El panorama de la IVE en Río Negro: sin cifras y con «luz verde para trabajar»
La provincia ya venía trabajando la interrupción legal. Qué cambió con la nueva ley, según el ministerio de Salud. Cómo se trabaja para garantizar el acceso.
A casi dos meses de la puesta en marcha de la Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE) en Río Negro “el balance es positivo en el sentido de que lo estamos trabajando», dijo la médica Alejandra Romero, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de la provincia. Señaló que ya se venía trabajando la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) desde 2010 con el protocolo de Atención Sanitaria de Abortos No Punibles y con la ley provincial en 2016 después. Según cifras oficiales del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en los últimos tres años se realizaron en la provincia 1.399 interrupciones legales del embarazo: 432, en el 2018; 614 en 2019 y 353 en el 2020, el año de la pandemia por coronavirus. Cabe destacar que el año pasado hubo 261 procedimientos menos que en 2019 y 79 menos que en el 2018.
Con respecto a los datos de IVEs, por el momento la provincia no cuenta con cifras totales porque «aún están en etapa de recolección de datos con planillas de registro desde los efectores provinciales. Algunos casos requieren de dos o tres tratamientos, por lo que no coincide la cantidad de tratamientos prescriptos con los realizados», se aclaró desde el programa. Desde la puesta en marcha hasta el 14 de marzo hubo 48 abortos voluntarios en el hospital Francisco López Lima de General Roca. En Cipolletti suman 40, la mayoría en centros de salud.
¿Qué cambió con la nueva ley? No mucho porque los equipos de salud están trabajando la IVE con los mismos lineamientos que la ILE, se indicó. Sí reconoció que «están fortaleciendo la red de atención en el sector público y privado» y que «están llevando adelante un trabajo de capacitación para sumar nuevos espacios y profesionales«.
Romero aseguró que no han tenido reportes de grandes dificultades hasta ahora y que «es un trabajo día a día aunque no es algo totalmente nuevo«. Consultada sobre si existe desigualdad en el acceso a la práctica, entre los centros urbanos y el interior provincial dijo que lo que “hay heterogeneidad en la implementación, pero todos saben que la práctica hay que hacerla”.
Durante el debate parlamentario por la legalización del aborto, el senador Alberto Weretilneck planteó el escenario territorial con respecto al aborto legal y la objeción de conciencia. En ese contexto expuso que tras «cuatro años de aplicación de la ley de ILE el 73% de los tocoginecólogos de la provincia eran objetores de conciencia cuando al inicio de la ley era sólo del 20%.
En relación a este alto porcentaje de objetores en la provincia y si esto obstaculiza el acceso a la práctica, desde el programa se ratificó que los 36 hospitales y 186 centros de salud son los efectores tanto en el primer como segundo nivel y que las prácticas se garantizan aún en localidades como Roca o Cipolletti, donde todos, o la mayoría del servicio, son objetores. «De no contar con los profesionales encargados, se opta por realizar la derivación hacia otro centro de salud o al hospital de cabecera”, se explicó.
En relación a cómo se registra la objeción explicó que «cada hospital de cabecera debe tener un registro local de profesionales objetores que no es de carácter público» y que «la objeción se manifiesta para la práctica propiamente dicha (indicación de la medicación o procedimiento quirúrgico), no para la atención previa o posterior”.
El Misoprostol, el medicamento utilizado para el aborto farmacológico, lo provee Nación a través del programa de Salud Sexual y Reproductiva. «Cuando es necesario, se realizan compras desde la cartera provincial pero actualmente hay stock y se está recibiendo periódicamente”, aseguraron. A futuro podría fabricarse a nivel provincial. “Ya están iniciados y avanzados los procesos necesarios para su elaboración en el laboratorio PROFARSE”, se indicó.
«Tenemos luz verde para trabajar»
«La ley de IVE está muy presente en la agenda de la gobernadora y del ministro; tenemos luz verde para poder trabajar», declaró Silva Pesado a cargo del área de Género y Diversidad del ministerio de Salud de Río Negro. “Si bien los hospitales de Río Negro ya venían garantizando la ILE, no deja de ser algo a capacitar sistemáticamente y reforzar todo el tiempo. A la ley de IVE, hay que militarla muchísimo. La legalización era el primer paso, la implementación es el segundo”, agregó.
“Somos el Estado y nuestro trabajo es garantizar derechos. Esta era una deuda pendiente muy grande y hay que reforzar con más campañas. Es una militancia permanente por el derecho a que las personas decidan la vida que quieren vivir. Para nosotros la IVE y la ILE son prácticas médicas que tenemos que garantizar como dice la ley: con trato digno, confidencialidad, privacidad y condiciones sanitarias seguras”, consideró.
En relación al alto porcentaje de objetores en los equipos de salud provinciales dijo que los ginecólogos “son una especialidad que hay muy poca en el país, cuesta mucho conseguir profesionales y que sean no objetores, mucho más”.
Por último, consideró que «salir de la clandestinidad de los abortos va a hacer que aumente el volumen y eso va a aumentar el trabajo, entonces hay que pensar estrategias de cuidado a los que hacen esa práctica».
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