Dinero, promesas y contactos: cómo hizo Báez para acumular causas y seguir libre

La historia judicial del titular de ODEL, el grupo de la CTA que esta semana atacó a RÍO NEGRO. Enfrentó ocho causas penales y hasta ahora sólo registra una condena en suspenso.





Miguel Báez se jactó el viernes al mediodía, en medio de una nueva intimidación a trabajadores de RÍO NEGRO, de poder caminar por las calles de Roca con la frente en alto.

Pero esa tranquilidad que buscó transmitir el dirigente de la CTA Autónoma convive con un pesado historial de procesos judiciales. El líder de la Organización de Desocupados en Lucha enfrentó ocho causas penales en los últimos cinco años, una de las cuales terminó a mediados del año pasado con una condena.

Es evidente que esos antecedentes acumulados en los tribunales provinciales y federales no representan una preocupación para el referente de la central obrera, que luego de la violenta irrupción de sus allegados en el edificio de RÍO NEGRO, cerró la semana enfrentando a un equipo periodístico del diario, prometiendo que “ya nos vamos a ver las caras”.

Báez tiene cuatro causas cerradas y tres en trámite dentro del Poder Judicial de Río Negro.

El expediente en la Justicia Federal es uno solo, pero eso no significa que se lo investigó por un episodio en particular. En realidad, tanto Báez como otros 13 referentes de la CTA Autónoma lograron un acuerdo para una suspensión de juicio a prueba, en la que se agruparon unos 30 hechos ocurridos en distintos puntos de la región y que terminaron con denuncias penales (ver aparte).

En el ámbito provincial, las promesas de buen comportamiento y el dinero en efectivo fueron los salvoconductos que le permitieron al titular de ODEL evitar juicios y posibles condenas en tres causas.

El 6 de agosto del 2019 llegó a un acuerdo con el periodista Luis Leiva, quien lo había denunciado por amenazas el 20 de febrero de ese año.

Está claro que ese criterio de oportunidad aplicado -basado en el compromiso de que no existan más amedrentamientos- no hizo mella para que Báez y ODEL dejaran de hostigar al trabajador de prensa. Militantes de la organización intentaron agredirlo en una conferencia de prensa realizada en octubre de ese mismo año frente a la comisaría Tercera, donde Báez permanecía detenido por incidentes en el municipio de Roca.

Y si algo faltaba para confirmar la decisión de atacarlo, esta semana las violentas protestas en tribunales y en la sede del diario incluyeron afiches con el rostro del periodista, además de las pintadas con su nombre y de las amenazas por su trabajo en el caso más reciente que involucra a Báez.

Pero antes, el 31 de octubre del 2018, el titular de ODEL ya había evitado complicaciones judiciales mayores.

Una reparación económica por la suma total de $10.000 distribuidos en $7.000 para el Municipio de General Roca y $1000 para cada una de las tres víctimas le permitió que se aplique una suspensión de juicio a prueba por los incidentes que había protagonizado el 19 diciembre del 2016 en la sede del gobierno roquense.

Esa mañana Báez formó parte del grupo liderado por Rodolfo Aguiar, que ingresó violentamente al edificio de calle Mitre al 700 y provocó heridas a un policía y a dos empleadas del municipio.

Golpes y empujones en el municipio de Roca, a fines del 2016.

Los ataques a policías son una constante en el historial judicial de Báez.

La otra causa cerrada con un criterio de oportunidad fue la originada por los desmanes ocurridos en la Legislatura provincial el 24 de mayo del 2017. Ese día el parlamento se preparaba para aprobar el Plan Castello y la violenta manifestación de ATE y la CTA terminó con varios uniformados heridos.

La agresión más impactante la padeció Antonio Mandagaray. A Báez se le imputó específicamente haber arrojado piedras contra personal policial, una de las cuales impactó en el rostro del comisario mayor, aunque las heridas fueron calificadas como leves.

Después de estar prófugo, el titular de ODEL fue detenido por algunos días, igual que Aguiar y el entonces adjunto, Aldo Capretti.

