El expresidente Mujica se aferra al centro de la escena

Críticas a la Constitución uruguaya

La reciente presidencia de la República del Uruguay ejercida por parte de José (”Pepe”) Mujica será recordada como “conformista”, porque ciertamente no fue “reformista”. Para nada.

Quizás con una única y debatible excepción: la insólita legalización de la marihuana. Uruguay, recordemos, es el primer país del mundo que ha legalizado el comercio de esa droga y Mujica, a su vez, el primer presidente que creyó que ésa era una decisión absolutamente estratégica, imprescindible, impostergable y clave para el futuro de su república. Lo que es, por lo menos, muy discutible. Dudoso honor el suyo.

Mujica será, además, recordado por aquella desdichada frase con la que, en su momento, pretendió justificar lo injustificable. Esto es la vergonzosa genuflexión ante Hugo Chávez con la que los miembros del Mercosur decidieron, en Mendoza, la ilegal suspensión de Paraguay de esa organización y de Unasur para así permitir el ingreso de Venezuela a ambas organizaciones, que había estado bloqueado hasta entonces por Paraguay, que entendía -con toda razón- que Venezuela no era -ya entonces- una democracia. Como no lo es todavía hoy.

Esa frase, que vulnera de frente toda la tradición de respeto a la ley que es -y ha sido- propia del Uruguay, fue: “Lo político tiene prioridad por sobre lo jurídico”. Una verdadera barbaridad, pese a haber sido pronunciada con el desparpajo y la inconsciencia propios del exjefe guerrillero oriental.

Después de finalizada su presidencia, Mujica ha pretendido, pese a ello, seguir instalado en el centro del escenario político de su país. Sin mayor fortuna, cabe señalar.

También lo ha pretendido su belicosa esposa, la senadora Lucía Topolansky, quien buscó inmediatamente ser elegida alcaldesa de Montevideo, recibiendo una dura repulsa por parte de los votantes. Ocurre que, en su cerrazón, doña Lucía ciertamente carece de simpatía y de carisma. Y eso es visible, aunque ella quizás no lo advierta.

Para ser observado y escuchado (y llamar la atención), Mujica instala ahora temas que no consideró cuando fue presidente. Porque son “desestabilizadores” respecto del manejo de la economía.

Por ejemplo, la necesidad de reformar la Constitución de su país en el capítulo del derecho de propiedad, para debilitarlo por cierto.

Los inversores, internos y extranjeros, ante ello se intranquilizan. Con razón, por supuesto.

Lo hace picado aparentemente porque la Suprema Corte de su país, como era de suponer, ha declarado la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales que fue dictado bajo la gestión de Mujica.

Ocurre que Mujica destila sus profundos resentimientos al sostener que “la Constitución parece hecha por estancieros”. Increíble expresión de odio hacia el sector todavía más importante de la economía uruguaya.

Hablamos del artículo 32 de la carta magna oriental, que dispone que el derecho de propiedad está sujeto a lo que dispongan las leyes por razones de interés general.

Cuando la economía del Uruguay se debilita, introducir esa discusión ideológica es totalmente inoportuno. Su país necesita atraer, no espantar, a los inversores. Y la propuesta de Mujica obra naturalmente a la manera de inútil “espantapájaros”. Una pena. Ella será ahora debatida en el seno del Frente Amplio, donde algunos la aplauden y otros -más pragmáticos- la tildan de innecesaria.

Mujica, en busca de la notoriedad ya extraviada, está generando discusiones que el Uruguay no parece necesitar en momentos en que sus urgencias son otras, muy distintas. De contenido económico y comercial, fundamentalmente.

Emilio J. Cárdenas

Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas

Emilio J. Cárdenas


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