El nuevo Código Procesal debutó con una causa en Viedma

La tenencia de arma de guerra , sin la debida autorización, y encubrimiento fue el tema de la primera audiencia de formulación de cargos del nuevo Sistema Procesal Penal puesto en marcha ayer en Río Negro. El imputado es un joven de 20 años que fue detenido al ser detectado por la Policía que portaba una nueve milímetros, en momentos en que se trasladaba en un colectivo de larga distancia. El operativo policial fue realizado en la noche del lunes en uno de los controles de tránsito de Viedma.

Itziar Soly fue la jueza de Garantías y la fiscalía estuvo representada por el fiscal jefe, Fabricio Brogna y la adjunta Yanina Estela a cargo de la Unidad de Admisión y Análisis de casos, quien solicitó dos meses para concluir con la presente investigación. La defensora oficial Marta Ghianni estuvo a cargo de la defensa del joven que detenido y en la audiencia de ayer recuperó la libertad.

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En la primera audiencia de ayer aparecieron falencias como en todo sistema nuevo que se pone en marcha. Las defensas no habían sido notificadas ni siquiera de la detención. Además estaban todos para comenzar pero no se podía porque faltaba el imputado que no lo traían de la comisaría. Un tema recurrente según se escuchó en la sala que estuvo colmada de público. Entre ellos empleados, funcionarios judiciales, abogados y prensa.

El arma de fuego había sido denunciada previamente como robada a una mujer que sería policía, razón por la cual también se acusó al imputado del delito de encubrimiento.

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La acusación detalló que el arma de fuego se encontraba cargada con nueve cartuchos de bala calibre nueve milímetros y que fue detectada por personal de la Policía Federal en el marco de un control vehicular. El hecho configura el delito de portación de arma de fuego de guerra, que se sustentará aún más a partir de un anticipo de prueba que, según Brogna, será realizado en presencia de la jueza y las partes, con el objetivo de “determinar si el arma estaba en condiciones o no de ser disparada”, elemento fundamental para probarlo. Esta medida denominada anticipo jurisdiccional de prueba se solicitó en la presente audiencia en pos de la celeridad buscada en el proceso.

Además, la fiscalía entendió que el joven adquirió o recibió esa arma “a sabiendas de su procedencia delictual”, ya que la misma había sido denunciada como robada por una mujer en mayo de 2016 por autores que hasta el momento son ignorados.

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Por su parte, la defensora Ghianni sostuvo que no estaba debidamente argumentada la urgencia del caso como para no dar aviso al juez al momento de proceder al secuestro del arma. Además no consideró a configurado el encubrimiento porque su defendido desconocía la procedencia del arma que recibía. No obstante, esta consideración fue desestimada por la jueza Soly, quien consideró por formulados los cargos.

En la audiencia desde la Fiscalía se detalló quiénes serán los testigos convocados para probarlos y solicitó que el imputado fije domicilio y no se ausente del mismo sin el correspondiente aviso, al tiempo que consideró que no podrá interceder en el testimonio de los testigos por no encontrarse ellos en la ciudad y tampoco existe riesgo de que entorpezca la prueba pericial que será producida por el Gabinete de Criminalística.