunciando al juez por su desempeño, tanto ante el Jurado de Enjuiciamiento y luego ante la justicia penal, importa mutar el derecho de peticionar en defensa de los intereses propios en hostigamiento personal al magistrado, sin ninguna finalidad útil para la investigación”. Como se apuntó, el posicionamiento de la asociación surgió a raíz de la reciente denuncia penal que la viuda del sargento Aigo, Graciela Soto, formuló ante la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción, acusando a Cosentino de haber entorpecido la investigación con sus decisiones, a la par de favorecer al joven Marcos Fernández, hijo del intendente de San Martín de los Andes, propietario y conductor de la camioneta en la que se desplazaban los ciudadanos chilenos Jorge Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres. Cosentino consideró a Fernández como un mero testigo en la causa y lo dejó en libertad un día después. Sin embargo, el joven sería procesado luego por falso testimonio y encubrimiento agravado, en tanto que la querella también pretende que se le acuse como partícipe necesario de los hechos.