Análisis: Desatinos de Parrilli que revelan la meta de la impunidad

Por Ítalo Pisani

Mientras la epidemia del coronavirus y su indefinida cuarentena tienen en suspenso a la población, envuelta en sus angustias económicas y sanitarias, el kirchnerismo avanza sin disimulo contra toda causa de corrupción que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y sus exfuncionarios.


Oscar Parrilli es el principal exégeta de la estrategia destinada a impactar en el Poder Judicial y -sobre todo- a emitir mensajes a todo funcionario judicial que se atreva a continuar con las investigaciones de los expedientes.


El plan es expresado sin ambages: impedir que haya juicios por corrupción. Oscar Parrilli lo dice en esta entrevista de RÍO NEGRO con su definición en cierta forma contradictoria: “Nadie quiere impunidad, sino que se demuestre claramente que no hubo delito”.


En las palabras del senador neuquino -que siempre habla por Cristina Kirchner-, el objetivo es terminar de una vez con toda evolución que hubieran tenido las causas (Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Memorándum de Irán, etc.). Y como esos avances ocurrieron durante el período de gobierno anterior, el objetivo es alentar una reforma judicial para “terminar con las cloacas de la democracia con Macri”: “manipulaciones a la Justicia, extorsiones y el uso (del área) de Inteligencia y medios de comunicación para perseguir a opositores, sindicalistas, empresarios…”. Hace abstracción, sin embargo, de su paso como jefe de los servicios de inteligencia de Cristina Kirchner, cuando desde ese organismo se espiaba a opositores y se hostigaba a jueces.

Hoy, en la primera línea de avanzada hacia la impunidad, Parrilli embiste contra el fiscal federal Carlos Stornelli y el defensor oficial Gustavo Kollmann por el caso de los Cuadernos, pese a que esta causa dejó un enorme sedimento de evidencias y testimonios que corroboraron las obscenidades descriptas al milímetro por Oscar Centeno.


También actuó nada menos que el Procurador del Tesoro Carlos Zannini (el jefe de los abogados), al pedir -por suerte sin éxito por ahora- la nulidad de la causa del Memorándum con Irán, en la que está procesado y estuvo preso.El colmo fue la orden recibida por la Oficina Anticorrupción (OA), de retirarse como querellante en las causas de lavado de dinero de Hotesur y Los Sauces.


Precisamente una de las frases más inquietantes de Oscar Parrilli que deja la entrevista es esta: “No es preocupante si la OA desistió de un juicio, cuando hubo una OA antes que no se dedicó a investigar a nadie”.


Es claramente censurable si la Oficina Anticorrupción al mando de Laura Alonso hizo mal su trabajo o se hizo la distraída con las causas del macrismo (aunque hay que recordar que bajo la dirección de Alonso, la Oficina fue querellante en la causa contra el exjefe de inteligencia, Gustavo Arribas, vinculada con el escándalo Odebrecht).


¿Cómo es esto de relativizar el deber de un organismo con el argumento de que se ha cumplido mal la función antes?


La OA tiene la obligación de investigar y perseguir casos de corrupción en el ámbito de la administración pública. Al no hacerlo, pierde todo derecho a eventuales apelaciones.


Pero lo más grave es que infringe artículos del Código Penal y su indiferencia le produce un daño, tal vez letal, a causas clave. Incurre en el delito de prevaricato.


El desatino de Parrilli solo abona la idea de la impunidad como única meta.


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