El escándalo de las farmacias crece: una mutual también detectó irregularidades

La Mutual para el Magisterio también congeló pagos a los prestadores después de hallar liquidaciones sin respaldo formal.



“El tupé de victimizarse”. Farmacias sospechadas intimaron al Colegio por una supuesta “retención ilegal de fondos”.

“El tupé de victimizarse”. Farmacias sospechadas intimaron al Colegio por una supuesta “retención ilegal de fondos”.

El escándalo por la supuesta defraudación de un grupo de farmacias ya trasciende las fronteras del Ipross.

La obra social del Estado rionegrino no habría sido la única perjudicada por las maniobras, porque en la Mutual para el Magisterio también detectaron situaciones irregulares.

El presidente de esa entidad, Pedro Bichara, confirmó hoy que enviaron una nota al Colegio de Farmacéuticos, anunciando la suspensión preventiva de los pagos, a raíz de las inconsistencias que encontraron en los registros correspondientes a una farmacia, que también está involucrada en la causa del Ipross.

Bichara explicó que las señales de alerta aparecieron en enero, antes de que se revelara el caso de la obra social estatal, a partir de un aumento importante de la facturación de las farmacias.

La mutual estaba pagando dos millones de pesos mensuales, cuando sus ingresos totales por cuota social suman tres millones.

“Empezamos a revisar y decidimos poner en conocimiento al Colegio de que en el caso de una farmacia hay cosas que se salen del convenio. Hay facturación sin documentación respaldatoria”, indicó el titular de la entidad, que realiza descuentos del 18% y 23% a sus asociados activos y jubilados, respectivamente.

Ese prestador, según pudo conocer “Río Negro” de fuentes oficiales, es la farmacia Araucana, que tiene sucursales en Roca y en localidades de la Región Sur.

“Vamos a abstenernos de pagar hasta que no aparezca la documentación. Y también informamos que nos abstenemos de seguir con el sistema de control que teníamos, porque estuvimos pagando por una auditoría del Colegio que evidentemente no se hizo como correspondía”, dijo Bichara.

Así las cosas, la Mutual para el Magisterio decidió que en los lugares donde la farmacia cuestionada tiene sucursales, el reintegro por la compra de medicamentos en sus locales se empezará a hacer directamente la delegación de la entidad.

La palabra del Colegio

Con respecto a la causa penal en trámite, el Colegio de Farmacéuticos rompió el silencio y hoy salió por distintas vías a fijar posición.

“Acá hay responsabilidades de los dos lados. Nosotros pusimos todo lo que hay que poner para que esto se investigara y del otro lado pareciera que no hay ningún problema. Y todos sabemos que la liquidación sí o sí la tiene que controlar el Ipross”, sostuvo el protesorero de la entidad, Roberto Zgaib.

“Si llegase a formulación de cargos y a comprobarse un delito, no puede ser de un solo lado. Es técnicamente imposible que no haya nadie del Ipross involucrado”.

Roberto Zgaib, protesorero del Colegio de Farmacéuticos.

Por su parte, el abogado Horacio Pagliaricci defendió las decisiones de la comisión directiva, que primero habilitó una comisión fiscalizadora interna para analizar la facturación de los últimos años y luego decidió presentarse ante la Justicia para que se investigue a fondo.

“Ha sido la diligencia y seriedad con la que tomaron el caso la Unidad Fiscal N° 5, la Fiscal Jefe y el Fiscal General, lo que motivó la orden de allanamiento, la citación de numerosas personas, informes de perito y otras actuaciones que hacen a toda investigación preparatoria, a la que están obligados, cuando toman conocimiento de un delito de acción pública. Sorprenden algunas declaraciones periodísticas, no sólo por la confusión en la que incurren, sino por la liviandad, con la que se asumen hechos de esta naturaleza”, expresó Pagliaricci.

Las declaraciones aludidas corresponden a la abogada defensora Patricia Espeche, que representa a la exauditora del Colegio, única persona bajo investigación hasta el momento.

“No estamos hablando tan sólo de un delito de defraudación económica a una o más obras sociales. Estamos hablando de que, el obrar al margen de la ley, de un número reducido de personas, pone en crisis el Sistema de Salud de la Provincia. Atenta contra la vida y la salud de cerca de 150.000 afiliados -sólo al Ipross-, que deben lidiar a diario con prestaciones que no se cubren, o que llegan tarde, porque la obra social está siendo esquilmada por inescrupulosos”, indicó el abogado.

Sobre esas personas, Pagliaricci sostuvo que “defraudaron en su buena fe a las obras sociales, a los afiliados, al Colegio que los aglutina o emplea, a su pares y en definitiva, a la sociedad toda; y sin embargo, tienen el tupé de pretender victimizarse interna y públicamente, con un derrotero de cartas documentos que van desde la denuncia de “persecución y acoso laboral”, hasta “ilegal retención de fondos”, por habérseles suspendido el pago de aquellas facturaciones auditadas que presentan inconsistencias y por las que no se exhibieron los respectivos comprobantes respaldatorios”.

“Evidentemente, tienen una escala de “valores” muy distintas a las del “buen padre de familia”, o “buen hombre de negocios””, concluyó el asesor legal del Colegio.


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