Pidieron 50 años de prisión para Forno por liderar la megabanda
La fiscalía solicitó las condenas más altas para todos los imputados. Explicaron que la violencia desplegada generó daño psicológico en las víctimas. Los defensores plantearon que los pedidos son desproporcionados. Por cada caso pidieron los mínimos previstos en el Código Penal.
Los integrantes de la banda liderada por forno durante el juicio. Foto: Archivo
El juicio por asociación ilícita contra la denominada megabanda liderada por José “Chiqui” Forno tuvo su cierre en una prolongada audiencia donde el equipo de la fiscalía y la querella, y las defensas públicas y privadas de los imputados solicitaron las penas que creen correspondientes. La acusación solicitó 50 años de prisión para Forno. Es la condena máxima que prevé el Código Penal de la Nación.A todos los imputados les solicitaron penas de prisión efectiva.
Desde donde se lo mire, el proceso judicial contra la “megabanda” que se dedicaba a realizar entraderas y boquetes en Cipolletti, Regina y Cinco Saltos, fue maratónico. Hubo cerca de 40 audiencias de juicio, se aportaron las declaraciones de casi 200 testigos y 15 imputados por 17 hechos, todos fueron declarados responsables por 15 episodios. Los alegatos de ayer no fueron excepción: los acusadores solicitaron penas altísimas.
En concreto el fiscal del caso, Guillermo Merlo, fue quien abrió la locución y explicó que el grupo delictivo tenía tres niveles de operación. En el primero se hallaba el ex empleado judicial Forno y aclaró que sus colaboradores directos eran Aníbal Muñoz y PabloMeneses, para quienes los fiscales pidieron condenas de 40 años para cada uno.
En un segundo estrato estaban otros seis imputados que ejecutaban las entraderas y los boquetes, y en un último nivel había otros seis colaboradores ocasionales que participaron en la comisión de una menor cantidad de hechos. A ellos los fiscales les solicitaron condenas de 5, 7, 10, 15, 18, 22, 30 y 35 años.
El dato
- 15
- fueron los imputados por asociación ilícita. Sandro Gerez Derves, uno de ellos, está préfugo de la justicia.
Para fundamentar los montos el fiscal jefe, Gustavo Herrera, explicó las calificaciones legales y puntualizó que todos fueron hechos agravados: fueron en banda, algunos en poblado y otros en despoblado.
Destacó la violencia inusitada que se desplegó en algunas entraderas y que hubo víctimas ancianas, mujeres y también en presencia de algunos niños. Por último alegó que el daño psicológico generado en estas personas fue muy grave:“Fue un mazazo en la psiquis de las víctimas”.
A su turno los defensores cuestionaron los fundamentos y consideraron que las penas solicitadas no son razonables y desproporcionadas. El defensor público Juan Pablo Piombo criticó que “por matar se puede dar ocho pero por robar 20, 30 y 40 años, no es razonable. Este pedido de penas genera expectativas en la sociedad”, indicó. En ese contexto los abogados solicitaron los mínimos previstos para cada uno de los imputados.
Comentarios