Darán electricidad segura a 14 tomas de Río Negro

Barrios de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Viedma, Luis Beltrán y El Bolsón que hoy están colgados de la red podrán regularizar el suministro. Es parte de un plan del gobierno rionegrino que fue acordado este año con la empresa que distribuye la electricidad en la mayor parte de la provincia.

El gobierno rionegrino y la empresa de electricidad Edersa acordaron destinar más de 130 millones de pesos de multas por fallas en la calidad o en la provisión del servicio, en la regularización del servicio en 14 barrios que nacieron como tomas y que hoy tienen energía de manera irregular. Se trata de una mejora para 1.348 familias.
Son los sectores que forman parte del listado realizado en conjunto con el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).


Este registro tiene detectados en todo el país miles de asentamientos donde los servicios básicos no existen o son irregulares.

La secretaría de Energía de la provincia prefirió no dar información oficial ni dar a conocer las normas del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que aprueban las actuaciones.

1348
familias, con una población estimada en casi 5.000 personas, serán alcanzadas por estas obras.


De todos modos, Río Negro pudo averiguar que el ente regulador y Edersa llegaron a principios del año a un acuerdo que fue aprobado por la resolución 23 del organismo. Allí se habla de un “plan de inversiones especiales” que se iban a determinar más adelante.

El 31 mayo se firmó finalmente ese acuerdo. El pacto determinó que la empresa acumula multas de tipo general, que son las que deben descontarse de manera colectiva de la tarifa de la empresa, por 130.049.286 pesos.
Como no hay información oficial, es incierto en qué plazo se generó semejante monto en materia de multas, que es muy alto si se toma como referencia otras sanciones.

Como parte de nuestra política es esencial derribar los muros invisibles que hay en nuestra sociedad, a partir de la integración, para que Viedma sea un verdadero hogar para las y los vecinos”.

Pedro Pesatti, intendente de Viedma.


Por la irregularidad más grande del sistema eléctrico argentino, el llamado “apagón del siglo”, en el Día del Padre de 2019, la empresa transportista Transener fue multada por el ente regulador nacional con 31,8 millones de pesos y el resto de los actores del mercado que actuaron con impericia para recomponer el sistema fueron sancionadas con poco más de 100 millones.


Hay multas que benefician a un usuario en particular o a un conjunto, y hay otras que por su generalización se descuentan del universo de clientes de una distribuidora cada vez que se confecciona el cuadro tarifario trimestral.

Sin casi nada


En general, las tomas no tienen servicios regularizados porque para ello deberían tener todos los papeles en regla. Lo que suele ocurrir es que “se cuelgan” de la red y arman dentro del barrio su propio sistema de distribución, sin respetar en la mayoría de los casos la más mínima medida de seguridad ni en la red ni en el interior de las precarias viviendas. Más de un incendio fue consecuencia de un recalentamiento de cables.


Para dar una solución parcial, muchas tomas colocan medidores comunitarios y piden asesoramiento para que los tendidos sean más seguros. Y también muchas veces la factura la terminan pagando los municipios.
Por caso, en el barrio Obrero de Cipolletti la cuenta la paga la municipalidad, aunque la provincia suele librar subsidios para cubrir estos costos.

Las “pérdidas no técnicas” en una red eléctrica son aquellas que no responden a un error en la red sino a los consumos que no se registran en los medidores. Para cualquier distribuidora, este tipo de energía suministrada y no remunerada suele ser un dolor de cabeza.

130
millones de pesos que le aplicaron a Edersa en concepto de multas, se destinarán al plan de regularización.


Los barrios que verán su servicio mejorado con este acuerdo son Costa Linda, Obrero B, Aika Lihuen, Bicentenario, La Rivera, Los Sauces, Unión, 30 de Marzo, Juana Azurduy, Bagliani, Progreso, Luján, San José y Esperanza, que están ubicados en Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Viedma, Luis Beltrán y El Bolsón.

Según los “relevamientos y anteproyectos presentados por la distribuidora Edersa, una vez concretado este plan de obras se brindará la posibilidad de acceder al suministro eléctrico regular, en condiciones de calidad y seguridad, a 1.348 familias”, según se lee de la comunicación entre la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, y el jefe del área Regulación, Auditoría y Control de Gestión del organismo, Sebastián Lippolis, en la que se solicita la confección de una nueva resolución.


Edersa tendrá un año y medio para desplegar las inversiones y las obras en estos barrios.

En Viedma hay cientos de familias en asentamientos

En Viedma las posibles obras de tendido eléctrico beneficiarían a los barrios Unión, Esperanza y El Progreso, todos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares.


El primero está ubicado entre la ruta provincial 1 y la calle Cardenal Cagliero, que fue creciendo en diferentes etapas y el segundo es la continuidad del barrio 30 de Marzo, que fue una de las primeras tomas y hoy cuenta con la mayoría de los servicios.

En El Progreso, ubicado entre la ruta 1 y la avenida Perón, se están realizando cordones cuneta y badenes a través de fondos nacionales que permiten la urbanización de los barrios populares.


En esos tres sectores de la ciudad viven algo más de 300 familias que en su mayoría cuenta con el servicio eléctrico a partir de conexiones clandestinas.


“Hay que ver para creer” indicó un integrante de la Mesa de Barrios Populares de la capital provincial al conocerse esta posibilidad que maneja el gobierno provincia. Si bien valoró que es una iniciativa importante para las familias que residen esperan que haya más novedades sobre las obras anunciadas.

Además, recordó que en encuentros realizados con funcionarios municipales también se pidió por obras similares en el barrio 13 de Junio que está ubicada junto al barrio Lavalle, en cercanías de la Unidad Regional Primera de la Policía rionegrina donde residen unas 40 familias.


Sobre los servicios en los barrios populares capitalinos y durante la primera licitación de las obras que se ejecutan en el barrio El Progreso, el intendente Pedro Pesatti señaló que “es esencial derribar los muros invisibles que hay en nuestra sociedad, a partir de la integración de nuestra comunidad”.

En Bariloche piden un gesto con las tasas

Las organizaciones que forman parte de la Mesa de la Tierra de Bariloche alertaron sobre la situación de apremio que viven las familias de bajos ingresos y residentes de “barrios populares” que no pueden pagar las tasas municipales y sus deudas son reclamadas por vía judicial.


En un escrito presentado al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas le pidieron que interceda ante el Ejecutivo y los concejales para “elaborar un plan alternativo a este problema”, que afecta a muchos contribuyentes interesados en mantenerse al día con el fisco.


Señalaron que el endeudamiento se multiplica con el pase indiscriminado a “legales” de las cuentas en mora, lo cual “agrava las deudas con el cobro de honorarios e intereses punitorios”.

Bibiana Alonso, referente de la Mesa de la Tierra y de la Fundación Gente Nueva, afirmó que en muchos casos, donde la gente no tiene titularidad plena del inmueble que habita, el pago de tasas y de impuesto inmobiliario es condición indispensable para ejercer posesión y siempre han sido prolijos en el cumplimiento de esas obligaciones, pero ahora están imposibilitados por la crisis derivada de la pandemia.


“No tenemos datos, pero sabemos que es un porcentaje alto y lo debería tener relevado con más detalle el Instituto”, dijo Alonso.


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