Finalmente, fueron los agentes policiales quienes en agosto del 2018 se presentaron en el Ministerio Público Fiscal con el patrocinio del abogado Damián Torres para dar a conocer su voluntad para la realización de un criterio de oportunidad que le permita al MPF prescindir de la acción penal y solicitar el posterior sobreseimiento, siempre y cuando se haya concretado las pautas acordadas.

Una reparación económica de 450.000 pesos para una de las víctimas y la suma de 100.000 pesos para las restantes puso fin al proceso. Nadie puede responder todavía cómo hizo un “desocupado” para reunir esa suma de dinero.

El ataque al comisario Mandagaray, en mayo del 2017 en Viedma.

Los ataques a la Policía se dieron también en la delegación del Ministerio de Gobierno en Roca, donde otro agente terminó con una grave lesión en un ojo. Y esa causa, unificada con la abierta en octubre del 2019, cuando volvió a protagonizar incidentes en el municipio, fue la que condujo a la única condena firme que pesa sobre Báez hasta el momento.

El 18 de agosto del año pasado, el juez Emilio Stadler homologó la sentencia por la cual se impuso al dirigente de la CTA una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso.

La ejecución fue condicional precisamente porque en ese momento -y a pesar del extenso listado de denuncias y causas en las que estuvo involucrado, sus antecedentes penales estaban “limpios”.

“Turbación a los derechos de tenencia, perturbación al ejercicio de la función pública, instigación a cometer delitos y desobediencia a un funcionario público, todo ello en calidad de autor y daño reiterado en una oportunidad (dos hechos) a título de instigador; todo, en concurso real”, fue la calificación legal en este proceso.


Las tres causas que aún están en trámite


Además de las cuatro causas cerradas, tres legajos más se mantienen en trámite, con Miguel Báez como protagonista.

Una de ellas se inició con la denuncia por abuso sexual simple, por la cual le formularon cargos el martes pasado. Esa audiencia fue la que motivó la movilización de militantes de ODEL de toda la región, quienes provocaron destrozos primero en la Ciudad Judicial y luego en la sede de RÍO NEGRO.

Relacionada con ese caso, en otro expediente se investiga a Báez por el delito de amenazas simples. La denuncia la presentó una mujer en agosto del 2020 y recientemente se requirió una nueva audiencia de formulación de cargos por este legajo, porque a la primera no asistió por no estar debidamente notificado.

Finalmente, Báez enfrenta una causa por no respetar el aislamiento en el marco de la pandemia por covid-19. El proceso se inició el 27 de septiembre pasado y fuentes judiciales estimaron que -como la mayoría de estos casos- todo culminará en la aplicación de otro criterio de oportunidad.

El martes, además del ataque a Río Negro hubo roturas en el edificio de la Justicia.

Cuatro pedidos para que le revoquen una probation


Cuatro pedidos presentó hasta el momento el abogado Nicolás Suárez Colman, para que se revoque la probation que la Justicia Federal de Roca concedió a Miguel Báez en septiembre del 2018.

El querellante en ese proceso considera que el referente gremial incumplió en forma reiterada las pautas de conducta fijadas en el acuerdo.

El titular de ODEL fue uno de los 14 dirigentes de la CTA que se comprometió a no cometer delitos por dos años, además de donar 250.000 pesos al hospital de Roca y realizar mejoras en distintos edificios públicos para evitar que lleguen a juicio diferentes causas penales que tramitaban en la Justicia Federal.

Los expedientes se habían originado en numerosas manifestaciones realizadas por la CTA Autónoma en el Alto Valle, muchas de ellas bajo modalidades violentas que implicaron agresiones e intimidaciones a funcionarios y empleados. 

El secretario general de la CTA, Rodolfo Aguiar, y los demás dirigentes estaban imputados por delitos de usurpación, lesiones, lesiones graves, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El último pedido de Suárez Colman fue en octubre del 2020, describiendo que Aguiar y Báez habían protagonizado un violento reclamo frente a la comisaría Tercera, para exigir la liberación de personas detenidas durante el desalojo de la toma de las tierras de la Asociación Tiro Federal.


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