Causa Ibazeta: investigarán connivencia policial
El fiscal Maximiliano Breide Obeid logró unificar las dos causas relativas al crimen de Cristian Ibazeta. Avanzará su investigación sobre la posible connivencia policial, dado que entre los testigos de la población carcelaria existe un “pacto de silencio” y no es posible darles las condiciones de seguridad necesarias para que testifiquen, dijo el fiscal. El asesinato de Ibazeta ocurrió en mayo del año pasado, dentro de su celda en la Unidad 11. Generó dos causas, una respecto a la autoría del crimen y otra por la responsabilidad del servicio penitenciario y la omisión de control, iniciada por el fiscal Horacio Maitini. “Estoy analizando si existió una especie de encubrimiento o incumplimiento de los deberes del funcionario público”, explicó Breide Obeid. Tratará de comprobar si existió una connivencia por negligencia, por un dejar hacer o por fomentar el crimen por parte del servicio carcelario. El abuso de autoridad de los funcionarios, generalizado en la administración pública, está penado por el artículo 248 del Código Penal de la Nación y la máxima represión son dos años de prisión. “Se puede establecer que un asesinato así no debería pasar en una unidad penitenciaria”, dijo el fiscal. Durante los últimos dos años, bajo la jefatura del comisario Claudio Pérez, la U11 cometió numerosas irregularidades. Además de la muerte de Ibazeta, hubo desobediencia de órdenes judiciales y la fuga de siete presos, con la aparente cooperación policial. Respecto al autor del asesinato, Breide Obeid dijo que no podrá determinar quién fue, mientras esté vigente el “pacto de silencio” entre los presos. La ONG Zainuco asegura que al menos existieron cinco testigos, que no pueden declarar por no contar con las condiciones de seguridad necesarias. Por su parte, el fiscal entiende que “Se torna difícil porque en situación de encierro no hay condiciones que se puedan ofrecer o negociar para que declaren. La única es la libertad”. A diferencia de otras unidades, la U11 no tiene cámaras de seguridad, lo que impide que la investigación tenga otras pruebas para avanzar, más allá de lo que puedan llegar a decir testigos de la población carcelaria y los del servicio penitenciario. Aún no se colocó ningún dispositivo de videofilmación dentro de la cárcel, pese a que el establecimiento fue intimado a hacerlo por la Cámara Criminal de Neuquén, a raíz de un recurso de hábeas corpus presentado por los defensores oficiales en el crimen de Ibazeta. La causa por torturas del 2009, de la que Ibazeta era testigo y aparente víctima de palizas y submarinos secos, junto a otros dos presos, fue elevada a juicio por la jueza Ana Malvido. Están imputados cinco policías de la U11. Insólitamente, el fiscal de este proceso, Ignacio Di Maggio, pidió el sobreseimiento de los efectivos. Dentro del tiempo que queda del año en curso no hay fechas disponibles para llevar adelante el juicio.
Jorge Gadano (jagadano@yahoo.com.ar) Carlos López (carloslopez@rionegro.com.ar)
