Del corte de ruta a la protesta gourmet

gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

Con una conciliación obligatoria aceptada hasta el momento por uno de los dos gremios involucrados en la resolución de la Secretaría de Trabajo, el gobierno de Jorge Sapag intenta poner freno a la creciente conflictividad gremial que se vive en esta provincia desde hace varias semanas. La conciliación puede actuar como punto de reencuentro entre representantes del gobierno y dirigentes sindicales para encausar la negociación alrededor de una mesa y no en medio de una ruta. Pero tanto UPCN, que ya aceptó la medida dispuesta por Trabajo, como ATE, que mañana definirá si suspende las medidas de fuerza y concurre el miércoles a la primera cita, esperan una señal favorable del gobierno al planteo de aumento de sueldo para el segundo semestre del año. En el tiempo transcurrido de esta puja por la distribución de los recursos, Sapag ha repetido que las finanzas de la provincia no resisten otro aumento y dio a entender que cerrar la canilla es la única forma de poder cumplir con los pagos que quedan en los meses venideros, incluido el mayor gasto salarial a fin de año con la cancelación del medio aguinaldo. El mensaje del gobernador evolucionó en el mismo sentido que lo hizo la protesta sindical, es decir de menor a mayor. Cuando sólo había movilizaciones en la capital de los estatales y alguna jornada de paro, Sapag pidió paciencia a los dirigentes; cuando ATE resolvió cortar rutas, dijo que no le iban a torcer el brazo. Llegado el desencuentro a este punto, y con la amenaza latente de que los cortes de ruta se repitan, la conciliación permite armar una mesa de diálogo sin que nadie sienta que ha retrocedido totalmente. UPCN aceptó inmediatamente la conciliación, pero ATE abrió un paréntesis antes de responder. Una fuente sindical dijo que para que la dirigencia de ATE concurra el miércoles a la cartera laboral necesita saber, aunque sea de un modo no oficial, que habrá flexibilidad en el planteo del gobierno. Por ese motivo se esperaban contactos informales durante el fin de semana, reconoció la fuente. El frente sindical está dividido desde hace tiempo y se mueve con estrategias diferentes. En el actual conflicto, el único gremio que llevó su protesta a la ruta fue ATE. La presencia de manifestantes en los piquetes no ha sido masiva, pero el efecto de la protesta provocó irritación y hasta incidentes entre vecinos, como sucedió en Villa La Angostura. El rival de ATE, UPCN, también quiere aumento y ha intensificado su presencia en las calles. Este sindicato, más cercano al gobierno provincial, organiza marchas más esporádicas que las de ATE y ensaya protestas gourmet frente a la gobernación. Se trata de concentraciones acompañadas de platos populares, como chorizos a la parrilla y ñoquis. El gremio de los docentes, que no fue incluido en la conciliación dispuesta por la Secretaría de Trabajo, tampoco desarrolló estrategias de cortes de ruta. Para esta semana el sindicato resolvió un paro de 48 horas, una movilización y un acampe en la zona de Casa de Gobierno. Los empleados de la Justicia, que también buscan la forma de no perder poder adquisitivo frente a la inflación, comparten la misma línea de estrategia. Sectores de la oposición no entienden cómo el gobierno dejó avanzar este escenario de conflicto extendido y multisectorial. Argumentan que Sapag está tan pendiente de la política petrolera y de su proyección en la generación de recursos a futuro para la provincia que desatiende cuestiones domésticas vitales de la coyuntura. La clave del razonamiento oficial es la “petroleodependencia”. En el gobierno afirman que para revertir una caída de 1.000 millones de pesos anuales de regalías, producto de la reducción del 30% en la actividad de hidrocarburos, hay que esperar al año próximo, cuando se empiece a notar una recuperación en los ingresos de la renta petrolera producto de una mayor extracción, en particular del crudo. Las autoridades evalúan que al finalizar este año la caída se habrá estabilizado y el 2013 marcará el inicio del repunte. En cinco años, lo dijo el gobernador semanas atrás, se esperan ingresos adicionales por regalías de 7.000 millones de pesos. Fuentes del sector energético revelaron esta semana que esperan para fines de octubre un aumento en el precio de gas de boca de pozo. Se ubicaría entre 4 y 5 dólares el millón de BTU. El discurso del gobierno asociado al vaivén de la renta petrolera para explicar los problemas financieros es el reconocimiento implícito de los límites de un modelo atado fuertemente a un solo sector de la economía. Este impacto de lleno en las finanzas provinciales, hoy como consecuencia de la caída en la producción, lo sufrió con mayor fuerza el exgobernador Felipe Sapag en su última gestión, cuando se desmoronó el precio del crudo en el mercado internacional, con un valor que llegó a un piso de nueve dólares el barril de crudo. Hoy está por encima de los 70 dólares. En aquel momento, los estatales perdieron la mitad del plus por zona desfavorable y la conflictividad social y gremial fue una de las más altas de esa década. Lejos de aquel escenario, el gobierno actual necesita bajar la tensión generada con los sindicatos. El primer paso es sacar a ATE de la ruta y la expectativa para lograrlo está puesta en la instancia que abre la conciliación.