El enemigo imprescindible
Por motivos de imagen, tanto el gobierno del presidente Eduardo Duhalde como los anteriores han tratado de brindar la impresión de estar resistiéndose con valentía loable a ceder un ápice frente a los ortodoxos del Fondo Monetario Internacional que por motivos con toda seguridad siniestros quisieran hacer sufrir al pueblo argentino, de suerte que un eventual acuerdo con el organismo constituiría una suerte de triunfo nacional sobre los resueltos a depauperarlo aún más. Será por eso que el canciller Carlos Ruckauf afirmó que el FMI está procurando obligar al gobierno a aumentar los impuestos, alternativa que según el vocero del Fondo, Tom Dawson, «no es verdad». Asimismo, a los representantes gubernamentales les gustaría hacer pensar que la razón básica por la que después de casi un año de discusiones aún no se ha concretado el acuerdo tan deseado consiste en que, a diferencia de ellos mismos, los técnicos extranjeros sencillamente no entienden cómo debería funcionar la economía argentina, planteo éste que a la luz de los resultados de la gestión de Duhalde y de sus antecesores dista de ser convincente. De todos modos, parecería que el presidente supone que por fin está por firmarse un arreglo de algún tipo, de ahí su declaración de que «sería un disparate vivir sin el Fondo… ningún país de las características del nuestro puede estar aislado de la comunidad internacional».
La estrategia, por llamarlo así, de Duhalde siempre ha sido sencilla: quiere que el FMI termine apoyándolo formalmente sin comprometerse con absolutamente nada. Por su parte, el FMI, que conforme al enfoque de los «neoliberales» norteamericanos es una institución inútil que sólo sirve para ahorrarles a los gobiernos irresponsables la necesidad de pagar los costos de sus propios errores, se ha negado a alcanzar un acuerdo a menos que el gobierno acepte instrumentar un plan que a su entender sea «sustentable». Huelga decir que las consecuencias de la imposibilidad de compatibilizar posiciones tan contrapuestas han sido desastrosas. El gobierno, obsesionado por la idea de que si «derrota» al Fondo recibirá el oxígeno que necesita para conservarse, ni siquiera ha intentado emprender un programa de reformas lo suficientemente ambicioso como para permitir que el país comience a levantarse del suelo, y la incapacidad del Fondo para solucionar el caso argentino parece haber confirmado el punto de vista de sus adversarios ideológicos en Washington que creen que en última instancia sería mejor que los distintos países se enfrentaran directamente con «los mercados» sin intermediarios.
Irónicamente, la actitud de tales «duros» parece estar compartida por ciertos políticos locales, entre ellos el candidato peronista preferido por Duhalde, José Manuel de la Sota, que acaba de criticar al Fondo por haberse mostrado demasiado dispuesto a prestar dinero a la Argentina, lo que, dice, podría compararse con la conducta delictiva de los contadores de Arthur Andersen en relación con la gigantesca empresa estadounidense Enron que cayó en bancarrota a causa de las prácticas fraudulentas de sus gerentes. En teoría, De la Sota -el que, como tantos otros políticos, quiere subrayar sus propias diferencias con el FMI sin que le importe hacerlo desde la izquierda o desde la derecha- podría estar en lo cierto: de no haber existido el Fondo, o de haber sus funcionarios actuado con la dureza implacable y a menudo exagerada de los mercados, los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y, últimamente, Duhalde se hubieran visto constreñidos a tomar medidas sumamente severas que por motivos políticos no les habrían agradado del todo. En otras palabras, De la Sota y muchos otros saben muy bien que si el papel del FMI ha resultado negativo esto se ha debido a su voluntad excesiva de confiar en las promesas de los gobiernos, no a que sus exigencias hayan sido «antipopulares», lo que en buena lógica equivale a opinar que a su juicio, lejos de ser los enemigos jurados de la Argentina, los técnicos menos flexibles del Fondo han sido en realidad los más propensos a anteponer los intereses de la mayoría de los habitantes del país a aquellos de los integrantes de la clase política nacional.
