Distancia política

alicia miller amiller@rionegro.com.ar

El caso de la doble percepción de jubilación y dieta en que incurrió el diputado nacional Oscar Albrieu durante casi dos años desató esta semana una notoria irritación en la ciudadanía, que volvió a reclamar austeridad y transparencia a sus representantes. Es probable que, para Albrieu, el suceso tenga efectos políticos. Pero, sin disculparlo, es bueno decir que su caso no es único en su tipo. Temas similares se plantean una y otra vez, pero en forma espasmódica. Van del escándalo al silencio, sin que nadie pueda –o quiera– diseñar una salida viable y duradera. En una democracia representativa, el voto de los ciudadanos convierte a un grupo de personas en autoridades, investidas de poder para disponer de la gestión y los recursos del Estado. Tal poder se traduce pronto en una modificación drástica del modo de vida de esas personas, cuyos ingresos la mayoría de las veces correspondían a los de la clase media. De un día para otro, el cargo público les otorga la posibilidad de disponer de autos de alta gama, choferes, secretarias, colaboradores dispuestos a cumplir sus órdenes sin objeción y empresarios deseosos de halagarlos a cambio de obtener contratos. Es decir, les da la posibilidad de disfrutar y decidir respecto de bienes por un valor muy superior a los que sumarían en toda su vida como patrimonio personal. Esa transformación genera una distancia política indeseada: el ciudadano elegido se aleja de quienes lo votaron y hasta de su “yo” anterior, incluso de sus valores y marco teórico previos. Esto justifica las amplísimas facultades de control que la Constitución otorga a los órganos estatales específicos y a la prensa, que resulta el mediador y vehículo de la vigilancia ciudadana. Se presupone que el poder –entendido no en su faceta inmaterial sino en su vínculo con el dinero y la capacidad de tomar decisiones económicas– ejerce un influjo psicológico importante sobre las personas. Una “fiebre” que puede incluso llevarlas a suponer que nadie se atreverá a investigar lo que hacen a puertas cerradas ni a objetar su estilo de vida. Llegan a creer que lo merecen. Todo esto deriva de un histórico malentendido. Cuando se estableció que en un sistema republicano el sueldo de los funcionarios fuera generoso se buscó posibilitar que no sólo las personas ricas pudieran dedicarse a la política sino todas las interesadas en la vida del Estado. Pero incurren en un error quienes pregonan que debe ser tan generoso o secreto como lo es con frecuencia en la actualidad. Es deseable que el servicio público no implique una pérdida económica, pero no hacerlo tan atractivo que abandonar el cargo –por fin del mandato, renuncia o relevo– suponga una dolorosa degradación del estilo de vida. A cualquiera le cuesta adecuar el bolsillo a una súbita estrechez. Una buena opción sería pagarle a cada funcionario lo mismo que ganó en el último año de su vida “civil”, aunque las distorsiones que implicaría entre cargos y funciones lo vuelven imposible. No obstante, también es malo concluir que, en momentos en que la presión impositiva, la inflación o la reducción en la actividad deterioran el ingreso de cualquier empresario, cuentapropista o empleado del sector privado, los funcionarios viven tan a resguardo de los avatares de la economía que no pueden siquiera medir el efecto que sus propias decisiones tienen para la ciudadanía. Cuesta mucho resolver cuál sería el sueldo “ideal” para un funcionario. En principio, porque la percepción de si es excesivo, adecuado o bajo dependerá de cuánto percibe, a su vez, quien opina. Pero, más allá de las cifras, molesta que la remuneración de los cargos políticos del Estado no resulte de un consenso social sino de la “autoasignación” de un reducido grupo de dirigentes. El verdadero privilegio, entonces, es ser el beneficiario de la norma que uno mismo redacta, tener influencia sobre quien la aplica o sobre quien la interpreta. Así, el principio de igualdad ante la ley distingue en beneficio de quienes ocupan cargos de poder en: • El no pago del impuesto a las Ganancias. Amparados en una cláusula constitucional que busca evitar presiones a jueces y fiscales, no pagan ese gravamen funcionarios judiciales hasta la categoría de jefe de Despacho. La interpretación constituye un exceso ya que alcanza a personas cuya tarea no pone en juego la independencia judicial. • Impedidos de imitar a los jueces, en los organismos de control, la Legislatura y el Ejecutivo los funcionarios dictan normas para preservarse de pagar Ganancias, dejando fuera de la base imponible parte de su ingreso, calificándola como asignaciones no remunerativas. Esta opción le está vedada al común de la gente. • Los funcionarios tienen, además de su sueldo, otros beneficios económicos: pasajes de avión, vales de nafta, choferes, comunicaciones telefónicas fijas y por celulares, alquileres de viviendas, alquiler de aviones, secretarios. • Los gastos reservados constituyen una afrenta a la publicidad de los actos de gobierno. Son –en el mejor de los casos– una transferencia de recursos estatales a la actividad de los partidos políticos y –en el peor– un plus indebido al ingreso personal de quien los percibe. • La posibilidad de definir la política previsional del sector. Así, se han reducido requisitos y años de aportes o elevado el porcentaje del haber respecto del sueldo activo. Al adherir a la ley nacional que fijó el 82% móvil a los jueces, varios magistrados rionegrinos pretendían que se les pagara la diferencia de aportes. No fue así, pero el Estado les financia esa diferencia, que se descuenta del pago de la jubilación. Cualquier trabajador común debe resignarse a cobrar el 40 ó 50% de su haber activo, sobre todo si se le abonan sumas no remunerativas. • La facultad de designar a familiares y amigos sin exigencia de idoneidad, que quedan vinculados al Estado incluso cuando la estrella política del “padrino” se apaga o debilita. Todo esto aumenta la distancia entre el gobernante y los gobernados, entre los electores y los funcionarios elegidos, que subvierte cualquier principio republicano. Es lógico suponer que el radicalismo rionegrino, que ocupó durante 28 años el gobierno de la provincia, sintiera dificultad para percibir la diferencia entre Estado y partido, entre bienes públicos y privados, entre ejercicio legítimo del poder y su abuso. No casualmente la última gestión de ese período terminó con casi 60 funcionarios denunciados por delitos de corrupción. La gestión que Alberto Weretilneck heredó tras la muerte de Carlos Soria es relativamente joven. Pero la justificación que el propio mandatario formuló ante el caso Albrieu habla pobremente de su disposición a evitar caer en males conocidos. El mejor modo, dentro de un sistema republicano, para evitar que las autoridades se “mareen” con el dinero o el poder es la alternancia. En términos ideales: un partido gana, los de la oposición, la prensa y la ciudadanía controlan el cumplimiento de las promesas electorales y la efectividad de las políticas dispuestas para cumplir los objetivos. El partido de gobierno sufre un desgaste por la propia dinámica de la gestión y, tras uno o a lo sumo dos períodos, es lógico suponer que pierda las elecciones y asuma otro, haciendo que la historia se repita. Cuanto más cortos sean esos ciclos, más control habrá y menos tentación para aprovechar el poder en beneficio propio.

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