El fiscal sigue en pie

Ya antes de optar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público por levantar la suspensión del fiscal José María Campagnoli, lo que hizo por cuatro votos contra tres, era evidente que fracasarían los esfuerzos oficiales por impedir que la Justicia se interesara en las actividades financieras heterodoxas del empresario patagónico más famoso, Lázaro Báez, un personaje estrechamente vinculado con el matrimonio Kirchner. Aun cuando la procuradora Alejandra Gils Carbó finalmente lograra apartarlo de su cargo al impulsar un nuevo juicio político, se trataría de un triunfo a lo Pirro. Gracias en buena medida a la impresión negativa que ha dejado la ofensiva furiosa del oficialismo contra Campagnoli, no cabe duda de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a ir a virtualmente cualquier extremo para frenar la investigación de su propio patrimonio y los presuntos aportes a su crecimiento de los acusados, formalmente o no, de actuar como testaferros. La llamada “ruta del dinero” kirchnerista preocupará cada vez más a la Justicia en los meses y años próximos hasta que todos los detalles se hayan visto aclarados. Desgraciadamente para Cristina y sus allegados, entre ellos los equivalentes locales de los “oligarcas” que rodean a su homólogo ruso y aliado coyuntural Vladimir Putin, la corrupción se ha convertido en un tema central de la política nacional. Lo de “roba pero hace” funcionó bien mientras se daba la sensación de que la economía evolucionaba de manera muy favorable y que, andando el tiempo, casi todos resultarían beneficiados, de ahí el aplastante triunfo electoral que obtuvo la presidenta en octubre del 2011, pero al entrar el país en una fase recesiva que parece estar a punto de agravarse muchísimo, ha cambiado la actitud mayoritaria ante la voracidad insolente atribuida a distintos miembros del gobierno nacional que al dar prioridad a sus propios intereses han prestado menos atención a los del resto del país. Como suele ocurrir en circunstancias como las actuales, muchos fiscales y jueces, alentados por la opinión pública y también por los líderes de la oposición, han comenzado a tomar muy en serio las denuncias más verosímiles que se han formulado y a actuar en consecuencia. Por lo tanto, los intentos por parte de funcionarios como Gils Carbó de intimidar a los fiscales presuntamente vacilantes ensañándose con los reacios a obedecerle, están destinados a ser contraproducentes. Lejos de convencer a todos los miembros de la “familia judicial” de que les sería mejor mantener un perfil bajo, sólo servirán para estimularlos a anteponer su compromiso con la Justicia a sus eventuales preferencias políticas. Todas las agrupaciones opositoras significantes, tanto las encabezadas por referentes progresistas o izquierdistas como las lideradas por centristas o conservadores, además de los peronistas “disidentes” que se han encolumnado detrás del diputado Sergio Massa, entienden que ha llegado la hora de afirmarse resueltos a defender la Justicia contra un gobierno decidido a avasallarla por los medios que fueran por miedo a lo que sucedería si se pusiera a la altura de sus responsabilidades. Fue por dicho motivo que, sin excepciones, apoyaron con firmeza a Campagnoli, el fiscal al que le había tocado representar la independencia de la Justicia. No están por cambiar de opinión. Al difundirse la noticia de que Campagnoli podría reanudar su trabajo, dedicándose a profundizar la investigación de las actividades de Báez, la celebraron como un éxito propio, felicitándose a sí mismos por haber movilizado a la ciudadanía para que defendiera la autonomía judicial. Puede que muchos hayan exagerado su aporte personal a la postura asumida por el Tribunal de Enjuiciamiento, pero no cabe duda de que todos han contribuido a hacer del caso una causa célebre que en adelante tendrá repercusiones importantes. Muchos creen que se ha fijado un límite que los kirchneristas se verán obligados a respetar, si bien es de suponer que algunos procurarán desconocerlo porque para ellos hay mucho en juego, ya que de ponerse en marcha una versión local del operativo italiano mani pulite (manos limpias) como tantos quisieran, Cristina e integrantes notorios del gobierno nacional estarían entre las principales víctimas.