Entrenamiento denigrante: insisten en el desplazamiento de jefes policiales por la causa Mandagaray
La reconstrucción de la muerte del joven oficial en Bahía Creek, con el relato de prácticas denigrantes, arrojó distintas reacciones. La CTA insistió con un “pacto de silencio” en la fuerza y pidió desplazamientos.
La muerte de Gabriel Mandagaray fue el 15 de abril en Bahía Creek.
La CTA Autónoma de Rio Negro insistió con su “pedido de apartamiento de autoridades policiales” comprometidas con la muerte de Gabriel Mandagaray, ocurrida en abril pasado en Bahía Creek, en un curso de ingreso al Cuerpo de Operaciones Especiales y de Rescate (COER) de la policía rionegrina.
El miércoles se realizó la reconstrucción en el lugar, incluyendo el relato de los partícipes y se supo del sometimiento sufrido, con “situaciones de abuso, cómo cuando un instructor orinó a un cursante, o les hicieron hacer máscaras con excremento, entre otras situaciones”, según lo contado por el abogado Damián Torres, que representa a los padres de Mandagaray.
Además de las reacciones en las redes sociales, la CTA Autónoma recordó su solicitud de abril a la titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Bettiana Minor para que aparte a las autoridades de la fuerza involucrada.
Esa organización insistió, a partir de “testimonios”, con la existencia de “un presunto baile” y un “pacto de silencio, impulsado por el comisario inspector Sergio Piermarocchi”. Este uniformado era el Secretario General de la Jefatura pero, recientemente, se lo designó como segundo jefe de la Regional de Bariloche.
En comunicado, la CTA aludió a las prácticas realizadas. “Son parte de una etapa de la historia argentina a la que no queremos regresar”, dijo el titular de la organización, Rodolfo Aguiar. “Nuestro más enérgico repudio a los responsables. Exigimos a Minor un rápido esclarecimiento”, resaltó.
Mandagaray murió el 15 de abril y ese desenlace reinstaló el debate de los métodos de instrucción en la policía rionegrina.
En la reconstrucción, las partes -entre ellas, la representación fiscal, a cargo de Guillermo Ortiz y Rubén Negro- pudieron “ver cómo fue el ingreso al mar, con el tronco que llevaban” en el ejercicio exigido por los instructores, que concluyó con la muerte del joven oficial policial.
El trámite tiene como imputados al jefe del COER, el subcomisario Alejandro Gattoni y a los tres instructores del curso: al principal Alfredo Nahuelcheo; el sargento ayudante Marcelo Contreras y al sargento Maximiliano Vitali.
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