Condenaron a un judicial por coimear a policías

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Segunda del Crimen le aplicó un año y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública a José Villalba, un escribiente que ofrecía «cajonear» o mandar a archivo causas que les seguían a policías por apremios ilegales.

En uno de los hechos, que derivó en la detención del condenado, la promesa de archivar la causa la hacía a cambio de obtener 100 pesos de cada uno de los imputados. En conocimiento de la denuncia, el juez de instrucción hizo que le enviaran billetes marcados y lo agarraron con las manos en la masa.

Para los jueces, la imputación de deshonestidad de un escribiente judicial no podía influir a la hora de discernir si los policías eran o no responsables de apremios, y no encontraron motivaciones malintencionadas en la denuncia.

La investigación que culminó con la detención de Villalba comenzó a desarrollarse a partir de la denuncia formulada por un policía de El Bolsón, pero se hizo efectiva el 10 de enero de 2001 con un procedimiento realizado en la terminal de micros. En esa diligencia, comandada por el fiscal Guillermo Lista, la policía detuvo a un escribiente de la secretaría 8 del juzgado Penal 4, luego identificado como José Villalba. La captura y requisa del sospechoso se produjo después de que éste retirara un sobre que acababa de llegar de El Bolsón por encomienda, y contenía los billetes marcados.

El origen del episodio estuvo en una causa por supuestos apremios ilegales que involucraba a tres policías de la comisaría 12 de El Bolsón. De acuerdo a la denuncia, uno de ellos fue sido contactado por Villalba, quien le habría ofrecido pasar a archivo la causa previo pago de 250 pesos, o 100 pesos por cada uno de los procesados.

Requisado ante el fiscal

Lo cierto es que el policía que actuó de nexo denunció la situación al fiscal de Feria, éste puso en conocimiento al juez y, con los recaudos legales, habrían seguido el juego propuesto por el presunto empleado desleal. Cuando Villalba retiró el sobre fue seguido de cerca por personal de Toxicomanía y Leyes Especiales, y a los pocos metros requisado en presencia del fiscal Lista.

La situación desnudó en cierta manera la fragilidad del sistema judicial rionegrino, pero debe reconocerse que escasean los ejemplos para fundamentar las críticas: el último episodio similar había ocurrido hace más de cinco años e involucró a un empleado del juzgado de Paz local, que cobraba anticipos o porcentajes de las multas que debían abonar los contraventores.

Un vecino que había sido multado con motivo de una borrachera y desorden denunció la pretensión del funcionario y el juez Héctor Bajos le entregó los billetes marcados para concretar el soborno.

El empleado corrupto fue detenido, procesado, condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

En este caso, el fiscal Enrique Sánchez Gavier había solicitado una pena mayor y la inhabilitación perpetua, pero los jueces atendieron a la falta de antecedentes del imputado y fueron más indulgentes.