El juez Barotto no hizo lugar a un amparo

Tierras del Sur

El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Sergio Barotto, rechazó una acción de amparo presentada por padres del ex colegio privado Tierras del Sur debido a que no está afectado el derecho constitucional de formación, aún cuando el Ministerio de Educación decidió para el año próximo desmembrar ese colegio, y distribuirlos en diversos establecimientos.

Ni bien se conoció el pronunciamiento, numerosos padres y alumnos de todos los niveles se concentraron ayer frente a la sede central del Ministerio de Educación señalando su descontento. Las autoridades policiales debieron cortar la calle Roca a la altura de la Jefatura de Policía, en tanto que dos padres fueron recibidos por autoridades educativas.

“Cuando fue privado, eligió libremente sus reglas organizativas y académicas, y al ser transferido a la órbita pública su comunidad educativa debe, ineludiblemente, someterse a los postulados y reglamentaciones que en aquellos mismos ámbitos se tengan a nivel del Poder Ejecutivo provincial”; sostuvo el magistrado en la sentencia conocida ayer.

Pero en lo medular de su fallo señala que si bien “el cambio de escuela generará molestias e inconvenientes al alumno/a y a su familia, en manera alguna, esas consecuencias no deseadas del cambio de estatus legal y reglamentario desde lo privado hacia lo público aparecen afectando el derecho constitucional a recibir educación”.

Los padres habían acudido a esa vía al expresar su disconformidad con las propuestas de traslados que se contemplan para hacer frente a la no renovación del contrato de locación dispuesta por los propietarios del inmueble en el cual funciona actualmente el Colegio y respecto del próximo año lectivo, circunstancia de la que se les notificó en el mes de julio pasado.

Asimismo, expusieron que en diciembre del año 2014 los docentes fueron informados que sus cargos serían concursados en asamblea y, por su parte, a los padres se les indicó la conclusión del proyecto educativo.

Por otro lado, Barotto destacó que a fin de garantizar el derecho a la Educación el Ministerio ofreció cubrir los costos de la planta funcional docente, convirtiéndose al colegio en dos escuelas estatales, una de Nivel Primario con anexo de Inicial, y la segunda de Nivel Secundario.

El vocal del STJ toma en cuenta el dictamen de la Procuración General en torno a que “no se visualiza agravio alguno respecto de la transgresión al derecho a la Educación” tras lo cual Barotto consideró que “sería un exceso que se obligue al Estado a mantener un alquiler del edificio cuando posee otros edificios”.

DeViedma