Desestimaron una acción penal contra funcionarios en 24 horas

Desestimaron una acción penal contra funcionarios en 24 horas

El juez de Instrucción Marcos Burgos desestimó en 24 horas la promoción de acción penal, que había formulado el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, para investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Valeri, del secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, y el funcionario del DPA, Fernando Curetti.

En la promoción de acción penal, el fiscal había imputado además al presidente de la empresa Patagonia Energía SA, Nicolás Van Dittmar y dos directores de la firma como presuntos autores del daño ambiental, que provocó la obra del tendido subterráneo de la línea de media tensión desde la central hidroeléctrica sobre el río Escondido, que pertenece al magnate inglés Joseph Lewis, hasta la usina de El Bolsón.

A partir de una consulta de “DeBariloche”, Burgos informó ayer -por intermedio de la oficina de prensa del Poder Judicial- que Arrien presentó la promoción de acción penal el 28 de diciembre pasado y que el 29 de diciembre la rechazó “porque los hechos objetos delimitados en la promoción de acción penal y sus circunstancias fácticas no constituyen delito”.

Explicó que el 30 de diciembre último hubo asueto y, después, empezó la feria judicial de enero. Por eso, desde el Juzgado de Instrucción 6, a cargo de Burgos, notificaron esta semana a la fiscalía de la resolución que desestimó la promoción de acción penal.

Arrien había pedido una medida de no innovar que quedó sin efecto con el rechazo de la promoción.

De todos modos, fuentes del Ministerio Público Fiscal afirmaron ayer que Arrien apelará la resolución de Burgos, que bloqueó la posibilidad de iniciar la investigación para establecer si los funcionarios denunciados incumplieron con su deber de controlar los trabajos del electroducto construido por la empresa vinculada al magnate inglés.

Recordaron que a principios de agosto pasado el referente nacional de Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, junto con varios ciudadanos de organizaciones ambientalistas y sociales de El Bolsón y pobladores de Mallín Ahogado, presentaron una denuncia penal en la Unidad Temática Fiscal 3 de Bariloche contra funcionarios del gobierno provincial. Además, denunciaron a Lewis por los daños y usurpación de aguas. Semanas después, derivaron la denuncia a la fiscalía de El Bolsón.

Las fuentes aseguraron que Arrien recibió testimonios de pobladores que advirtieron daños, alteración del curso de agua y desmontes por los trabajos del electroducto. Arrien recorrió los lugares y pidió informes a los organismos provinciales.

Después, promovió la acción penal, pero excluyó al gobernador Alberto Weretilneck y a Lewis. Sólo imputó a los funcionarios que para el fiscal tienen la responsabilidad de controlar la obra, que ejecuta la empresa Patagonia Energía para proveer energía desde la central hidroeléctrica de Lewis al sistema interconectado nacional. El objetivo es venderle energía a la empresa mayorista Cammesa.

Recordaron que la obra comenzó en abril pasado sin ningún tipo de autorización. Las fuentes afirmaron que sólo el municipio de El Bolsón les dio los permisos para abrir las calles.

La ley 4615, sancionada a finales de 2010, durante el gobierno de Miguel Saiz, otorgó a la empresa Central Hidroeléctrica Lago Escondido SA la concesión del uso de agua del río Escondido “con destino a la prestación de un servicio de utilidad pública” por un plazo de treinta años. Allí se establecía que las obras deberían estar listas en un plazo máximo de cinco años a contar desde la sanción de la ley. El permiso caducó en diciembre de 2015. Las fuentes señalaron que sólo falta el tramo de una reserva del INTA, que aún no les dio autorización.