Definieron exigencias para el próximo agente financiero
Fue aprobado con 33 votos a favor. El proceso licitatorio es inminente y demandará entre cinco y seis meses.
Definieron exigencias para el próximo agente financiero
La Legislatura definió ayer las condiciones contractuales del próximo representante financiero de Río Negro, con la aprobación de los pliegos y la inminente puesta en marcha del proceso licitatorio, que se extenderá de cinco a seis meses.
Ese marco de exigencias comprende el pago de un canón por la disponibilidad de la caja provincial, reconocer intereses a depósitos judiciales, garantizar préstamos a la producción rionegrina, y, entre otras, la instalación de once sucursales, y cajeros en localidades de 2.000 habitantes.
El oficialismo logró 33 votos a favor, sumando a los propios siete de las otras bancadas. A la radical Soraya Yahuar, a los dos del Frente Progresista, Jorge Ocampos y Daniela Agostino, y a cuatro del Frente para la Victoria: Ariel Rivero, Maria Maldonado, Elvin Willians y Graciela Holtz. Estas adhesiones peronistas fueron explicadas por el “efecto sucursal”, puntualmente son legisladores de donde se abrirán lugares de atención al público.
El rechazo -13 votos del FpV- se concentró en críticas al plazo (que llegaría a 15 años si se computa una prórroga “no automática” de 5 años), la integración de la Comisión de Seguimiento (se pedían más miembros) y el pedido de incorporación de mejores condiciones. Esos cuestionamientos giraron en torno al actual servicio del Banco Patagonia, insistiendo que los pliegos aprobados “están direccionados” en su favor.
El debate -que se extendió por cuatro horas- lo abrió la legisladora oficialista, Arabela Carreras, que detalló las “buenas noticias” de las condiciones fijadas. Antes, Economía sorprendió con las últimas reformas, entre ellas, la exclusión de la opción de compra por parte de la provincia si el banco-agente financiero ofrece vender acciones. Luego, Ocampos ponderó que el pliego “es superador” al contrato vigente pero pidió precisiones de aquel retiro. El FpV objetó ese abandono. El presidente del bloque de JSRN, Alejandro Palmieri fundamentó que esa clausula figuraba con los contratos anteriores cuando el Estado rionegrino pretendía recuperar su banca pública.
Además, la posición oficialista fue expuesta por Facundo López, Ricardo Arroyo, Viviana Germanier, Rodolfo Cufré, Juan Carlos Apud y Oscar Díaz. López y Arroyo respondieron al justicialista Nicolás Rochas, que lideró la mayor crítica, a pesar que admitió que “el pliego es mejor” al actual y podía “ser bueno” si se sumaban las propuestas de la minoría, como mayor participación en la Comisión de Seguimiento, pues así no va a controlar nada”. López respondió a ese reclamo “participativo” con que en el municipio Roca no hay espacios de debate.
Mario Sabbatella, Marcelo Mango y Alejandro Marinao reafirmaron esa postura crítica, machacando con el extenso plazo del contrato, un pliego a medida del Patagonía y las deficiencias de su servicio.
Nuevas sucursales y beneficios a empleados públicos
+ El pliego garantiza sucursales del próximo agente financiero en once localidades: Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Fernandez Oro, Huergo, Los Menucos, Dina Huapi, Luis Beltrán, Chimpay, Comallo y Valcheta. Todas deben estar instaladas a los cinco años. La mitad deberá estar a los dos años y medio.
+ Los empleados públicos tendrán atención especial, con préstamos especiales y garantías que sus pagos de tarjetas o créditos serán recién descontados después del cobro de los haberes.
+ Los bancos para participar deben tener -como mínimo- tres sucursales en Río Negro. Nueve -en principio- cumplen ese requisito: Patagonía, Nación, La Pampa, de Neuquén, Galicia, Santander Río, Macro, HSBC y BBVA.
+ Se otorga un plazo de 8 meses al agente financiero elegido -si no es el Patagonia- para disponer de la cantidad de sucursales y cajeros vigentes. El pliego original preveía 6 meses, pero se amplió para evitar que fuese un condicionante en favor del Patagonia.
Letras por casi 600 millones
“Parece que fuera necesario distribuir culpas”, dijo la legisladora radical Soraya Yahuar, intentando poner paños fríos a las críticas que -con moderación- sus pares de Juntos Somos Río Negro efectuaron contra las políticas nacionales adjudicándole la responsabilidad en la caída de ingresos a la provincia, para justificar la emisión del Letras del Tesoro, por 598 mil pesos.
También trató de aplacar los duros cuestionamientos del Frente para la Victoria repartidos entre las medidas económicas a nivel nacional y la falta de previsibilidad y ordenamiento del gasto por parte de la gestión de Alberto Weretilneck.
En tanto, el legislador de la bancada de la Coalición Cívica – ARI, Jorge Ocampos apuntó sus cañones hacia la herencia de la gestión kirchnerista, la corrupción, la inflación y el deterioro de las economías regionales que obligaron a la implementación de medidas correctivas por parte de Mauricio Macri.
En ese tenor transcurrió el debate de ayer, referido a la autorización legislativa para que el gobierno rionegrino emita más deuda a corto plazo (12 meses) que totalizará en lo que va de 2016 casi 2 mil millones de pesos.
A pesar de los cruces y las recriminaciones, finalmente el proyecto del Ejecutivo con acuerdo de ministros quedó sancionado en única vuelta.
El miembro informante del oficialismo fue Alfredo Martín, quien se refirió a los inconvenientes que surgieron en la Provincia a raíz de la caída en la recaudación de recursos provenientes de la coparticipación nacional. Argumentó que esta colocación de letras es para financiar el presupuesto, para gastos corrientes, para pagar en tiempo y forma los salarios y el aguinaldo de acá a fin de año.
En el mismo sentido, tanto el presidente de bloque, Alejandro Palmieri, como los legisladores Ricardo Arroyo y Facundo López reforzaron los argumentos de Martín y describieron una abrupta y sostenida caída de recursos de la coparticipación federal. “Nuestros ingresos corrientes están creciendo solamente un 31 por ciento interanual, mientras que los gastos corrientes en estos primeros diez meses están creciendo un 34,8 por ciento”, explicó Palmieri.
Los representantes de los distintos bloques coincidieron en que la medida permitirá que los empleados estatales puedan cobrar sus sueldos.
Con fuertes cuestionamientos a la política económica del Gobierno Nacional, Javier Iud, Mario Sabatella, Marcelo Mango y Alejandro Marinao (FpV) expresaron el acompañamiento al proyecto, aunque advirtieron sobre una “grave situación” y el camino hacia una gran complicación económica y financiera para todos los rionegrinos en el año 2017.
También manifestaron preocupación por el nivel de endeudamiento, la composición entre lo público y lo privada de esos pasivos y el alto costo en intereses que significarán para la Provincia.
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