Del Estado terrorista al Estado ausente
Tras el ataque de la patota sindical al Diario RÍO NEGRO, el gobierno rionegrino parece no encontrar nada reprobable en el accionar policial. El cuerpo legislativo ha permanecido ajeno y distante. El Poder Judicial plantea más interrogantes que respuestas.
No es la primera vez que este diario debe enfrentar actos de violencia perpetrados por grupos con motivaciones ideológicas diversas o como secuela de un acto delictivo. En todo el mundo, hay personas predispuestas a imponer sus ideas o defender sus intereses por la fuerza. Fascistas, marxistas o miembros del Ku Klux Klan, qué más da, se escudan en motivaciones teóricamente plausibles para dar rienda suelta a sus instintos predatorios.
Lo que establece una diferencia sustancial en su impacto en la sociedad, es el rol del Estado. Ya sea como actor protagónico en los gobiernos totalitarios o como consecuencia de su capacidad de respuesta en los democráticos, las autoridades son determinantes.
Desde mi experiencia personal, la etapa más violenta y riesgosa para la prensa que recuerdo fue el período enmarcado en el tercer gobierno de Perón y del de su viuda Isabel Martínez. No pretendo generalizar, sino expresar una percepción personal. La comparación entre este período y el posterior bajo la tutela de Videla, demuestra sin duda una magnitud diferente, pero el signado por la Triple A fue mucho más imprevisible y anárquico y no hacía ninguna diferencia entre las organizaciones armadas en lucha, con las personas de ideas de izquierda o liberales.
Durante esa etapa de la vida argentina, RÍO NEGRO soportó diferentes ataques. Uno de ellos, en marzo de 1975, fue con ráfagas de ametralladora disparadas contra la agencia del diario en Neuquén. Los autores fueron un grupo encabezado por un conocido hombre de los servicios, Raúl Guglielminetti.
En tanto en Río Negro, el comandante de Gendarmería Benigno Ardanaz había sido designado jefe de Policía por el entonces gobernador Mario Franco. De ideas fascistas, estaba estrechamente vinculado a José López Rega, secretario de Perón y hombre fuerte del gobierno de Isabel. Al poco tiempo de su designación, al flamante jefe de Policía se le atribuyó la colocación de explosivos en las viviendas de algunos miembros del gabinete de Mario Franco, que consideraba para su gusto demasiado izquierdistas.
Como director del diario, poco después recibí la visita supuestamente protocolar de Ardanaz. En determinado momento la conversación tomó un giro inesperado:
— ¿No teme -me preguntó- que los montoneros le coloquen una bomba en el diario?
— Es posible -le contesté-, pero es más probable que un atentado provenga de la misma agrupación que voló la rotativa de La Voz del Interior en Córdoba, en referencia a la Triple A.
— …porque usted sabe -continuó-, colocar una bomba es muy sencillo. Yo estoy aquí conversando, me voy y al rato vuela todo.
— Me imagino, comandante, que no habrá venido para colocarme una bomba bajo la mesa…
Su respuesta fue lacónica.
— No, no. Hoy no.
También ese mismo año tuve que cumplir una dolorosa misión: identificar el cadáver de mi sobrino Dicky Povedano en la morgue de la ciudad de La Plata. Dicky era socialista y, junto con otros tres estudiantes, repartía volantes en apoyo de una huelga de operarios de la destilería de Ensenada. Fueron secuestrados por parapoliciales en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la Casa de Gobierno ocupada por el sindicalista Victorio Calabró, llevado a un descampado cercano y ametrallado junto con sus compañeros. Tenía en su cuerpo 25 impactos.
Afortunadamente, el Estado terrorista ha desaparecido en Río Negro, pero el reciente y los anteriores episodios de violencia parecen demostrar que solamente ha sido sustituido por el Estado ausente.
La gobernadora Arabela Carreras ha expresado su solidaridad y su rechazo al episodio ocurrido. No tengo dudas respecto de su sinceridad y su genuina preocupación. Pero es la gobernadora. La Policía y, por ende, el personal de la seccional roquense forman parte de su responsabilidad. Y su preocupación debe traducirse en hechos.
Había motivos suficientes para separar a los responsables policiales por la inexplicable conducta asumida durante y después de la invasión al diario. Se debió investigar y hacer público los resultados de la investigación. El silencio hace suponer que la titular del Ejecutivo no ha encontrado nada reprobable en el accionar policial.
Por su parte -salvo algún diputado a título personal- el cuerpo legislativo ha permanecido ajeno y distante, como si los hechos hubiesen ocurrido en otra jurisdicción. En circunstancias similares, otra legislatura más comprometida con su pueblo hubiese interpelado al ministro de Gobierno o designado una comisión investigadora y, fundamentalmente, estaría abocada a analizar si existen razones legales por las que personas violentas de conductas delictivas reiteradas, logren eludir tan fácilmente las consecuencias de sus actos.
Queda por último el Poder Judicial que plantea también ominosos interrogantes. No hay nadie detenido. No hubo formulación de cargos por este ataque. No hay ninguna aclaración de medidas adoptadas que orienten sobre la marcha de la investigación. Hay legítima preocupación porque, una vez más, todo quede en la nada.
¿Actúan de esa forma porque están limitados por normas jurídicas que les impiden proceder de otra manera? ¿Están ellos mismos atemorizados por las eventuales represalias de hampones que no tienen límites en su audacia? ¿O se trata de funcionarios notoriamente incapacitados para cumplir con el rol esencial de la Justicia, como lo es la de proteger la libertad y la seguridad de sus ciudadanos?
Son, por cierto, demasiados interrogantes y muy pocas respuestas.
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