Conflictos en el ciberespacio


Hasta ahora han fracasado los intentos de controlar el acceso a internet. Lo que sí puede hacer un gobierno es apostar al atraso tecnológico. ¿Es lo que tiene en mente Alberto?


Los kirchneristas distan de ser los únicos que quisieran domesticar los medios sociales, estas redes comunicativas electrónicas de origen norteamericano que han proliferado con tanta rapidez que ya las usa buena parte de la población mundial. También están pensando en cómo hacerlo políticos en Europa, Estados Unidos y, desde luego, China y otros países con regímenes dictatoriales que nunca han estado dispuestos a tolerar manifestaciones de disenso.

Todos coinciden en que los medios sociales brindan a sujetos que a su juicio son malos demasiadas oportunidades para hacerse oír. Claro, no hay ningún acuerdo acerca de quienes merecen ser silenciados. Para los occidentales, suelen ser los acusados de ser racistas, neonazis, estafadores y así por el estilo; para los comunistas chinos, incluyen a demócratas que hacen campaña a favor de las libertades públicas.

Pues bien, a pocos días del banderazo masivo de comienzos de la semana pasada que, como es notorio, se organizó a través de las redes sociales, el presidente Alberto Fernández desconcertó a casi todos sacando un nuevo decreto “de necesidad y urgencia” conforme al cual todo lo vinculado con las comunicaciones electrónicas – los teléfonos, internet, televisión paga, etcétera – serán considerados “servicios esenciales” que tendrían que ser regulados por el gobierno.

Mientras tanto, en Estados Unidos legisladores han iniciado una ofensiva contra las gigantescas empresas tecnológicas que dominan el sector. En Europa, sus homólogos están buscando la forma de responsabilizarlas por lo que aparece en las pantallas de las computadoras o teléfonos celulares. Parecería que temen ser víctimas de jugadas parecidas a aquella que provocó la indignación – comprensible, por cierto – de Cristina Kirchner al enterarse de que por un rato Google la había calificado de “ladrona de la Nación”.

Puede entenderse el fastidio que tantos sienten frente a la proliferación de medios que permiten a los así inclinados a difundir, entre muchas otras cosas, insultos canallescos, noticias falsas, teorías conspirativas delirantes y opiniones sumamente truculentas, sin que les sea fácil identificar a los culpables que, con escasas excepciones, se esconden en el anonimato. Con todo, aunque sería claramente mejor que los decididos a mantener informado al mundo de lo que pensaban de los demás lo hicieran de manera más cortés, por tratarse siempre de formas de censura, los remedios propuestos serían peores que la enfermedad.

El ciberespacio es un vasto territorio anárquico, sin ley, en que hay franjas que están ocupadas por bandas de delincuentes, extremistas de todas las variedades concebibles, predicadores del odio y lunáticos, lo que es lamentable, pero, por suerte, sólo se trata de minorías muy pequeñas. Si para eliminarlas los distintos gobiernos tomaran medidas que perjudicaran a los usuarios inofensivos, los eventuales beneficios serían menores en comparación con lo mucho que se perdería.

Es lo que piensan los voceros de empresas locales vinculadas con “la industria de las tecnologías de la información”, además de las europeas, norteamericanas, chinas y otras que tienen sucursales en el país. Protestaron enseguida contra el DNU de Alberto, advirtiéndole que tendría un impacto muy negativo en una actividad dinámica que, como todos saben, será de importancia fundamental para el futuro del país.

No se equivocan. La virtual estatización del sector lo haría compartir el triste destino de la telefonía antes de la privatización de Entel; como recordarán los memoriosos, en aquellos tiempos conseguir un teléfono fijo – no había celulares -, requería años, a veces décadas, de trámites engorrosos; tener uno aumentaba mucho el valor de la propiedad en que se encontraba. No sorprendería en absoluto que, lejos de asegurar que todos tengan acceso a internet como pretende el gobierno, la iniciativa de Alberto significara que, andando el tiempo, sólo una minoría reducida disfrutara plenamente del privilegio.

Sea como fuere, desgraciadamente para quienes aspiran a regularlos, los medios sociales son un blanco móvil.

Las innovaciones son tan frecuentes, y a veces tan revolucionarias, que hasta ahora han fracasado todos los intentos de controlar el acceso a zonas de la ya ubicua red informática. Con todo, lo que sí puede hacer un gobierno preocupado por lo que sucede en el ciberespacio es apostar al atraso tecnológico. ¿Es lo que tiene en mente Alberto?

Aunque es poco probable que el presidente se haya propuesto frenar el desarrollo del país, el DNU más reciente hace sospechar que en su entorno los hay que no vacilarían en hacerlo por suponer que serviría para privar a sus adversarios de oportunidades para expresarse.


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