Exclusivo Suscriptores
El futuro de la Corte
La renuncia de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco generó operaciones políticas y abrió interrogantes sobre el funcionamiento futuro de ese cuerpo, que tiene la última palabra en causas de fuerte impacto institucional y la delicada misión de revisar la constitucionalidad de las decisiones de los otros dos poderes del Estado para mantener el equilibrio del sistema republicano.
Desde el inicio corrieron rumores sobre las razones de la salida de Highton: un cansancio por las “feroces disputas internas” que habrían llevado a un nulo diálogo en el cuerpo. Las versiones fueron potenciadas por el controvertido procedimiento de elección de nuevas autoridades, donde sólo participaron tres de sus cinco magistrados. Se habló de crisis “terminal” y se reflotaron propuestas para elevar la cantidad de integrantes a 7, 9, 11 y hasta los 15 miembros que propone el exjuez Eugenio Zaffaroni.
Con los días se fueron atemperando las reacciones. Voceros de Highton de Nolasco señalaron que la magistrada consideraba cumplido un ciclo, ya que se había mantenido en el cargo pese a cumplir los 75 años reglamentarios gracias a un recurso judicial y enfrentaba presiones para jubilarse. Además, aparecen ya consolidadas iniciativas consideradas propias como la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OFD) y la Oficina de la Mujer.
Mientras se define una reemplazante (se descuenta que será mujer), el cuerpo funcionará con cuatro integrantes. Ya lo ha hecho: cuando renunció Zaffaroni quedó con cuatro y tras la renuncia de Carlos Fayt, operó varios meses con tres. En caso de no haber acuerdo en un fallo, designarán un conjuez.
No será fácil designar a la reemplazante de Highton, pese a la danza de nombres que ya comenzó. En medio de la campaña para las legislativas de noviembre y la hiperpolarización política, hay pocos incentivos para que la oposición acuerde cualquier iniciativa, que necesita el aval de los dos tercios del Senado, además de un mecanismo de consulta pública y escrutinio de candidatos que evalúe aspectos como la diversidad de género, la especialidad y el perfil del magistrado, su idoneidad técnica y moral, entre otros.
Paralelamente a las versiones de posibles integrantes y de ampliación del cuerpo, el oficialismo reactivó la discusión de otro cargo clave en el esquema judicial: la Procuración General (el jefe de los fiscales federales) donde el presidente propone al exjuez Rafecas para terminar con el interinato de Eduardo Casal, designado por Mauricio Macri. Y otras decisiones judiciales, que impactaron tanto a la expresidenta Cristina Fernández como en Macri, acentuaron las suspicacias opositoras.
Además, el nombramiento enfrenta también el obstáculo de la desconfianza y las pujas de poder entre las facciones internas del peronismo.
La renovación entre 2003 y 2006 devolvió a la Corte Suprema el prestigio perdido en la época de la “mayoría automática” de Carlos Menem. Desde entonces, mostró independencia y emitió sentencias ejemplares en la protección de derechos humanos, de los jubilados, ambiente, división de poderes, federalismo y libertad de expresión, entre otros. Sin embargo, su imagen y su rol han sufrido un lento pero continuo proceso de erosión, de la mano de disputas personales, de poder y de intentos cada vez más fuertes de los gobiernos por influir y manipular decisiones judiciales en todos los niveles.
Designar uno o más integrantes de la Corte y quizás redefinir su rol implica pensar la independencia judicial como política de Estado, enorme desafío para buena parte de una dirigencia política, hoy tan preocupada por su impunidad y sus intereses de corto plazo, que es incapaz de acordar el tratamiento de una ley regular en el Congreso.
Más que propuestas apresuradas y superficiales de cambio se debe crear un clima de consenso para discutir la política judicial en términos transparentes y democráticos. Y devolverle a la cabeza del Poder Judicial el prestigio y la autonomía que son claves para ejercer como guardián de la Constitución, protegiendo las libertades y garantías de los ciudadanos.
Comentarios