Contra la libertad
No es ningún secreto que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le preocupa su imagen personal por entender que, al fin y al cabo, constituye la fuente principal del poder político que ha sabido acumular, pero parecería que sólo le interesa lo que piensan de ella sus compatriotas. De lo contrario, nunca se le hubiera ocurrido permitir que una cincuentena de gendarmes bien armados irrumpiera en las oficinas porteñas de Cablevisión a instancias de un juez mendocino que había ordenado la intervención de la empresa que, claro está, pertenece al Grupo Clarín. Aun cuando Cristina misma no estuviera detrás del operativo, es la responsable principal de crear un clima en el que a sus subordinados les parecerá perfectamente legítimo dar pie a un espectáculo más apropiado para un país a lo sumo semidemocrático como Venezuela o Rusia que para la Argentina que, hasta ahora por lo menos, sigue siendo un democracia genuina a pesar del predominio actual del oficialismo, fenómeno éste que se debe tanto a la debilidad de una oposición fragmentada cuanto a la desmedida “vocación de poder” del oficialismo actual. Sería de suponer que a Cristina no le interesaría verse ubicada en la misma categoría que personajes como Hugo Chávez y Vladimir Putin. A esta altura, nadie atribuiría el zarpazo contra Cablevisión a las eventuales irregularidades cometidas por la empresa que habrá querido aprovechar un multimedios rival, Vila-Manzano, para apoderarse de algunas partes. Se trataba de otro episodio en la guerra de desgaste que está librando el gobierno kirchnerista contra la agrupación mediática que, después de haberlo apoyado durante años, se alejó al producirse el conflicto con el campo para asumir una postura más independiente. Puede criticarse la estrategia adoptada por el Grupo Clarín que a través de los años siempre ha sido propenso a privilegiar sus propios intereses comerciales y que nunca ha vacilado en sacar provecho de su posición dominante, pero de modo alguno monopólico, en el mercado periodístico para perjudicar a medios rivales, pero los reparos en tal sentido no hacen menos peligrosa la evidente voluntad oficial de destruirlo por completo. Si hasta el multimedios más adinerado del país no está en condiciones de resistirse a una ofensiva oficialista, será reducida la posibilidad de que otros con recursos menores puedan sobrevivir por mucho tiempo a las embestidas de un gobierno tan inescrupuloso como el kirchnerista, uno que, para más señas, ha hecho suya una teoría –la del “relato”– de características totalitarias. Como hace evidente el hecho innegable de que la ruptura del gobierno con el Grupo Clarín, luego de haberlo favorecido, se haya producido por razones netamente políticas, está en juego mucho más que el destino de una empresa periodística. Los kirchneristas aspiran a manipular la información y la forma de interpretarla como han procurado hacer con los datos económicos al transformar el Indec en un fabricante de estadísticas inventadas. Por este motivo, reparten la publicidad del Estado según criterios impúdicamente partidarios, “invirtiendo” decenas de millones de pesos en medios dispuestos a respaldarlos y boicoteando a aquellos que prefieren mantenerse independientes. Es de prever que pronto harán lo mismo con el papel para diarios, prohibiendo la importación so pretexto de defender la balanza comercial y negándose a vender el producido por Papel Prensa y otras empresas afines a quienes rehúsen formar parte del aparato propagandístico oficial. En efecto, todo hace pensar que el gobierno de Cristina se ha propuesto aprovechar el triunfo electoral que se anotó en octubre para volver no a los años setenta del siglo pasado sino a la segunda mitad de los años cuarenta, cuando el régimen peronista, inspirándose en el fascismo europeo, se esforzó por amordazar a quienes se animaban a oponerse al “pensamiento único” de aquellos tiempos. ¿Es lo que realmente quiere la presidenta? Si no lo es, convendría que ordenara a sus seguidores a desistir de atacar a los medios que no les gustan, incluyendo a los del Grupo Clarín, para que la Argentina pueda seguir siendo un país pluralista en el que se respete la libertad de expresión tal y como prevén la Constitución nacional y los tratados internacionales que han sido incorporados a ella.
