El Gobierno impulsa un tribunal intermedio que erosionaría el poder de la Corte

La iniciativa toma cuerpo en los despachos del Ejecutivo y hasta se baraja la posibilidad de que sea tratada en sesiones extraordinarias.

El gobierno nacional avanza en un proyecto que volverá a enfrentarlo con el Poder Judicial y con su cabeza, la Corte Suprema de Justicia.

Tras un año 2020 con fuertes enfrentamientos, en los últimos días se confirmó que desde el Ejecutivo de Alberto Fernández se está elaborando un proyecto que crearía un “tribunal intermedio de arbitrariedad”, que sería una instancia previa a la Corte Suprema, y que entre otros temas se encargaría de analizar recursos procesales en causas de corrupción.

Consultado este jueves por el sitio especializado en información legislativa, parlamentario.com, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero aclaró que ese es uno de los temas que podría ser convertido en proyecto de ley, aunque aclaró que aún no ha sido redactado.

¨Algunas de las propuestas elevadas (por la comisión de juristas) están siendo evaluadas por el Poder Ejecutivo, pero no hay una iniciativa uniforme¨, aseguró el funcionario en una videoconferencia de prensa con periodistas de la Asociación de Periodistas de la República Argentina.

El diario La Nación incluso se apuntó que el tema podría ser incluido en el temario de extraordinarias.

Ante el escaso avance los proyectos judiciales del gobierno, se especula con la posibilidad de que el Ejecutivo avance con esta iniciativa que crearía un tribunal intermedio, y pueda llegar a presentarla en el Congreso en las próximas semanas. No sorprendería tampoco que, para instalar el tema, se incluya el tema como instancia previa a la presentación del proyecto.

«Me parece un disparate. En primer lugar porque no es necesario. En segundo lugar solo serviría para alargar los juicios, que ya son largos de por sí», contestó el diputado nacional de Pro Pablo Tonelli, a La Nación.

La iniciativa obedece al fastidio creciente en el oficialismo en general y el kirchnerismo en particular, sobre todo respecto de la resolución del Tribunal Supremo de ampararse en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar sin dar argumentos recursos presentados por la defensa de un condenado. Es lo que sucedió en el caso puntual del exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.

El repaso final del texto para crear este tribunal intermedio estaría por estas horas a cargo de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. El proyecto puede ser aprobado por mayoría simple en ambas cámaras y, en caso de convertirse en ley, la integración del tribunal quedaría a cargo del acuerdo del Senado, previo paso por el Consejo de la Magistratura, e  impulsados por el propio Poder Ejecutivo.


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