El crecimiento de la indigencia en Neuquén disparó la demanda en comedores comunitarios

Las organizaciones sociales vienen alertando sobre el problema desde el año pasado. Familias enteras van a buscar un plato de comida en los sectores más postergados de la capital.

Los datos de pobreza e indigencia que dio a conocer ayer el Indec confirmaron el escenario dramático que las organizaciones sociales de Neuquén venían advirtiendo desde el año pasado y antes también: una de cada diez personas en el principal aglomerado urbano de la provincia pasa hambre y acude a comedores y merenderos populares para buscar asistencia.

La estadística, que corresponde al segundo semestre del 2020, indicó que en Neuquén-Plottier hay 124.584 personas debajo de la línea de pobreza, un 40,4%. Esto quiere decir que no alcanzan a cubrir una canasta básica total de bienes y servicios cuyo costo se estima en 50.854 pesos. El dato más grave, sin embargo, indica que hay 37.864 neuquinos de esas ciudades bajo la línea de indigencia, es decir, no pueden costear una canasta básica alimentaria de equivalente 21.527 pesos.

«Venimos ocupándonos hace mucho tiempo. Nos tocó enfrentar una pandemia luego de cuatro años de macrismo. La situación es desoladora, se la veníamos reclamando a la provincia y el Indec ahora nos da la razón», planteó Soledad Urrutia, referente de la CTEP.

La organización que nuclea a trabajadores de la economía popular fue una de las que tuvo que reinventarse durante el año pasado para atender necesidades que cada vez eran más urgentes: pasó de dar clases de apoyo en la meseta a verse «obligada» a abrir un comedor que recibe a unas 450 personas todos los días en el barrio 7 de Mayo.

Según el Indec, hay casi 38.000 personas en Neuquén-Plottier que no pueden cubrir la canasta alimentaria. Foto: Florencia Salto.

Para Urrutia, el crecimiento de la indigencia tiene que ver con la suba en el costo de los alimentos y se asocia a la falta de empleo. «Muchas de esas personas trabajaban en las ferias que, con la pandemia, se vieron reducidas a la mitad. También los recortes en el petróleo hicieron que mucha gente empezara a prescindir de la persona que cuidaba a los nenes, de un jardinero, de un albañil. Los nuestros son siempre los que se quedan sin changas», sostuvo.

También Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) reconoció que, en el último año, «hubo que redireccionar la discusión»: antes era por trabajo digno, ahora la urgencia es contener el hambre. «Teníamos gente que llegaba a las 20 preguntando si teníamos un plato de comida. Ante eso no te podés hacer el distraído», aseguró.

El FOL cuenta con diez comedoros y unos 11 merenderos. Las raciones que reparte pasaron de 1.000 a 3.000 durante la pandemia. «Todas las organizaciones han aumentado la cantidad de personas que ayudan y la de gente que asiste a comer», afirmó sobre una situación de pobreza que ya se detecta «estructural».


El dirigente de Barrios de Pie, Sebastián Íbalos, analizó que es necesario que el gobierno disponga de nuevas herramientas para enfrentar la situación de los sectores populares frente a la llegada de una segunda ola de covid-19.

«Nos preocupa mucho que, ante una situación que no mejoró, se hayan tomado decisiones como si hubiera ocurrido, como fue la eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Hay un desfasaje entre la realidad y lo que piensan que pasa», planteó.

La organización sostiene actualmente 40 comedores y merenderos en la provincia y también vio aumentada su demanda en el año que pasó. «Agosto fue una gran explosión. Se empezó a ver que jefes y jefas de hogar, que antes solo iban a buscar un plato de comida para sus hijos, ahora también pedían para ellos. Eso requiere también darle un marco de dignidad, hacer que la gente adulta no sienta vergüenza al llegar», explicó.

La informalidad de vivienda y trabajo, una constante en los barrios de la meseta. Foto: Florencia Salto.

Íbalos indicó que el programa de asistencia más extendido territorialmente hoy es el Potenciar Trabajo, cuyo monto mensual es de 10.400 pesos. «Esa es la base fija con la que hoy puede contar una persona, el resto se complementa con ingresos informales de changas que pueden estar o no», señaló.

Para Urrutia de la CTEP, también debe buscarse una salida como el IFE si se agrava la situación sanitaria. «Sin sueldo y sin nada para comer no pueden quedarse encerrados. En los sectores populares es donde menos posibilidades hay de cumplir una cuarentena», advirtió.


Las organizaciones sociales tendrán una reunión el martes con funcionarios del gobierno provincial para negociar un aumento de las partidas para comedores y merenderos que vienen reclamando desde hace meses. La convocatoria llegó luego de que amenazaran con cortar los puentes el miércoles.

El reclamo para mejorar las raciones no se limita solo a una cuestión de cantidad, sino también a la posibilidad de brindar una calidad mejor a las familias que asisten a esos lugares.

«Hoy lo que manda el gobierno es todo a base de harinas. Un 60% son fideos, otro porcentaje es de lenteja partida, arroz cuando hay y unas latas de tomate que hay que ponerle antiácido para que no te oxide la panza. Esa es la alimentación en los barrios populares. No hay política alimentaria en un país que los produce y exporta», cuestionó Mauro desde el FOL.


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