Deuda externa injusta, discriminación interna y extractivismo
Magdalena Odarda (*)
El 7 de este mes, el Senado nacional aprobó un proyecto de ley que declara de orden público los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana que establece la Resolución A/RES/69/319 de la ONU. El principio 9 dispone que “la reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores”. Es legítimo y justo que el Poder Ejecutivo Nacional solicite de los acreedores externos un trato digno y les reclame condiciones equitativas, pero lamentablemente maneja otros criterios a la hora de tratar a las provincias que integran la Nación. Hace pocos meses la Provincia de Río Negro fue injustamente castigada y discriminada al no resultar convocada en tiempo y forma para renegociar su deuda pública a través del plan de desendeudamiento. Cuando cuatro gobernadores de distintas provincias objetaron la ley nacional de hidrocarburos, la manera de presionarlos fue, justamente, no convocarlos a renegociar su deuda y amenazarlos con descontar montos de la coparticipación de cada una de esas provincias. Luego, en período electoral, el comportamiento fue el mismo. A Río Negro se le descontaron de la coparticipación, entre abril y mayo, aproximadamente, 54 millones de pesos; después, 29 millones más en julio. Este trato discriminatorio y arbitrario afecta directamente al pueblo rionegrino. Nuestro país viene poniendo en funcionamiento, para cumplir sus obligaciones, una lógica anacrónica que nos lleva a pagar la deuda vieja con deuda nueva. Durante los 90 se pagaba a través de la privatización de las empresas públicas; aun así no alcanzó para pagar todos los intereses y la deuda siguió creciendo indiscriminadamente. Hoy, en cambio, se pretende abonar los intereses y las próximas deudas a través de la industria extractivista: el gas y el petróleo no convencional, la megaminería contaminante, la siembra de alimentos transgénicos, el uso de agrotóxicos y los bosques nativos arrasados para ampliar la frontera agrícola intensiva. Esa parece ser la forma en que pretenderemos pagar nuestra futura deuda externa. Es preciso tener en cuenta que la historia de la deuda externa es la historia de una gran estafa en la historia argentina que, lamentablemente, se ha perpetuado en el tiempo. Esta cita le corresponde al doctor Alejandro Olmos Gaona, hijo de aquel ciudadano que dedicó dieciocho años de su vida –enfermo y muchas veces en soledad– a desentrañar esa deuda a la cual llamó luego el juez Ballesteros “ilegítima, ilegal, fraudulenta e inmoral”. Esta gran estafa afectó, evidentemente, los derechos humanos de millones de argentinos. Ya en el blindaje del 2000 el FMI puso como condición el congelamiento del gasto público nacional y provincial por cinco años, la reforma del sistema previsional –que llevó la edad jubilatoria a los 65 años– y recortes en educación y en salud. También nos dijeron que esta política de desendeudamiento que significaban los llamados “canjes” del 2005 y el 2010 eran eso: desendeudamiento. Lo que no nos dijeron es que nos endeudábamos con la Anses y el Banco Central y que así afectábamos los ahorros de nuestros trabajadores y de nuestros jubilados; esos recursos podrían haber sido destinados a pagar el 82% móvil o los miles de sentencias que aún esperan ser cobradas por muchos jubilados. Quiero finalizar con palabras del papa Francisco: “Es imposible seguir tolerando que los mercados financieros gobiernen la suerte de los pueblos. Pocos prosperan recurriendo a las especulaciones financieras, mientras muchos son los que sufren duramente sus consecuencias”. (*) Senadora nacional
