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El lobby de Mendoza y los riesgos de Portezuelo del Viento


Las ciudades y áreas agrícolas de 25 de Mayo, Catriel y Río Colorado casi no tienen agua para consumo humano y riego, pues las bocatomas quedan en el fondo sobre la arena.


El presidente de la Nación, Alberto Fernández, deberá resolver en el diferendo que tienen Mendoza y La Pampa por la construcción de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, un proyecto que involucra también por sus consecuencias a las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

Portezuelo del Viento plantea una represa sobre el río Grande, principal afluente del río Colorado, en la zona de Malargüe, en el sur de Mendoza. Busca generar energía eléctrica y destinar agua para riego pero, como parte de un proyecto integral, se incluye derivar agua hacia la cuenca del Atuel. Esto reducirá el caudal del Colorado y perjudicará gravemente a La Pampa y a Río Negro.

Si bien el proyecto data de los años cincuenta, cobró impulso cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmó con el gobernador mendocino Julio Cobos un acuerdo para realizar la obra como pago por el reclamo de compensación que Mendoza había ganado ante la Corte Suprema de Justicia.

La Pampa siempre se opuso a la obra, puesto que será el principal -aunque no único- perjudicado. Pero el peso político de Mendoza ha sido superior.

Durante la gestión anterior, el proyecto recibió otro envión cuando Mauricio Macri acordó con el entonces gobernador mendocino Alfredo Cornejo -de su segmento político- la forma en que se efectuarían los pagos y avanzó con la convocatoria a licitación.

El poder de lobby se advierte también en la influencia que el gobierno central ha ejercido sobre los gobernadores y parlamentarios de las otras provincias integrantes de la cuenca: Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Hoy, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado -el órgano de gobierno de la cuenca- tiene un poder devaluado ante el avance de la toma de decisiones a nivel nacional y, sólo gracias a la resistencia de La Pampa, todavía tiene en sus manos el análisis de los estudios de impacto ambiental y la resolución respecto de cómo será el manejo y operación de la represa.

Pero Mendoza va por más. Con la misma mentalidad con que desde comienzos del siglo XX utilizó el río Atuel cual si fuera sólo suyo, construyendo cinco represas y dejando a su efluente, el pampeano Curacó, convertido en un pedrero seco -como puede verse hoy a la altura de Puelches , pretende ser sólo ella la que controle la asignación de caudales para riego, los márgenes de generación hidroeléctrica y toda otra decisión. Argumenta para ello que la represa se hará en su territorio, ignorando por completo la condición interprovincial del río. Haciendo un paralelismo, sería como si Neuquén pretendiera resolver por sí misma la operación de El Chocón, Alicurá, Pichi Picún Leufú, Piedra del Águila y Cerros Colorados, desconociendo la participación de Río Negro y de Buenos Aires en el manejo de la cuenca del Negro.

Hay tres aspectos más a tener en cuenta.

El primero es que Mendoza realiza en su región agrícola del sur un riego por manto, con canales y métodos tradicionales, sin invertir en sistemas que disminuyan la utilización del recurso agua, un bien escaso que comparte con las provincias ubicadas aguas abajo.

Segundo: Mendoza es una de las provincias que más ha desarrollado la generación de energía eólica y solar, lo que desnuda que su interés en la construcción de Portezuelo del Viento se relaciona exclusivamente con la disponibilidad de agua para riego, ya que la inversión no guarda relación con el potencial hidroeléctrico.

Por último: La Pampa y Río Negro están en emergencia hídrica desde hace al menos 13 años y nada indica que la tendencia cambie. El río Colorado lleva ya muy poca agua, lo que impide la operación normal del dique y usina de Casa de Piedra. Las ciudades y áreas agrícolas de 25 de Mayo, Catriel y Río Colorado casi no tienen agua para consumo humano y para riego, porque las bocatomas quedan en el fondo sobre la arena. Es irresponsable autorizar a Mendoza a utilizar más agua de las fuentes del río Colorado, como lo fue antes permitirle secar el río Curacó-Salado y destruir la economía del oeste pampeano.

El Comité Interjurisdiccional del Río Colorado que integran Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires debe abrir la información completa a la ciudadanía e impedir que se destruya el río, con graves consecuencias para vidas y bienes.


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