Parto respetado

El reciente caso de una mujer de General Roca, que debió recorrer 100 kilómetros en pleno trabajo de parto porque la derivaban de un hospital a otro y sufrió maltratos y desamparo, mostró que a nuestros sistemas de salud les queda mucho por hacer para que una instancia que debiera ser un hito de felicidad en una familia, el nacimiento de un hijo/a esperado, se transforme en una pesadilla por falencias institucionales y personales. Se manejaron situaciones de alta vulnerabilidad con falta de profesionalidad, empatía y escasa perspectiva de género.

El caso de Agustina no fue aislado. En los últimos años, Diario RÍO NEGRO se ha hecho eco de distintas situaciones ocurridas en localidades de Neuquén y Río Negro, donde varias mujeres denunciaron abandono, negligencia e incluso violencia por parte de quienes debieran haberlas acompañado en el parto.

La situación ha sido especialmente grave en el Alto Valle, donde ya en mayo este diario alertó sobre gestantes que dieron a luz arriba de una ambulancia, viajaron varios kilómetros o fueron derivadas varias veces (en precarias condiciones) de Roca a Allen, Regina, Cipolletti o hasta Cinco Saltos, por falta de camas y profesionales.

La razón principal fue que el hospital de cabecera, el “Francisco López Lima” se vio desbordado por el éxodo de profesionales debido a las condiciones de trabajo y bajos salarios, parte de crisis que vive el sistema de salud provincial.

Afortunadamente, después de la última denuncia pública el ministerio de Salud admitió errores, activó protocolos de investigación al personal que intervino, pidió disculpas por la situación a los afectados y a los pocos días anunció una mejora en el sistema, con la incorporación de cinco profesionales de ginecología y obstetricia, para mejorar la situación.

También se prometió la puesta en marcha en el mismo predio del primer hospital pediátrico de la región, que duplicaría la capacidad de atención, una antigua demanda de la población.

Más allá de los anuncios, lo cierto es que las causas de la violencia obstétrica van más allá de las conocidas carencias en los sistemas de salud provinciales.

Las leyes de Parto Respetado (N°25.929) y de Protección Integral de las Mujeres (N°26.485) la define como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de procesos naturales” y fijan criterios y protocolos para prevenir y sancionar los maltratos.

Según el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) los cuatro tipos más comunes son: las intervenciones médicas no necesarias (Argentina estima un 44% de nacimiento por cesáreas, el triple de lo recomendado por la OMS, 10/15%); la coacción y presión para que acepten algunos procedimientos (se priorizan los tiempos y necesidades del profesional por sobre los de la gestante); abuso verbal (comentarios despectivos y menosprecio en situaciones de angustia o sufrimiento) y el maltrato físico directo o negligencia en la atención tanto de la parturienta como del bebé.

Nuestro país ha sido condenado y observado por situaciones de violencia obstétrica tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2022) como en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU en 2025, donde hubo recomendaciones de reparación y políticas públicas de prevención que no se implementaron.

Una mejora de infraestructura y personal es condición necesaria pero no suficiente para eliminar la violencia obstétrica, que según encuestas dice haber sufrido el 45% de las parturientas.

Muchas han declarado no conocer sus derechos ni saber que existen leyes que las amparan en estas situaciones, algo que debiera mejorarse desde la educación sexual integral y la difusión pública.
Además de la precariedad de condiciones en las que trabaja a menudo el personal de salud, muchos de ellos fueron formados en paradigmas obsoletos y autoritarios de atención médica, sin perspectiva de género ni de derechos de los ciudadanos usuarios del sistema.

Es urgente incorporar más estos criterios en las universidades e institutos que forman el recurso humano de hospitales y clínicas, así como capacitaciones obligatorias y permanentes en el tema. Además, crear y financiar mecanismos de escucha y respuesta rápida desde las instituciones públicas a las inquietudes de las embarazadas y sus familias, para que no se repitan casos dramáticos como los que se relataron en estos días.