“Eco de un pueblo”
Creemos que la creciente situación de inseguridad que vive la sociedad en su conjunto tiene diversos orígenes que han llevado a esta realidad cada día más acuciante, además del permanente aumento del delito. En el Estado republicano, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, democráticamente elegidos. La república está fundamentada en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La seguridad interior le corresponde a la Policía, que actúa bajo la esfera del Poder Judicial. Ahora bien, cuando las fuerzas del orden interior se ven desbordadas por el delito, el Estado puede convocar otras fuerzas para reencauzar el orden alterado (por ejemplo: Gendarmería, Ejército, Prefectura). Esta potestad del Estado es ejercida de manera excepcional. En lo habitual el Estado nacional delega en las provincias el control interno a través de sus policías provinciales. Desde hace un tiempo, las policías provinciales se encuentran afectadas por una falta de operatividad, producto de presupuestos reducidos, salarios magros y atrasados, falta de personal, etcétera, que modifican cualitativamente la prestación de sus servicios. Esto provocó que surgiera en la sociedad la figura de “adicionales policiales” o la contratación de efectivos de seguridad privada por parte de la sociedad. Es decir: el personal policial es autorizado por la fuerza a realizar, en sus horarios libres, servicios de vigilancia privada y por ello percibe adicionales que provienen de las personas o empresas que lo contratan. En el caso de seguridad privada, la sociedad prescinde del servicio policial para dejarlo en manos de empresas privadas que cumplen las tareas que en condiciones normales debieran ser competencia de la fuerza policial. Esto ha ocurrido en todos los planos en donde el deber del Estado debiera ser indelegable, a saber: salud, seguridad, educación, vivienda. Cuando le pregunto a alguna madre por qué envía sus hijos a un colegio privado, la invariable respuesta se repite una y otra vez: “Porque no hacen paros”, y luego como aporte a este razonamiento agregan: “Además, la calidad de la educación es mejor”. Podrá ser en algunos casos, pero no podemos generalizar este concepto. El mejor aporte a la pérdida de calidad pública educativa lo ha conformado la opción por parte de la sociedad de estructuras educativas extraestatales. Con la salud ha ocurrido de igual forma. Pero en el caso de la seguridad el tema es más preocupante. Están en juego no sólo los bienes de la sociedad sino también sus vidas. Aceptar que el Estado no puede hacerse cargo de sus misiones indelegables (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es comenzar a aceptar un Estado de anarquía en el que cada uno considere y ponga en práctica los métodos que mejor respondan a sus intereses. Aceptar que existan grupos de seguridad vecinal organizada y llevada a la práctica por personas que en muchos casos no tienen la debida instrucción sobre el tema es aceptar la existencia de grupos parapoliciales, que seguramente pueden ser más dañinos que el mismo delito que se combate. Creo firmemente que es el Estado en sus distintas representaciones, nacional, provincial y comunal, el que debe ocuparse de la seguridad de sus habitantes. Es la única garantía de la aplicación de la ley sin provocar excesos. Liliana Villegas DNI 14.800.219 Vecina autoconvocada Cipolletti
Liliana Villegas DNI 14.800.219 Vecina autoconvocada Cipolletti
