Críticos y evasores

Si bien siempre ha sido evidente que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le gusta para nada el disenso, ya que raramente vacila en descalificar en público a quienes se animan a criticar su gestión, de por sí los cruces meramente verbales que con cierta frecuencia protagoniza no plantean un peligro a la libertad de expresión. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de su forma de poner en su lugar al empresario inmobiliario Jorge Toselli. Por cometer el crimen de señalar –en el diario porteño “Clarín”, nada menos– que a consecuencia de la política pesificadora que está impulsando el gobierno cayeron abruptamente las ventas de propiedades, lo que de todos modos era ampliamente conocido, la presidenta aprovechó la cadena nacional de radio y televisión para denunciarlo como un evasor impositivo ya que, según la AFIP, su empresa no había presentado una declaración jurada desde el año 2007. Que éste haya sido el caso es sin duda lamentable, pero aún más preocupante que la presunta conducta del empresario es la voluntad de Cristina de emplear la información que le suministró la AFIP para silenciar de tal manera a un personaje que la ha incomodado. Aunque la presidenta no violó ninguna ley, ya que los datos correspondientes a las declaraciones juradas no presentadas no se ven alcanzados por el secreto fiscal, nadie ignora que lo que indignó a la presidenta no fue el descubrimiento de un evasor más sino el hecho de que Toselli había criticado una medida gubernamental. ¿Lo hubiera denunciado igual de haber escrito el hombre un artículo periodístico para alabar el manejo de la economía por el gobierno? Desde luego que no; como el vicepresidente Amado Boudou podría confirmar, cuando de oficialistas se trata la presidenta y sus colaboradores suelen minimizar la importancia de sus eventuales deslices financieros. Es de suponer que en el caso del empresario inmobiliario los hechos esgrimidos por el gobierno son verídicos, pero, por ser tan ineficientes y, según muchos, tan corruptas las diversas reparticiones del Estado, entre ellas la AFIP, no extrañaría en absoluto que en ocasiones personas deseosas de congraciarse con la presidenta cayeran en la tentación de inventar datos, o de tergiversarlos, con el propósito de desprestigiar a quienes no comulgan con el oficialismo actual, acusándolos de no abonar todos sus impuestos y otras irregularidades. Al fin y al cabo, el que la información contenida en las declaraciones juradas de Cristina misma se haya visto puesta en duda por sus adversarios debería de servir de advertencia para los militantes oficialistas, ya que dentro de la AFIP habrá funcionarios que, por los motivos que fueran, podrían aprovechar su acceso a datos que algunos no quisieran ver difundidos para anotarse puntos en la interna peronista. De más está decir que el gobierno de Cristina no es el primero en perseguir a disidentes en base a infracciones, comprobadas o sospechadas, movilizando con tal motivo a ejércitos pequeños de inspectores sanitarios y especialistas en leyes impositivas. En nuestro país, las maniobras de este tipo son tradicionales, sobre todo cuando están en el poder políticos de instintos autoritarios. He aquí la razón por la que han protestado contra lo que ven como un abuso escandaloso de poder no sólo diversos políticos opositores que, un tanto exageradamente, acusan al gobierno de usar tácticas parecidas a las de la Gestapo nazi, sino también los miembros de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que entienden muy bien que lo que está en juego es la libertad de expresión. Como ya es notorio, con escasas excepciones los empresarios son reacios a decir lo que realmente piensan del rumbo que ha tomado la economía nacional por miedo a ser blancos de un “escrache” presidencial seguido, tal vez, por una campaña de persecución. Por supuesto que el clima de intimidación así creado no contribuye en absoluto a reducir el riesgo de que la recesión que ya se ha iniciado se profundice mucho en los meses próximos. Antes bien, siembran alarma entre los agentes económicos que, como es natural, ven en la conducta del gobierno señales de que sencillamente no sabe qué hacer a fin de prolongar el período de crecimiento y que por lo tanto está procurando amordazar a quienes quisieran llamar la atención a los problemas que afectan a todos.