Descubren estafa multimillonaria a la Anses

BUENOS AIRES.- En un informe de unas once cariilas, elaborado por el Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se dieron a conocer “maniobras” e “irregularidades” de todo tipo para inflar las deudas de la Anses en numerosos reclamos de actualización de haberes o para cobrarlos más rápido, “con embargos superiores a 1.000.000 de pesos”, cada uno.

El informe fue publicado por ayer por el matutino “La Nación” y pone de manifiesto la estrecha colaboración entre los abogados de la Anses y algunos letrados para “agilizar” los reclamos de las denuncias contra el organismo previsional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, al enterarse de todas estas maniobras, ordenó el desplazamiento inmediato de los dos secretarios del juzgado 3 del fuero federal de la Seguridad Social, que ya había quedado vacante porque Alberto Ize renunció a la subrogancia poco después del incidente con el jubilado que le preguntó cuánto tenía que pagar para cobrar.

La actuación del juez Ize y de los dos secretarios, Fernando Mora y Emmanuel Catardo, quedó bajo la lupa en por lo menos cuatro denuncias penales por presunta estafa, robo de documentos públicos y otros delitos, así como también en el Consejo de la Magistratura, según verificó La Nación.

Las sospechas sobre lo ocurrido en ese juzgado registraron un giro inesperado, sin embargo, cuando Catardo defendió su inocencia y pasó a la ofensiva. Denunció “pactos espurios” de letrados de la Anses con “algunos abogados” que, otra vez, perjudican a las arcas del Estado nacional, en lo que configuraría una nueva versión de la “industria del juicio”.

“Pude comprobar que los abogados de la Anses tienen una actitud permisiva con los expedientes de algunos letrados, mientras que con otros son más estrictos, a tal punto que se puede observar que a estos últimos les apelan hasta dos veces la misma liquidación”, acusó, mediante un escrito que presentó ante el Cuerpo de Auditores. Es decir, que los juicios de algunos abogados avanzarían por una autopista para cobrar, mientras otros quedan atascados durante años.

Las diferentes velocidades en la administración de justicia encarnan un factor clave en un fuero que bordea el colapso desde ya hace varios años.

Sólo entre febrero y junio de este año, se iniciaron más de 47.000 nuevos reclamos, mientras que se tramitan un total de cerca de 330.000 expedientes.

El dinero en disputa por los juicios de actualizaciones de haberes jubilatorios, sobre el que ahora crecen las sospechas en la Justicia, es gigantesco.

Según el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, pagar las diferencias a todo el sector –no sólo a aquellos jubilados que iniciaron acciones legales– costaría al estado unos 12.000 millones de pesos anuales, lo que aumentaría otros 22.400 millones de pesos si se aprobara el proyecto para otorgar el 82 por ciento móvil a todos los jubilados, como impulsan ahora los bloques principales de la oposición política. Un cifra global que rondaría, entonces, los 36.400 millones de pesos al año.

Existen cerca de 330.000 demandas por actualizaciones por parte de los jubilados.