Proyectos por US$150.000 millones y caída de la inversión real: las dos velocidades de la economía argentina
Mientras el Gobierno acumula planes de inversión a largo plazo en energía y minería bajo el RIGI, la inversión bruta interna retrocede y el riesgo país superó los 510 puntos básicos. El impacto de la volatilidad política en los bonos, el piso de la inflación por tarifas y la radiografía de la morosidad crediticia.
La economía argentina transita una marcada dinámica a dos velocidades. Por un lado, las expectativas de desembolsos a mediano plazo bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya suman cerca de 50 proyectos por US$150.000 millones, con el ingreso del Argentina LNG como estandarte. En la vereda opuesta, la inversión bruta interna sigue en terreno negativo, la industria no consolida su reactivación y el riesgo país superó los 510 puntos básicos, reflejando la cautela de los mercados internacionales.
El periodista especializado en economía Pablo Wende analizó este escenario en su columna habitual de RÍO NEGRO RADIO, donde explicó las causas del desacople entre los anuncios millonarios y la coyuntura productiva:
«Cae la inversión bruta y sin embargo hay muchos preyectos para adelante. No es contradictorio: el RIGI existe, pero son proyectos a futuro. Las empresas tienen dos años para empezar a desembolsar o el beneficio se cae. Hoy la inversión real cae porque la industria no tiene demanda suficiente o prefiere importar, y porque los inversores esperan ver qué rumbo tomará el país en las próximas elecciones».
Bonos soberanos, riesgo país y el refugio en los activos de Vaca Muerta
Para el analista, el repunte del riesgo país y el desarme de posiciones en títulos de deuda soberana responden a la falta de certezas de largo plazo frente al calendario electoral. «Nadie se va a inmolar por Argentina; hay más de cien países para invertir. El inversor que compra un bono que vence en 2030 o 2035 quiere tener la certeza de que se lo van a pagar, y los vaivenes políticos hacen que esa certeza se diluya», señaló.
En ese contexto, remarcó que las acciones bancarias y el índice S&P Merval cayeron cerca de un 20% en dólares durante agosto, mientras que las compañías energéticas lograron desacoplarse del mal clima financiero. Acciones como las de YPF (en torno a los US$50) y Vista (en los US$70) se sostienen firmes por la solidez de sus balances, un precio internacional del petróleo Brent cercano a los US$90 y una balanza comercial energética que proyecta un superávit de US$10.000 millones.
Sin embargo, Wende advirtió sobre la disparidad de la actividad: «Con sectores que están realmente volando como la energía, el campo y la minería, que las estimaciones del PBI den un crecimiento de solo 2,5% para este año significa que todo el resto de la economía anda flojo».
Piso inflacionario por tarifas y la radiografía de la mora crediticia
Respecto a la dinámica de los precios, evaluó que el 0,8% de inflación mayorista de julio informado por el INDEC aliviará los costos en alimentos, aunque proyectó que el IPC minorista general tendrá un piso mensual de 1,7% a 1,9% hasta fin de año debido a la quita de subsidios. «Es imposible que la inflación minorista dé menos de uno porque el Gobierno necesita recortar subsidios para sostener el superávit fiscal. La mala noticia es que las tarifas de luz, gas y transporte siguen atrasadas; la buena es que están un poco menos atrasadas que antes», afirmó.
Por último, descartó que el aumento de la morosidad represente un riesgo sistémico para los bancos tradicionales, donde el atraso ronda el 3,5% en empresas y entre el 12% y 15% en familias. No obstante, alertó que en las billeteras virtuales y aplicaciones fintech la mora trepa por encima del 25%, impulsada por jóvenes menores de 25 años que acceden a préstamos a sola firma sin garantías ni educación financiera previa.
A su vez, cuestionó que las entidades financieras mantengan tasas de interés superiores al 100% anual frente a un escenario de desinflación, sumadas al impacto distorsivo del 21% de IVA y las alícuotas del 8% al 9% de Ingresos Brutos provinciales que encarecen el costo crediticio para los usuarios.
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