Crexell pidió informes por el derrame de petróleo en Río Negro
También exigió transparencia en la difusión de la información.
Tardarán varios meses en sanear la flora en algunos sectores afectados por el derrame (Oscar Livera)
A raíz del derrame de petróleo ocurrido en la zona del yacimiento Medanito en Río Negro, la senadora por Neuquén, Lucila Crexell, realizó una presentación formal para solicitar que se informe al Senado sobre las causas, consecuencias, medidas de remediación y eventuales sanciones. También pidió que se garantice el derecho de acceder a la información ambiental.
La legisladora aseguró que “Medanito es la principal zona productiva de Río Negro», pero detalló que «el incidente ocurrió en un sector en donde el sistema ya cuenta con el petróleo que se inyecta desde los yacimientos neuquinos, incluyendo los de Vaca Muerta”.
Es así que solicitó que se informe sobre las acciones que llevará a cabo para contener, prevenir y sanear el derrame, y además requirió que se detallen las causas que originaron el incidente, cuántas hectáreas fueron afectadas, y las medidas de remediación ejecutadas.
Pero, además recordó que, a partir de la adhesión de Argentina a un pacto internacional, se deberá garantizar el derecho del público de acceder a toda la información ambiental que está en su poder del Estado, bajo su control o custodia, “de acuerdo con el principio de máxima publicidad”.
En el texto, ingresado de manera formal la semana pasada en el Senado de la Nación, se advierte que cualquier persona tiene derecho a “solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita”
Crexell recordó a las autoridades, que el Congreso aprobó el Acuerdo de Escazú, que se firmó en una ciudad homónima de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Se trata de un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe -y el primero en el mundo-, en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
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