Reglas y conveniencias
La discusión abierta en torno a la suspensión de las PASO volvió a poner este problema en evidencia.
En la política argentina, las reglas electorales rara vez logran escapar a una tentación persistente: ser evaluadas menos por su aporte a la calidad institucional que por la utilidad que ofrecen a quienes disputan el poder en cada momento. Con frecuencia, principios que parecen inalterables dejan de serlo cuando cambian los incentivos del momento.
La voz de la autoridad moral
La discusión abierta en torno a la suspensión de las PASO volvió a poner este problema en evidencia y derivó, además, en otra discusión igual de relevante: la tentación de reintroducir las listas colectoras. Más allá de los argumentos a favor o en contra de las Primarias, el debate dejó expuesta una cuestión de fondo sobre la facilidad con que disposiciones esenciales para la competencia democrática se transforman en piezas de negociación política. Entre ellas, pocas herramientas concentran tantas objeciones como este tipo de mecanismo.
Lo que sobresalió fue que las críticas formuladas desde distintos ámbitos políticos y académicos mantuvieron una notable consistencia: las colectoras tienden a fragmentar la oferta electoral, dificultan la identificación de los proyectos en disputa y reducen la claridad con que el ciudadano puede expresar su voluntad en las urnas. No es un detalle técnico, sino que afecta la capacidad del elector de distinguir a quienes quiere que lo represente.
Lo que está en discusión no es solo un procedimiento electoral, sino el criterio con el que se lo evalúa. Cuando se diseñan las reglas para favorecer estrategias coyunturales antes que para garantiza transparencia y comprensión, la calidad institucional se resiente. La competencia democrática exige normas previsibles, comprensibles y estables y todo aquello que introduce complejidades innecesarias termina debilitando la confianza pública en el sistema.
La experiencia argentina ofrece ejemplos elocuentes de esa elasticidad y el de las colectoras es uno. A lo largo de los últimos años, dirigentes y fuerzas de muy diferentes orientaciones recurrieron a ellas, las defendieron, las cuestionaron o las prohibieron, según la posición que ocuparan en cada momento. Esa versatilidad política puede resultar comprensible desde la lógica de la contienda electoral, aunque lo que no debería aceptarse con la misma naturalidad es que el todo el sistema acompañe esas oscilaciones. Lo que no debería quedar sujeto a las urgencias del momento es el conjunto de principios sobre el que descansa la competencia democrática.
Por eso, resultó significativa la decisión gubernamental de dejar de lado la posibilidad de reintroducir las listas colectoras en medio de las negociaciones legislativas. La decisión merece valorarse no por quién la adoptó ni por las conveniencias del oficialismo, sino por su sentido institucional: evitó reinstalar un instrumento cuya legitimidad ha sido públicamente cuestionada por diversos sectores políticos y académicos. La misma vara debería aplicarse a futuras iniciativas, propias o ajenas. La discusión dejó en evidencia que aún subsiste una distancia considerable entre lo que parte de la dirigencia considera políticamente útil y lo que diversos sectores políticos y académicos señalan como institucionalmente aceptable.
Al mismo tiempo, el episodio deja una enseñanza que trasciende el resultado inmediato. Ninguna democracia fortalece sus instituciones cuando cada proceso electoral reabre la discusión sobre el marco que ordena la competencia. Las reformas pueden ser necesarias y, en ocasiones, inevitables, pero su legitimidad depende de que respondan a objetivos permanentes y no a necesidades coyunturales. La confianza pública no se construye únicamente sobre los resultados, sino también sobre la certeza de que las normas que regulan la competencia no serán cambiadas según las conveniencias del momento.
El verdadero desafío sigue siendo otro: aceptar que las normas electorales no deberían modificarse según quién crea beneficiarse de ellas. Las reglas bien pueden discutirse, perfeccionarse y, hasta llegado el caso, reformarse, pero lo que no debería cambiar con cada coyuntura es el criterio con que se las evalúa. Cuando los principios se vuelven circunstanciales, las normas dejan de ordenar la competencia y pasan a formar parte de ella.
Superar la grieta
En la política argentina, las reglas electorales rara vez logran escapar a una tentación persistente: ser evaluadas menos por su aporte a la calidad institucional que por la utilidad que ofrecen a quienes disputan el poder en cada momento. Con frecuencia, principios que parecen inalterables dejan de serlo cuando cambian los incentivos del momento.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios