Desde el sector privado no son optimistas con la reglamentación

A finales de noviembre del año pasado el Senado sancionó, por unanimidad, la ley 27.424 de generación distribuida con energías renovables integrada a la red eléctrica pública. Y de esta manera cerró el decretado año de las renovables de manera optimista de cara al 2018. Sin embargo, la reglamentación se hizo esperar y pasó casi un año para que el gobierno haga el anuncio.

Ante la falta de políticas nacionales que indiquen los lineamientos para esta alternativa, algunas provincias ya contaban con sus propias normas, incluso antes de que la ley ganará la mayoría en el Senado.

Neuquén es una de ellas, en mayo del 2016 sancionó la ley 3.006 para establecer las condiciones para la conexión a las redes de energía eléctrica por medio de instalaciones de energía renovable pertenecientes a usuarios. Ahora para adherirse planea discutir en la legislatura qué hacer con la ley vigente. Hay dos escenarios, adaptarla o derogarla.

El presidente del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), Francisco Zambón aseguró que se encuentran trabajando para subscribir a la provincia a la ley nacional y reconoció que “si bien tienen el mismo objetivo, hay algunos detalles que no son exactamente iguales y requieren un estudio previo, en la legislatura se definirá si será una adhesión lisa y llana que derogue la provincial o hacer una adición más profunda ajustando cuestiones generales”.

Una de las diferencias más importantes entre ambas legislaciones es que la provincial establece por ley cuál es el límite que se considera generación distribuida. La nacional no fija ese límite.

Además, según la nacional, el costo que se le reconoce al usuario generador para vender el excedente de su generación es el mismo que el que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. La provincia solo habla de costo de abastecimiento distribuido que puede ser diferente el monto.

“La gran diferencia es que la ley provincial establece el fomento económico en forma genérica, la ley nacional crea el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS), para asignar créditos”, sostuvo Zambón.

En la reglamentación el gobierno anunció que destinará 800 millones para promocionar el programa. 500 millones para usuarios residenciales y los 300 millones restantes para empresas y comercios.

“Definitivamente el gran incentivo para que la provincia se adhiera es que se le da la posibilidad a que los usuarios de las provincias puedan acceder a los beneficios económicos, financieros y de fomento que ofrece nación”, cerró Zambón.

En la legislatura provincial quedan solo cuatro sesiones antes del receso y las últimas dos serán destinadas a discutir el presupuesto 2019. La intención de las autoridades provinciales es avanzar antes de fin de año, pero el escenario es adverso.

En números

Desde una de las empresas referentes en materia de energías renovables de la región mostraron su descontento con las nuevas condiciones que regulan la generación distribuida.

“Dilataron mucho los tiempos sin sentido, por más que se reglamente desde nación, las últimas autoridades de aplicación son las distribuidoras o las provincias. Es algo que se viene discutiendo en Buenos Aires desde que era Ministerio de Energía”, manifestó el socio gerente de GR Energía, Gonzalo Rodríguez en dialogo con “Río Negro Energía”.

Además, reconoció que las condiciones presentan una desventaja para el usuario porque lo que inyectan a la red se lo pagan en precio mayorista y de esa manera “el período de recuperación de la inversión es incierto”.

Cuando salió la reglamentación, desde la cartera Energías Renovables que dirige Sebastián Kind

expresaron que el costo que debería afrontar un usuario residencial era recuperable en un plazo de siete años.

Sobre esto, Rodríguez opinó que con un dólar en el orden de los 30 pesos el tiempo de recuperación de la inversión rondaba en los nueve años.

“Para calcular el tiempo se necesitan saber la cotización del dólar en ese período, cuánto va a costar la energía y a cuánto nos van a comprar la energía que inyectemos al sistema de las redes públicas. Hoy nadie sabe eso”, aseguró.

Por último, reconoció que las empresas que van a aprovechar esto son las que tienen interés en responsabilidad social empresaria. “Para los que no miran solo el factor económico en las inversiones sirve. El marketing de lo renovable es bastante grande”, concluyó.

“Si se plantea de esta manera la reglamentación al usuario no le conviene inyectar a la red, sólo le sirve el autoconsumo”,,

opinó el socio gerente de la empresa GR Energía, Gonzalo Rodríguez.

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