El país de Cristina
El discurso maratónico que pronunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar el 132º período de sesiones ordinarias del Congreso decepcionó a los militantes, ya que faltaban las exhortaciones fogosas de otras épocas, y dejó un tanto perplejos a los que se sentían aliviados por el tono conciliador pero querían oír algunas alusiones a los problemas económicos y sociales más urgentes. Como muchos han señalado, la presidenta se cuidó de emplear palabras tabúes como inflación e inseguridad y, claro está, no se refirió a la corrupción. Aunque es normal que un mandatario que se acerca al final de su gestión se concentre en subrayar los presuntos logros de su gobierno y procure desviar la atención de sus fracasos o, cuando menos, minimizar su importancia, nunca conviene exagerar. El sábado pasado, Cristina brindó la impresión de haberse distanciado demasiado del resto del país, lo que la debilitará aún más al alejarse muchos oficialistas de una presidenta que les parece anímicamente ausente y por lo tanto reacia a gobernar con el vigor exigido por las circunstancias. Así y todo, se insinuaron algunas novedades. Luego de una década de permisividad desestabilizadora, la presidenta dio a entender que comparte el hartazgo de quienes sufren día tras día los atropellos perpetrados por grupos de piqueteros organizados o improvisados. Dijo que, si bien hay derecho a la protesta, “no puede ser que diez personas corten una calle y no pase nada”, motivo por el que “vamos a tener que legislar una norma de convivencia” que, es de suponer, se aplicaría no sólo a los contingentes pequeños de piqueteros sino también a las movilizaciones mayores, incluyendo a las protagonizadas por militantes kirchneristas que creen que hacerles la vida imposible a los demás es una forma democrática de participar en política. Asimismo, criticó a los docentes que, todos los años, se las arreglan para que el inicio de clases sea “un parto” por “la discusión salarial”. Se trata de un cambio de actitud significante por parte de una presidenta que, como su marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner, entendía que estimular protestas callejeras de todo tipo servía para intimidar a la clase media urbana. También modificó levemente su postura ante lo que está sucediendo en Venezuela al afirmar que “no vengo a apoyar al gobierno” de dicho país ni a Nicolás Maduro, sino a las elecciones, o sea, el sistema constitucional que supuestamente corre peligro debido a las frecuentes manifestaciones gigantescas que se dan en Caracas y otras ciudades. Con todo, si bien es razonable distinguir entre el destino del gobierno bolivariano por un lado y lo que aún queda de la democracia venezolana por el otro, en las semanas últimas Cristina y sus colaboradores se han solidarizado tanto con Maduro que no les conmovieron los asesinatos a mansalva por matones chavistas de al menos quince personas ni la detención de un líder opositor. A juzgar por las declaraciones recientes de voceros oficiales, las afinidades ideológicas les importan mucho más que los derechos humanos o el respeto por las normas democráticas. Del largo discurso de Cristina, es legítimo colegir que atribuye la gravísima crisis socioeconómica que enfrenta el país a una vasta maniobra emprendida por sus muchos adversarios locales y foráneos, no a que, luego de años de despilfarro insensato, el Estado ha quedado sin recursos, razón por la que sinceramente supone que la inflación es culpa de comerciantes que, según ella, se dedican a saquear el bolsillo de los trabajadores. Resulta probable, pues, que la campaña en contra de los empresarios cobre más fuerza en las semanas próximas, lo que no ayudaría en absoluto a frenar la inflación pero, a lo mejor, podría crear una pantalla de humo detrás de la cual funcionarios menos propensos que Cristina a entregarse a fantasías conspirativas podrían tratar de reducir la emisión monetaria y cortar el gasto público. Tendrán que aprovechar así la visión económica rudimentaria de la presidenta. Si se niegan a hacerlo, la inflación se acelerará y se profundizará la recesión que la acompaña, lo que tendría consecuencias sociales, y por lo tanto políticas, mucho más negativas que las producidas hasta ahora por la falta de realismo de una presidenta que nunca ha disimulado su convicción de que entiende mejor que nadie cómo funciona el mundo actual.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 4 de marzo de 2014
El discurso maratónico que pronunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar el 132º período de sesiones ordinarias del Congreso decepcionó a los militantes, ya que faltaban las exhortaciones fogosas de otras épocas, y dejó un tanto perplejos a los que se sentían aliviados por el tono conciliador pero querían oír algunas alusiones a los problemas económicos y sociales más urgentes. Como muchos han señalado, la presidenta se cuidó de emplear palabras tabúes como inflación e inseguridad y, claro está, no se refirió a la corrupción. Aunque es normal que un mandatario que se acerca al final de su gestión se concentre en subrayar los presuntos logros de su gobierno y procure desviar la atención de sus fracasos o, cuando menos, minimizar su importancia, nunca conviene exagerar. El sábado pasado, Cristina brindó la impresión de haberse distanciado demasiado del resto del país, lo que la debilitará aún más al alejarse muchos oficialistas de una presidenta que les parece anímicamente ausente y por lo tanto reacia a gobernar con el vigor exigido por las circunstancias. Así y todo, se insinuaron algunas novedades. Luego de una década de permisividad desestabilizadora, la presidenta dio a entender que comparte el hartazgo de quienes sufren día tras día los atropellos perpetrados por grupos de piqueteros organizados o improvisados. Dijo que, si bien hay derecho a la protesta, “no puede ser que diez personas corten una calle y no pase nada”, motivo por el que “vamos a tener que legislar una norma de convivencia” que, es de suponer, se aplicaría no sólo a los contingentes pequeños de piqueteros sino también a las movilizaciones mayores, incluyendo a las protagonizadas por militantes kirchneristas que creen que hacerles la vida imposible a los demás es una forma democrática de participar en política. Asimismo, criticó a los docentes que, todos los años, se las arreglan para que el inicio de clases sea “un parto” por “la discusión salarial”. Se trata de un cambio de actitud significante por parte de una presidenta que, como su marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner, entendía que estimular protestas callejeras de todo tipo servía para intimidar a la clase media urbana. También modificó levemente su postura ante lo que está sucediendo en Venezuela al afirmar que “no vengo a apoyar al gobierno” de dicho país ni a Nicolás Maduro, sino a las elecciones, o sea, el sistema constitucional que supuestamente corre peligro debido a las frecuentes manifestaciones gigantescas que se dan en Caracas y otras ciudades. Con todo, si bien es razonable distinguir entre el destino del gobierno bolivariano por un lado y lo que aún queda de la democracia venezolana por el otro, en las semanas últimas Cristina y sus colaboradores se han solidarizado tanto con Maduro que no les conmovieron los asesinatos a mansalva por matones chavistas de al menos quince personas ni la detención de un líder opositor. A juzgar por las declaraciones recientes de voceros oficiales, las afinidades ideológicas les importan mucho más que los derechos humanos o el respeto por las normas democráticas. Del largo discurso de Cristina, es legítimo colegir que atribuye la gravísima crisis socioeconómica que enfrenta el país a una vasta maniobra emprendida por sus muchos adversarios locales y foráneos, no a que, luego de años de despilfarro insensato, el Estado ha quedado sin recursos, razón por la que sinceramente supone que la inflación es culpa de comerciantes que, según ella, se dedican a saquear el bolsillo de los trabajadores. Resulta probable, pues, que la campaña en contra de los empresarios cobre más fuerza en las semanas próximas, lo que no ayudaría en absoluto a frenar la inflación pero, a lo mejor, podría crear una pantalla de humo detrás de la cual funcionarios menos propensos que Cristina a entregarse a fantasías conspirativas podrían tratar de reducir la emisión monetaria y cortar el gasto público. Tendrán que aprovechar así la visión económica rudimentaria de la presidenta. Si se niegan a hacerlo, la inflación se acelerará y se profundizará la recesión que la acompaña, lo que tendría consecuencias sociales, y por lo tanto políticas, mucho más negativas que las producidas hasta ahora por la falta de realismo de una presidenta que nunca ha disimulado su convicción de que entiende mejor que nadie cómo funciona el mundo actual.
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